Iturgaiz denuncia “la pasividad” de los gobiernos central y vasco ante la ocupación, “un delito que debe ser perseguido”

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha lamentado “la pasividad” de los gobiernos central y vasco ante el “gravísimo problema” de la ocupación ilegal, que “no es un derecho”, sino “un verdadero delito que debe ser perseguido”, al tiempo que se desarrolla una “política de prevención”.

Iturgaiz ha presentado, junto a la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, las iniciativas del PP en esta materia en un acto en desarrollado en el barrio bilbaíno de San Francisco, un lugar donde “hay problemas de ocupación”, si bien, según ha advertido el presidente del PP vasco, este “gravísimo problema” afecta a “decenas y decenas” de familias vascas.

“Ciudadanos propietarios vascos se ven gravemente perjudicados por esta lacra de la ocupación”, ha lamentado Carlos Iturgaiz, que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez, “apoyado por el PNV”, quiere “cambiar las leyes solo para favorecer a los independentistas condenados, indultar a malversadores o beneficiar a los violadores” pero, en cambio, “no apoya leyes para desalojar a los ocupas en menos de 24 horas”.

Según ha indicado, “el gobierno de Sánchez y los socialistas con todo el bloque de la ultraizquierda y los nacionalistas” no mueve “ni un solo dedo” para resolver el problema de la ocupación.

Iturgaiz ha destacado que “casi 200 familias vascas que tienen conculcados sus derechos fundamentales de propietarios y a los que el Gobierno vasco y el central les están dando la espalada y se encogen de hombros cada vez que pueden ante este gravísimo problema”.

El líder del PP vasco ha subrayado que “la ocupación ilegal es un ataque a la propiedad privada y el esfuerzo laboral de muchas personas se ve perjudicado por este gran problema”. “La ocupación no es un derecho, la ocupación ilegal es un verdadero delito que debe ser perseguido y, a la vez, debe haber política de prevención”, ha remarcado.

Según ha indicado, “lo que quiere el PP es que cualquier ciudadano vasco que se marche de su domicilio o lonja, cuando vuelva, no se encuentre con su propiedad ocupada e indefenso a la hora de echar a los delincuentes de su propiedad”.

Tras criticar “la pasividad” de los gobiernos central y vasco cuando “año tras año se está acrecentando y se complica cada vez más”, ha explicado que el PP está presentando iniciativas institucionales para “erradicar el delito de la ocupación en nuestros pueblos y ciudades” y, si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, “una de sus primeras medidas será cambiar la legislación vigente para que los delincuentes ocupas no se salgan con la suya”.

El PP propone ocho medidas en esta materia, entre ellas el desalojo de los ‘ocupas’ en el plazo de 24 horas desde el requerimiento y desalojo “inmediato” en caso de “flagante delito”, reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel, mejorar la protección jurídica “frente a la actuación de las mafias” y considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.

Las medidas también incluyen prohibir que un inmueble ocupado tenga “la consideración de morada o domicilio”, devolver al propietario lo abonado por IBI e Impuesto del Patrimonio en el periodo en que haya estado ocupado, y reforzar los recursos a disposición de las fuerzas de seguridad y tribunales.

“ABRIR LOS OJOS” EN BILBAO

Por su parte, la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha explicado que, ante las quejas de vecinos de casas ocupadas e incluso de la presencia de “mafias que trabajan ocupando casas como su modo de vida”, ha presentado “infinidad” de propuestas en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, como planes específicos para cada barrio.

Sin embargo, ha denunciado, “la respuesta del alcalde es siempre que no, por soberbia, por agotamiento o porque está sobrepasado con este tema y no sabe cómo reaccionar”.

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que “abra los ojos” y, si no quiere “escuchar” al PP, “escuche a los vecinos” y ponga en marcha un “plan antiocupación”.

En función de los datos que ha aportado el PP, según una respuesta parlamentaria al Partido Popular por parte del Ministerio de Interior, en el acumulado de enero a agosto los hechos conocidos por la Secretaría de Estado de Seguridad de ocupación ilegal de inmuebles en el País Vasco (sean morada o no y tanto residenciales como no residenciales) se sitúan en 171 (91 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 19 en Álava), frente a 182 en 2021 (105 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 16 en Álava).

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