Gamarra denuncia que la de ‘Txeroki’ es la «amnistía más inmoral que ha otorgado Sánchez para seguir siendo presidente»

Dice que «el sanchismo saldrá vapuleado» en elecciones de Aragón por «hacer de España un lugar donde los delincuentes campan a sus anchas»

BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) – La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado la «semilibertad» concedida al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, es la «amnistía más inmoral» que «ha otorgado» Pedro Sánchez para «seguir siendo presidente» y consecuencia del «pacto encapuchado del Sanchismo con Bildu, con los herederos de ETA».

En un acto en Barakaldo (Bizkaia), Gamarra ha realizado estas declaraciones tras conocer que el Gobierno Vasco ha concedido al ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, el régimen de semilibertad, de forma que podrá salir entre semana por el día de la cárcel, a la que volverá para dormir, y los fines de semana los pasará en prisión.

La dirigente popular, que ha denunciado que, a partir del lunes, ‘Txeroki’ «podrá estar en la calle y podrá disfrutar de la libertad», ha afirmado que es la «amnistía más inmoral que ha otorgado Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno».

Tras señalar que «a estas alturas todos los españoles saben que estuvo dispuesto a pagar lo que hiciera falta para mantenerse en el poder como presidente, para conseguir una investidura», Cuca Gamarra ha señalado que, «dentro de todos los acuerdos, el más indigno es el que tiene con Bildu».

En ese sentido, ha reconocido que la formación abertzale «no se ha escondido» y que su secretario general ya dijo «hace mucho tiempo» que, si para que los presos «estén en libertad hay que apoyar presupuestos, los aprobarían».

«En definitiva, si para que los presos condenados por terrorismo puedan estar en libertad había que apoyar a Pedro Sánchez, se le apoyó», ha reiterado, para denunciar que este es «el pacto encapuchado, el pacto del Partido Socialista, del Sanchismo con Bildu, con los herederos de ETA».

Y ese «pacto encapuchado», ha advertido, tiene como «consecuencia directa que ‘Txeroki’ estará el lunes en la calle con 400 años de condena, sin colaborar con la justicia y sin arrepentirse». «Este es el precio que el sanchismo ha pagado para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España y que se ha fraguado a través de la entrega de unas competencias que le permiten al Gobierno vasco del PSE del PNV llevar a cabo esta decisión», ha reprochado.

El Partido Popular, ha subrayado, «lo denuncia, lo señala y también le dice a Pedro Sánchez que igual que hean visto a otros ya decir que hubo reuniones del Partido Socialista con Bildu para cerrar ese acuerdo de investidura», que no les «extrañe si algún día son los propios terroristas los que confirman que efectivamente obtuvieron la libertad así, que no van a cumplir íntegramente las penas, que no tienen por qué arrepentirse, que no tienen por qué colaborar con la justicia, porque con colaborar para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, es suficiente».

Gamarra ha pedido explicaciones a Sánchez por «este precio que ha pagado y que hace pagar a la sociedad española», porque, según ha advertido, «no juega con su dinero o con su dignidad, sino que lo que intenta es humillar al pueblo español a través de este tipo de acuerdos».

ELECCIONES EN ARAGÓN

La dirigente popular ha asegurado que «al sanchismo esto no le va a salir gratis» y ha recordado que «este domingo hay una cita en las urnas, en este caso en Aragón», de la que «el partido de Pedro Sánchez y el sanchismo serán vapuleados en las urnas y perderán».

«La portavoz del sanchismo en Aragón va a ser quien reciba en las urnas el próximo domingo la respuesta a lo que es hacer de un país como España un sitio donde los delincuentes campan a sus anchas», ha reiterado, para asegurar que es «el momento de decir no al sanchismo y no a esta manera de intercambiar lo que sea con tal de estar en el poder».

PARAÍSO DE DELINCUENTES Y OKUPAS

Por otra parte, Cuca Gamarra ha denunciado que «la falta de políticas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido a los municipios españoles en «paraísos de delincuentes y okupas», con la ayuda del PNV, su «colaborador necesario» y su «socio más dócil».

Gamarra, acompañada por la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, se ha desplazado este viernes hasta la localidad vizcaína de Barakaldo para valorar la situación de «inseguridad» que, según los populares, afecta a los municipios de la Margen Izquierda y del conjunto de Bizkaia, y reunirse con sindicatos de policía para poder abordar «un problema clave que preocupa a los vecinos de cualquier municipio».

La vicesecretaria del PP ha dicho que su partido tiene que «estar cerca de los problemas reales que tienen en su día a día los ciudadanos de cualquier municipio vasco, aportando soluciones para ellos para los vecinos». Y, según ha puntado, «las principales preocupaciones de los españoles son hoy la vivienda y la seguridad», que están «muy relacionadas con una manera de gobernar que es la de estar en los despachos y ocupar sillones, pero, al final, no tener ni tan siquiera mayoría para tomar medidas, ni voluntad política, más allá de sobrevivir, para estar al frente de un país».

En ese sentido, ha denunciado que «la falta de políticas de Pedro Sánchez, con la protección a los delincuentes, nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, donde hoy los españoles, vivan en el municipio que vivan, se sienten mucho más inseguros» porque «ven cómo crecen las tasas de delincuencia, si hablamos de hurtos o de robos o si hablamos de agresiones sexuales».

Gamarra ha denunciado que «el sanchismo ha convertido a nuestros municipios en un paraíso para delincuentes y okupas» y, ante eso, ha destacado que el PP «se revela con políticas, con acciones y con leyes».

«El PP y Alberto Núñez Feijóo quieren algo muy claro, que España deje de ser un paraíso para delincuentes y para los okupas y que podamos vivir tranquilos aquellos que hacemos las cosas bien», ha asegurado, para añadir que, para lograrlo, «hay que actuar con la ley, con la seguridad y a través del orden».

Según ha mantenido, «una de las claves es luchar contra la multirreincidencia, contra que haya gente que convierte el ser delincuente en un oficio, que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra puerta, que se sientan impunes y que, por lo tanto, cada día delincan más», haciendo que los policías «se sientan desprotegidos e incapaces de poder dotarnos de la seguridad con la que quieren trabajar en el día a día».

En esa línea, ha recordado que el próximo jueves llegará al Congreso de los Diputados «una iniciativa que va a poner coto a la multirreincidencia», así como que el PP presentará una iniciativa para que se aborden las reformas necesarias y poder «endurecer el uso de las armas blancas».

OKUPACIÓN

Por otro lado, ha considerado también necesario «luchar contra la okupación» y ha defendido «poder desalojarlos en 24 horas» porque «el verdadero escudo social para los españoles es tener una ley contra los okupas».

Tras denunciar que el PSOE ha «bloqueado» la iniciativa popular en ese sentido, «haciendo que los delincuentes y los okupas consideren que el sanchismo es su paraíso porque nunca se han sentido tan impunes como están hoy», Gamarra ha advertido que el Partido Socialista «no lo ha hecho solo, porque no tiene los votos suficientes», sino que el PNV se ha convertido en su «colaborador necesario» y su «socio más dócil».

La dirigente popular ha acusado al PNV, que tiene «capacidad con sus votos en el Congreso de los Diputados de cambiar las cosas», de estar «apoyando la política de la protección a la okupación y que la multirreincidencia no se pudiera afrontar». «No ha dicho ni mu, ni tan siquiera ha presentado proposiciones de ley para que esto se pudiera abordar o no dice nada sobre otro de los grandes problemas como son las armas blancas», ha reprochado a los jeltzales.

ALARMISMO

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha asegurado que su partido no quiere «generar alarmismo», sino «poner el foco en un asunto que interesa y preocupa de forma creciente a los vecinos de la margen izquierda», que «sufren «una media diaria de 26 delitos» ante «el desconcierto y la autocomplacencia» que ofrecen como respuesta los gobiernos de PNV Y PSE.

Además, ha criticado el «espectáculo bochornoso de división dentro del PNV» que, por un lado, en el Gobierno Vasco, «acorralado por la realidad, por fin decidió dar a conocer el origen de las personas que son detenidas por cometer delitos», mientras que «en Bilbao o Barakaldo han decidido ocultarnos a los ciudadanos datos policiales».

«Es el PNV de las dos caras que, por un lado, en el Gobierno vasco piden transparencia y, por otro lado, en los municipios vizcaínos lo que hacen es censurar datos policiales a los ciudadanos, pensando que teniendo esa actitud van a hacer desaparecer los delitos», ha reprochado a los jeltzales.

En el caso concreto de la multirreincidencia, ha dicho que es una cuestión que «se ha agravado en los últimos años», al tiempo que ha considerado que no se puede «echar solo la culpa al Partido Socialista, porque gobierna porque alguien le está apoyando y ha habido un colaborador y un cómplice necesario en sostener ese gobierno, que ha sido el PNV».

También ha criticado el acuerdo del PNV con el Gobierno central para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler y ha advertido que es «un hecho lamentable que vamos a pagar muy caro los vizcaínos, los miles de pequeños propietarios que tienen dos, tres viviendas, que van a tener que hacerse cargo del escudo social que corresponde a las administraciones públicas», además de producir «inseguridad jurídica y, por tanto, menos opciones de que los propietarios saquen sus viviendas en alquiler y, como consecuencia, incremento de los precios».

Bendodo afirma en Vitoria que «el PNV tiene fecha de caducidad, desgastado y asustado por los herederos de ETA»

Critica que la reunión entre Pradales e Illa «huele a subasta y chantaje con los presupuestos de fondo»

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) – El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado la reunión de este viernes entre los presidentes de Cataluña y Euskadi, Salvador Illa e Imanol Pradales, respectivamente, por que «huele a subasta y chantaje con los Presupuestos Generales del Estado de fondo».

Bendodo ha censurado, en un acto celebrado Vitoria-Gasteiz tras la reunión que ha mantenido con el PP vasco para abordar «temas estratégicos, autonómicos, municipales y locales», que «Sánchez manda a Illa al País Vasco para tomarle la temperatura al PNV»

El dirigente popular ha descalificado al presidente de Cataluña, quien, a su juicio, es «el enviado del Sanchismo para otras cuestiones», ya que «fue el sustituto de Santos Cerdán para reunirse con Puigdemont en Bruselas y ahora también Sánchez lo manda aquí para apuntalar los acuerdos que tiene en Madrid».

«Esta reunión huele a subasta y a chantaje con el trato de los Presupuestos Generales del Estado de fondo. Están intentando tomar el pulso a ver si va a conseguir los apoyos o no. Illa es el suplente de Santos Cerdán, que hace el trabajo sucio a Pedro Sánchez», ha insistido.

Además, ha reiterado que el presidente del Ejecutivo central envía, por un lado, a Salvador Illa al País Vasco «para tomarle la temperatura al PNV y, por otro, a Zapatero a Suiza, para hablar con Puigdemont». «A esto se dedica el ‘sanchismo’, que es una máquina de producir malas noticias fruto de la mala gestión que pagamos todos los españoles», ha añadido.

Respecto a las cuentas públicas del Estado, Elías Bendodo ha urgido a Pedro Sánchez a presentarlas, aunque cree que «no tiene voluntad» de hacerlo. Según ha advertido, «no es un capricho», sino «una obligación constitucional que el Gobierno tiene que hacer en el último trimestre del año».

«Estamos a punto de empezar el último trimestre del año. Lleva dos años incumpliendo de forma flagrante la Constitución, ya que su obligación es llevarlas al pleno del Congreso y defenderlas, y ya veremos los grupos, con enmiendas o sin enmiendas, si las apoyamos o no», ha manifestado.

Para el dirigente popular, «esa es la democracia, proponer el Gobierno, debatir y convencer a los demás grupos, pero ‘como no voy a aprobarla, porque no tengo los apoyos, ni la presento e incumplo la Constitución’. Eso no puede ser», ha lamentado.

«PNV ASUSTADO»

Bendodo también ha arremetido contra el PNV, quien, a su parecer «está ya en los minutos de descuento y tiene fecha de caducidad», para «salir del Gobierno Vasco más bien pronto que tarde». En este sentido, ha dicho que el partido jeltzale «está desgastado y asustado, dedicando el 100% de sus esfuerzos en mirar permanentemente por el espejo retrovisor y ver que los herederos de ETA, Bildu, están a punto de adelantarle».

Tras señalar que, «con ese susto y miedo no se puede gobernar y es imposible emprender ningún proyecto de Gobierno que ilusione a la ciudadanía», ha contrapuesto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, quien «es la más pura encarnación de la ilusión y la ganas de hacer cosas por la gente».

Asimismo, ha interpelado al PNV para que «mire bien a quién lleva cogido del brazo en el Gobierno de España», y ha preguntado «si se siente identificado dentro de la mayoría progresista de izquierdas que dice Pedro Sánchez».

«Quien apoya este proyecto dañino para todos los rincones de España que es el ‘sanchismo’, es el PNV, que apoya a un Gobierno radical y, cuyo único objetivo, es agitar a la sociedad y tratar de enfrentarla, porque sólo así cree que consigue rédito electoral», ha reprobado.

Frente a la formación jeltzale, ha situado el proyecto del PP en Euskadi, que «se basa en la concordia y en el empuje económico, para que el País Vasco siga siendo tierra emprendedora, orgullosa de sus empresas y de su pujanza económica, y donde claramente la concordia se imponga al radicalismo».

DELINCUENCIA

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP ha apoyado en la capital alavesa la campaña que su grupo municipal está llevando a cabo para denunciar «el auge de la delincuencia y la ‘okupación ilegal de viviendas», bajo el lema ‘Fuera okupas y delincuentes’.

Bendodo ha expuesto que, según datos del Ministerio de Interior, en Vitoria y durante los primeros meses de 2055, «los robos con violencia e intimidación han aumentado casi un 30%, para sufrir 53 delitos al día y colocarse en el triste podio de ser la capital de provincia donde más han crecido los delitos presenciales».

También ha apuntado al incremento de las ‘okupaciones’ en la ciudad, donde, en los seis primeros meses del año, «la Policía Local ha realizado más de 150 intervenciones por cuestiones relacionadas con la ‘okupación'». «Es prácticamente una intervención por ‘okupación cada día del año», ha remarcado.

Según ha trasladado, «todos en España y, también en el País Vasco, tenemos un familiar o un conocido que le han ‘okupado’ ilegalmente la vivienda», lo que «no se puede permitir». Por ello, ha aplaudido la campaña que lleva a cabo su partido en la capital alavesa, quien «se arremanga para ayudar a su ciudadanía».

«Cada día del año hay un problema que quien gobierna no es capaz de solucionar, como pasa aquí con la alcaldesa socialista de Vitoria, que no hace nada, absolutamente nada. El ‘Sanchismo’ que gobierna en España, el que gobierna en Vitoria y el que apuntala al PNV en el Gobierno Vasco ha demostrado ya con creces que ni sabe ni quiere aprender a gobernar y a gestionar», ha sentenciado.

‘OKUPACIÓN’

Por su parte, el presidente de los populares vascos, Javier De Andrés, ha acusado al «Gobierno de Sánchez, con el apoyo imprescindible del PNV», de «cambiar la concepción de cuál es la propiedad privada, ya no es de su propietario, sino que puede ser de cualquiera que se arrogue la titularidad de un inmueble y lo ‘okupe’.

«En ningún lugar de Europa se cuestiona la propiedad como se cuestiona ahora en España y en ningún lugar de España se ocupa tanto como está ocurriendo en Euskadi, donde la ‘okupación’ ha crecido un 58%, lo que significa que hay 454 familias que han perdido una propiedad que ha sido usurpada», ha agregado.

Para De Andrés, «la política vasca del PNV, con sus pactos con Bildu y con el Partido Socialista, pasan por legitimar la ‘okupación’ y la usurpación de la propiedad, que es la base de la convivencia en cualquier país civilizado».

Por ello, ha destacado la campaña contra la delincuencia que lleva a cabo el PP en Vitoria para «defender a todas aquellas personas que se han visto perjudicadas o que están preocupadas con que esto les pueda ocurrir». Además, ha indicado que la ‘okupación’ «genera también un problema en el mundo del alquiler por el mero hecho de que ya no se atreven a poner su piso en alquiler, porque el inquilino haga ‘okupación de ese inmueble».

Javier De Andrés ha mostrado su «preocupación» por «el incremento de la ‘okupación’ y la delincuencia» en Euskadi y lamentado que fue «el único» que habló este jueves de este problema durante del debate de política general en el Parlamento Vasco.

LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

Por último, el portavoz municipal del PP, Iñaki García Calvo, ha destacado que su partido recorre los diferentes barrios de la ciudad para «escuchar y, sobre todo, decirle a los ciudadanos que su seguridad es nuestra prioridad».

En este sentido, ha recordado que su formación ha habilitado un teléfono de denuncia (620 14 58 64), atendido por el mismo y el resto concejales en Vitoria, para que la ciudadanía traslade «cualquier problema de seguridad» que ocurra en la ciudad.

Javier de Andrés ve «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana

Calparsoro no cree que incrementar penas sea una solución y defiende ser más eficaces en la aplicación de las normas y contar con más juzgados

SAN SEBASTIÁN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que hay «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha afirmado que no cree que el incremento de las penas sea la solución en este tema porque «a veces, es más importante ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen, que elevar las penas».

Estas manifestaciones han sido realizadas en San Sebastián en el acto de clausura de la jornada sobre seguridad ciudadana organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en la que han participado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, el comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña y la parlamentaria del PP y portavoz en materia de seguridad, Ainhaoa Domaica.

En la jornada, el PP ha ofrecido datos del Ministerio de Interior y ha señalado que, entre 2023 y 2024 el índice de criminalidad ha crecido un 3,3% y ha indicado que son «especialmente preocupante» los homicidios dolosos y asesinatos, ya sean consumados, como en grado de tentativa. También ha subrayado el aumento de más de un 11% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, del 27,4% de los delitos contra la libertad sexual.

El líder del PP vasco ha afirmado que la seguridad ciudadana en Euskadi es «una responsabilidad compartida» con la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha destacado las posibilidades que tiene una policía con una dimensión nacional frente a policías locales o la policía autonómica que pueden tener «más dificultades» a la hora de resolver delitos.

Javier de Andrés ha manifestado que, efectivamente, está incrementándose «la inseguridad ciudadana» en Euskadi, y hace que sea el principal problema de los vascos, particularmente en zonas urbanas. «Sin embargo, el Gobierno vasco no quiere que esto se sepa», ha apuntado.

A su juicio, lo que se percibe es que el Gobierno vasco no se ha dado cuenta de la realidad y dice que la falta de seguridad es una «cuestión de percepción» cuando los «datos de delincuencia son objetivos y reales».

Javier de Andrés ha criticado que los recursos al Departamento de Seguridad no han crecido «lo que ha crecido la media del conjunto del presupuesto vasco» y ha asegurado que «no hay nada peor que pensar que la seguridad está peor en otros lugares» porque denota «falta de ambición». «Lo que tenemos que evitar es que los delitos sean cada vez más y que los delitos sean cada vez más graves», ha añadido.

También ha defendido que hacen falta medios como las pistolas taser o que un policía pueda detener «a una persona que está exhibiendo una navaja». Junto a ello, ha demandado una comprensión hacia quienes actúan contra el delito y ha criticado la «tolerancia política, social y de los partidos políticos hacia la ocupación, lo que hace que crezca. Ha advertido de que la «multirreincidencia» es «hoy un problema mucho más grande de lo que lo fue antes» y hay que corregirlo.

https://twitter.com/JavierDeAndres_/status/1934539684555718873/video/1

Por otra parte, se ha referido a las palabras del Lehendakari, Imanol Pradales, del peligro de unir migración y delincuencia y ha manifestado que hay que conocer la actual realidad sociológica.

Según ha indicado, «alguien, si es muy racista, igual piensa que es por una cuestión de raza» pero si se va a los hechos lo que se encuentra es que son personas «sin hogar, que no tienen recursos, que tienen una formación en su origen que no respeta igualmente la cultura y los determinados elementos de la convivencia».

«En definitiva, lo que hay que tener es conciencia de cuál es la realidad sociológica. Y eso también explica por qué en Irun y en San Sebastián es donde hay más delitos», ha manifestado.

CALPARSORO

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha asegurado que, efectivamente, se viene produciendo un aumento de los delitos en los últimos años en el País Vasco y también en Gipuzkoa.

Según ha apuntado, ese incremento afecta, de manera «muy importante», a delitos contra la libertad sexual, además de los delitos como robos con violencia e intimidación.

A su juicio, se podría mejorar mucho la respuesta si los instrumentos con lo que se cuenta «se aplicasen correctamente», sobre todo los juicios rápidos, y en los casos que se aprecie por la fiscalía y por el juzgado, las prisiones provisionales.

Tras indicar que la prisión es el «último recurso», ha señalado que «lo ideal» sería que se pudiera hacer un juicio rápido y que «en 15 días esa persona esté juzgado y condenado o absuelto».

Calparsoro ha añadido que no siempre el incremento de las penas es la solución y, «a veces es más importante, ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen que elevar las penas».

Por otra parte, sí cree que harían falta más juzgados y también un aumento de las plantillas de fiscalía. No obstante, ha manifestado que, con los medios actuales, también hay que actuar e igual se puede cambiar algún tipo de procedimiento o protocolos.

Calparsoro sí cree que habría que «mejorar mucho» la tipificación de ciertos delitos, y, en relación a la multirreincidencia, se han introducido modificaciones pero luego hay una serie de requisitos que hace que sea «muy difícil que se pueda aplicar».

COMISARIO

El comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña, ha indicado que hay un alza de las tasas delincuenciales «año tras año» y ha recordado que Euskadi hace unos años tenía «de los mejores números que había a nivel nacional», pero «poco a poco», han ido subiendo y se han ido igualando con la tasa de la media del Estado.

Ha añadido que todos los estudios apuntan que lo que «más alarma de inseguridad» genera en la ciudadanía son los delitos contra la libertad sexual y todos los delitos contra el patrimonio, con o sin violencia.

Asimismo, el comisario ha señalado que el uso de armas blancas es una «variable de riesgo» y para la Ertzaintza es «prioritario». También ha aludido a los «multirreincidentes» porque, de cada diez personas que se detienen, cuatro lo son porque tienen cinco, diez, 15 o 20 detenciones. «Le tienes allí unas horas, al día siguiente pasa el juez y vuelve a quedar libre», ha agregado.

El comisario de la Ertzaintza ha añadido que los medios materiales y humanos tienen que mejorar en todos los ámbitos, no solo en el policial, sino también en el jurídico. En el ámbito policial, ha citado la necesidad de llegar los 8.000 ertzinas y la pistola taser.

Según ha valorado, ahora no están los 8.000 agentes previstos y ha indicado que el día que lleguen a esa cifra se deberá hacer un debate sobre «si es el número ajustado o hay que ampliar la plantilla».

Asimismo, ha indicado que hay que concienciar a los jóvenes porque siguen teniendo «unos valores machistas» que perpetúan «el sistema de maltrato».

Por su parte, Ainhoa Domaica, parlamentaria del PP, ha señalado que, según los datos, se ha dado un «incremento muy importante de delitos en Euskadi» y cree que no se puede permitir que haya un Gobierno Vasco que hable de «percepción de inseguridad». Por ello, ha acusado al Ejecutivo de «minimizar» los datos.

Domaica ha instado a abordar el problema del uso de las armas blancas y a introducir modificiaciones legislativas en este ámbito. Asimismo, ha señalado que tiene que haber un compromiso del Gobierno vasco por dotar a la Ertzaintza con los 8.000 agentes previstos y de pistolas taser, y ha reprochado al Gobierno vasco que «este empeñado en asumir más competencias con una Ertzaintza que no llega con las competencias que tiene actualmente».

«Creo que hay veces que hay que endurecer las leyes para que el que vaya a hacer algo piense que no le sale gratis y aquí ya no haya tanta impunidad como había hasta ahora», ha concluido.

El PP propone un plan vasco contra okupas e inquiokupas y denuncia el abandono institucional que sufren los afectados en Euskadi

· La iniciativa se debatirá en Pleno en el Parlamento Vasco.

· La propuesta incluye elaborar un censo de okupas e inquiokupas, asesoramiento jurídico gratuito a los afectados, ayudas económicas y más acción policial.

· Ana Morales: “El PNV en el Congreso votó a favor del decreto ómnibus que ampara a okupas e inquiokupas y en Euskadi no mueve un dedo por apoyar a quienes sufren esta lacra».

27 enero, 2025 (REDACCIÓN) – El Partido Popular del País Vasco ha denunciado el abandono institucional que sufren las víctimas de okupas e inquiokupas en Euskadi. Así lo ha expresado hoy la parlamentaria y portavoz de vivienda del PP vasco, Ana Morales, quien ha dado a conocer una Proposición No de Ley que su formación ha registrado en el Parlamento Vasco con el objeto de “paliar este abandono y poner las cosas más difíciles a los que pretendan okupar e inquiokupar viviendas, pisos y/o locales”. Por eso, la portavoz popular asegura que “no es de extrañar la inacción del Gobierno contra esta lacra, ya que el PNV en el Congreso votó a favor del decreto ómnibus que ampara a okupas e inquiokupas y en Euskadi no mueve un dedo por apoyar a quienes lo sufren, aunque esto esté reduciendo el número de pisos que salen al mercado del alquiler. Para el PNV, su palacete es más importante que los problemas de los vascos”.

Morales advierte que “los afectados por okupaciones no son solo los propietarios, sino también los vecinos, porque los okupas traen delitos como robos con fuerza, amenazas y trapicheo de drogas”. “Esto ya lo están sufriendo barrios como Coronación en Vitoria, Martutene y Herrera en San Sebastián y las naves vacías de Zorrozaurre en Bilbao, entre otros lugares, porque estas prácticas proliferan de forma importante, al calor del desinterés institucional y de una legislación vergonzosa que les ampara”, relata la parlamentaria del PP vasco.

A juicio de Ana Morales, “el Gobierno Vasco está mirando a otro lado y actúa con un total desinterés con este grave problema, que afecta a barrios enteros de nuestras capitales”. “Parece como si este tema no fuera con ellos y hay muchas medidas que el Gobierno Vasco puede adoptar dentro de sus competencias para poder atajar esta lacra que está atemorizando a muchos vecinos y dañando la convivencia”.

En este sentido, los populares consideran urgente elaborar un estudio-censo de los okupas e inquiokupas que hay en estos momentos en Euskadi para tener un buen diagnóstico del problema. Morales hace hincapié en que “el desinterés del Ejecutivo de Lakua es tal que no hay datos certeros de la situación de la inquiokupación, una nueva modalidad de okupación, que no solo perturba la convivencia, sino que está suponiendo un lastre para el mercado del alquiler, hasta el punto de haber causado un descenso en la oferta de pisos para alquilar por el temor de los propietarios”.

El PP vasco pide también asesoría jurídica gratuita desde el primer momento para los afectados, así como apoyo económico y psicológico gratuito para quienes lo necesiten, “que son cada vez más ante el aumento de la agresividad de los okupas, como sucede en el barrio de Coronación de Vitoria, donde han llegado a robar a los vecinos y a amenazar con violar a una mujer cuando no haya presencia policial”. “No es de recibo que esto se consienta y que las instituciones sigan como si esto no fuera con ellos”, advierte la parlamentaria popular.

Otra de las medidas que plantean los populares es reforzar la acción policial, aunque en el PP vasco están convencidos de que “el instrumento más eficaz para la lucha contra estas lacras de la okupación e inquiokupación son las modificaciones legislativas que deben abordarse en el Congreso de los Diputados”. En este sentido, Ana Morales ha recordado que “el Partido Popular registró en el Congreso una ley muy dura contra los okupas, pero los socialistas la mantienen paralizada sin tramitar desde hace un año para evitar que salga aprobada”.

De Andrés (PP) aboga por un acuerdo «interinstitucional» en Euskadi que favoreza la compra y alquiler de vivienda

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha abogado por un acuerdo «interinstitucional» en Euskadi que favoreza la compra y alquiler de vivienda, con incentivos fiscales e impuestos «moderados» para «amortiguar» los «altos costes de vivienda por lo menos desde la parte pública».

En un acto en Bilbao para presentar las propuestas de los populares vascos en materia de vivienda, acompañado por la secretaria general del PP, Esther Martínez, Javier de Andrés ha denunciado que anoche fueron vandalizadas las sedes de Bilbao y Vitoria con pintadas contra la «criminalización» de la ocupación de viviendas, tras proponer el PP en el Senado los desalojos en 24 horas.

Javier de Andrés ha señalado que la propiedad «tiene que ser defendida» porque «no es admisible que a uno le ocupen la vivienda y tenga que pasar meses o años hasta que se la desocupan y pueda recuperarla» y ha defendido que los desaolojos se hagan «como en el resto de Europa, de una forma muy rápida».

Tras advertir de que la «naturalización del fenómeno ocupa» de viviendas de particulares está creando «un problema en España», ha criticado que «algunos consideran que la ocupación es un derecho», cuando es «un delito que, ahora mismo, con la legislación actual, está tolerado».

En ese sentido, ha censurado también que «hay un clima social y político por una parte notable de políticos que lo toleran, lo asumen, lo aceptan y lo naturalizan, también en Euskadi muy particularmente, donde hay muchos partidos políticos que están naturalizando esto, que, o están dentro del gobierno o son socios del gobierno».

Por ello, ha reprochado, «ese clima de normalización de un delito como es la ocupación, se está apoderando de una buena parte de la sociedad y está causando problemas a muchos propietarios».

Ante esta situación, Javier de Andrés ha considerado necesario «cambiar y dar un giro a esa política de naturalización y normalización del fenómeno ocupa y llevarlo a donde le corresponde, que es a un fenómeno delictivo». Además, cree necesario que la administración «reaccione cuanto antes» porque «no es admisible» que se esté tardando «meses o incluso años en resolver el problema del fenómeno ocupa».

Además, ha dicho que el problema de la vivienda en el País Vasco es consecuencia de la «malísima gestión» del Gobierno vasco y ha añadido que la Ley de vivienda aprobado por el Partido Socialista «con sus socios favorece el hecho de que alguien se quede sin pagar en una vivienda por sus circunstancias personales y sea el propietario de la vivienda quien asuma el coste social de mantener a unas personas que no tienen una renta como para poder sostener el compromiso de alquiler que tenían adquirido con el propietario».

«Eso está conduciendo a que haya un desincentivo para que los propietarios puedan alquilar su vivienda y se está bajando el número de viviendas en el mercado, lo que conduce a un encarecimiento de los alquileres», ha advertido.

En el caso de Euskadi, ha afirmado que, «más allá del alquiler también hay un problema de vivienda en propiedad» como consecuencia de las medidas «controladoras y restrictivas aprobadas a lo largo de los años en el País Vasco que conduce a que haya una carestía de las viviendas y a que falten 104.000 viviendas».

El dirigente popular ha asegurado que el País Vasco tiene las viviendas «más caras de España» y ha indicado que el coste de emancipación para un joven «representa un 56% de su sueldo».

Tras insistir en que «tanto el alquiler como la vivienda en propiedad están en unos precios absolutamente disparados», ha recordado que la vivienda es competencia del Gobierno Vasco y ha criticado que las sucesivas leyes aprobadas por el Parlamento vasco «no han llevado a que sea más accesible la vivienda, sino a que lo sea menos» y, ahora, «se han puesto requisitos adicionales, se ha complicado todavía más y las consecuencias son evidentes, porque si se restringe y se desincentiva la oferta se incrementa el coste de la vivienda».

MEDIDAS

Por todo ello, ha considerado necesarias medidas como hacer que «la política cultural de los vascos abandone ideas como la ocupación» e incentivar a quienes tienen la oportunidad de construir viviendas o la posibilidad de poner sus viviendas en alquiler, para «conseguir que haya más oferta que lleve a una bajada de los precios».

Otras medidas «en positivo» que plantean los populares son «mejorar los incentivos fiscales» para la compra de vivienda y «moderar» el coste que tienen impuestos como el de transmisiones patrimoniales o los impuestos municipales para «amortiguar» los «altos costes de vivienda por lo menos desde la parte pública», teniendo en consideración «la realidad económica que tienen las familias y el coste de la vivienda en el País Vasco».

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de un acuerdo «general interinstitucional en el País Vasco que favorezca la compra y el alquiler de vivienda y que nos conduzca a una normalización, porque no tenemos que asumir como hecho irreversible el que el País Vasco padezca esta carestía del precio de la vivienda» como consecuencia de «las malas políticas que se han llevado».

Javier de Andrés ha advertido que «no van a ser aquellos que nos han conducido a esto, que son quienes gobiernan ahora y sus socios habituales, los que vayan a resolverlo, porque su forma de resolverlo es exactamente la que nos ha llevado a este punto, con lo cual lo que va a pasar es que se va a encarecer más la vivienda».

Iturgaiz denuncia «la pasividad» de los gobiernos central y vasco ante la ocupación, «un delito que debe ser perseguido»

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha lamentado «la pasividad» de los gobiernos central y vasco ante el «gravísimo problema» de la ocupación ilegal, que «no es un derecho», sino «un verdadero delito que debe ser perseguido», al tiempo que se desarrolla una «política de prevención».

Iturgaiz ha presentado, junto a la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, las iniciativas del PP en esta materia en un acto en desarrollado en el barrio bilbaíno de San Francisco, un lugar donde «hay problemas de ocupación», si bien, según ha advertido el presidente del PP vasco, este «gravísimo problema» afecta a «decenas y decenas» de familias vascas.

«Ciudadanos propietarios vascos se ven gravemente perjudicados por esta lacra de la ocupación», ha lamentado Carlos Iturgaiz, que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez, «apoyado por el PNV», quiere «cambiar las leyes solo para favorecer a los independentistas condenados, indultar a malversadores o beneficiar a los violadores» pero, en cambio, «no apoya leyes para desalojar a los ocupas en menos de 24 horas».

Según ha indicado, «el gobierno de Sánchez y los socialistas con todo el bloque de la ultraizquierda y los nacionalistas» no mueve «ni un solo dedo» para resolver el problema de la ocupación.

Iturgaiz ha destacado que «casi 200 familias vascas que tienen conculcados sus derechos fundamentales de propietarios y a los que el Gobierno vasco y el central les están dando la espalada y se encogen de hombros cada vez que pueden ante este gravísimo problema».

El líder del PP vasco ha subrayado que «la ocupación ilegal es un ataque a la propiedad privada y el esfuerzo laboral de muchas personas se ve perjudicado por este gran problema». «La ocupación no es un derecho, la ocupación ilegal es un verdadero delito que debe ser perseguido y, a la vez, debe haber política de prevención», ha remarcado.

Según ha indicado, «lo que quiere el PP es que cualquier ciudadano vasco que se marche de su domicilio o lonja, cuando vuelva, no se encuentre con su propiedad ocupada e indefenso a la hora de echar a los delincuentes de su propiedad».

Tras criticar «la pasividad» de los gobiernos central y vasco cuando «año tras año se está acrecentando y se complica cada vez más», ha explicado que el PP está presentando iniciativas institucionales para «erradicar el delito de la ocupación en nuestros pueblos y ciudades» y, si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, «una de sus primeras medidas será cambiar la legislación vigente para que los delincuentes ocupas no se salgan con la suya».

El PP propone ocho medidas en esta materia, entre ellas el desalojo de los ‘ocupas’ en el plazo de 24 horas desde el requerimiento y desalojo «inmediato» en caso de «flagante delito», reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel, mejorar la protección jurídica «frente a la actuación de las mafias» y considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.

Las medidas también incluyen prohibir que un inmueble ocupado tenga «la consideración de morada o domicilio», devolver al propietario lo abonado por IBI e Impuesto del Patrimonio en el periodo en que haya estado ocupado, y reforzar los recursos a disposición de las fuerzas de seguridad y tribunales.

«ABRIR LOS OJOS» EN BILBAO

Por su parte, la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha explicado que, ante las quejas de vecinos de casas ocupadas e incluso de la presencia de «mafias que trabajan ocupando casas como su modo de vida», ha presentado «infinidad» de propuestas en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, como planes específicos para cada barrio.

Sin embargo, ha denunciado, «la respuesta del alcalde es siempre que no, por soberbia, por agotamiento o porque está sobrepasado con este tema y no sabe cómo reaccionar».

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que «abra los ojos» y, si no quiere «escuchar» al PP, «escuche a los vecinos» y ponga en marcha un «plan antiocupación».

En función de los datos que ha aportado el PP, según una respuesta parlamentaria al Partido Popular por parte del Ministerio de Interior, en el acumulado de enero a agosto los hechos conocidos por la Secretaría de Estado de Seguridad de ocupación ilegal de inmuebles en el País Vasco (sean morada o no y tanto residenciales como no residenciales) se sitúan en 171 (91 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 19 en Álava), frente a 182 en 2021 (105 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 16 en Álava).