Javier de Andrés ve «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana

Calparsoro no cree que incrementar penas sea una solución y defiende ser más eficaces en la aplicación de las normas y contar con más juzgados

SAN SEBASTIÁN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que hay «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha afirmado que no cree que el incremento de las penas sea la solución en este tema porque «a veces, es más importante ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen, que elevar las penas».

Estas manifestaciones han sido realizadas en San Sebastián en el acto de clausura de la jornada sobre seguridad ciudadana organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en la que han participado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, el comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña y la parlamentaria del PP y portavoz en materia de seguridad, Ainhaoa Domaica.

En la jornada, el PP ha ofrecido datos del Ministerio de Interior y ha señalado que, entre 2023 y 2024 el índice de criminalidad ha crecido un 3,3% y ha indicado que son «especialmente preocupante» los homicidios dolosos y asesinatos, ya sean consumados, como en grado de tentativa. También ha subrayado el aumento de más de un 11% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, del 27,4% de los delitos contra la libertad sexual.

El líder del PP vasco ha afirmado que la seguridad ciudadana en Euskadi es «una responsabilidad compartida» con la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha destacado las posibilidades que tiene una policía con una dimensión nacional frente a policías locales o la policía autonómica que pueden tener «más dificultades» a la hora de resolver delitos.

Javier de Andrés ha manifestado que, efectivamente, está incrementándose «la inseguridad ciudadana» en Euskadi, y hace que sea el principal problema de los vascos, particularmente en zonas urbanas. «Sin embargo, el Gobierno vasco no quiere que esto se sepa», ha apuntado.

A su juicio, lo que se percibe es que el Gobierno vasco no se ha dado cuenta de la realidad y dice que la falta de seguridad es una «cuestión de percepción» cuando los «datos de delincuencia son objetivos y reales».

Javier de Andrés ha criticado que los recursos al Departamento de Seguridad no han crecido «lo que ha crecido la media del conjunto del presupuesto vasco» y ha asegurado que «no hay nada peor que pensar que la seguridad está peor en otros lugares» porque denota «falta de ambición». «Lo que tenemos que evitar es que los delitos sean cada vez más y que los delitos sean cada vez más graves», ha añadido.

También ha defendido que hacen falta medios como las pistolas taser o que un policía pueda detener «a una persona que está exhibiendo una navaja». Junto a ello, ha demandado una comprensión hacia quienes actúan contra el delito y ha criticado la «tolerancia política, social y de los partidos políticos hacia la ocupación, lo que hace que crezca. Ha advertido de que la «multirreincidencia» es «hoy un problema mucho más grande de lo que lo fue antes» y hay que corregirlo.

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Por otra parte, se ha referido a las palabras del Lehendakari, Imanol Pradales, del peligro de unir migración y delincuencia y ha manifestado que hay que conocer la actual realidad sociológica.

Según ha indicado, «alguien, si es muy racista, igual piensa que es por una cuestión de raza» pero si se va a los hechos lo que se encuentra es que son personas «sin hogar, que no tienen recursos, que tienen una formación en su origen que no respeta igualmente la cultura y los determinados elementos de la convivencia».

«En definitiva, lo que hay que tener es conciencia de cuál es la realidad sociológica. Y eso también explica por qué en Irun y en San Sebastián es donde hay más delitos», ha manifestado.

CALPARSORO

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha asegurado que, efectivamente, se viene produciendo un aumento de los delitos en los últimos años en el País Vasco y también en Gipuzkoa.

Según ha apuntado, ese incremento afecta, de manera «muy importante», a delitos contra la libertad sexual, además de los delitos como robos con violencia e intimidación.

A su juicio, se podría mejorar mucho la respuesta si los instrumentos con lo que se cuenta «se aplicasen correctamente», sobre todo los juicios rápidos, y en los casos que se aprecie por la fiscalía y por el juzgado, las prisiones provisionales.

Tras indicar que la prisión es el «último recurso», ha señalado que «lo ideal» sería que se pudiera hacer un juicio rápido y que «en 15 días esa persona esté juzgado y condenado o absuelto».

Calparsoro ha añadido que no siempre el incremento de las penas es la solución y, «a veces es más importante, ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen que elevar las penas».

Por otra parte, sí cree que harían falta más juzgados y también un aumento de las plantillas de fiscalía. No obstante, ha manifestado que, con los medios actuales, también hay que actuar e igual se puede cambiar algún tipo de procedimiento o protocolos.

Calparsoro sí cree que habría que «mejorar mucho» la tipificación de ciertos delitos, y, en relación a la multirreincidencia, se han introducido modificaciones pero luego hay una serie de requisitos que hace que sea «muy difícil que se pueda aplicar».

COMISARIO

El comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña, ha indicado que hay un alza de las tasas delincuenciales «año tras año» y ha recordado que Euskadi hace unos años tenía «de los mejores números que había a nivel nacional», pero «poco a poco», han ido subiendo y se han ido igualando con la tasa de la media del Estado.

Ha añadido que todos los estudios apuntan que lo que «más alarma de inseguridad» genera en la ciudadanía son los delitos contra la libertad sexual y todos los delitos contra el patrimonio, con o sin violencia.

Asimismo, el comisario ha señalado que el uso de armas blancas es una «variable de riesgo» y para la Ertzaintza es «prioritario». También ha aludido a los «multirreincidentes» porque, de cada diez personas que se detienen, cuatro lo son porque tienen cinco, diez, 15 o 20 detenciones. «Le tienes allí unas horas, al día siguiente pasa el juez y vuelve a quedar libre», ha agregado.

El comisario de la Ertzaintza ha añadido que los medios materiales y humanos tienen que mejorar en todos los ámbitos, no solo en el policial, sino también en el jurídico. En el ámbito policial, ha citado la necesidad de llegar los 8.000 ertzinas y la pistola taser.

Según ha valorado, ahora no están los 8.000 agentes previstos y ha indicado que el día que lleguen a esa cifra se deberá hacer un debate sobre «si es el número ajustado o hay que ampliar la plantilla».

Asimismo, ha indicado que hay que concienciar a los jóvenes porque siguen teniendo «unos valores machistas» que perpetúan «el sistema de maltrato».

Por su parte, Ainhoa Domaica, parlamentaria del PP, ha señalado que, según los datos, se ha dado un «incremento muy importante de delitos en Euskadi» y cree que no se puede permitir que haya un Gobierno Vasco que hable de «percepción de inseguridad». Por ello, ha acusado al Ejecutivo de «minimizar» los datos.

Domaica ha instado a abordar el problema del uso de las armas blancas y a introducir modificiaciones legislativas en este ámbito. Asimismo, ha señalado que tiene que haber un compromiso del Gobierno vasco por dotar a la Ertzaintza con los 8.000 agentes previstos y de pistolas taser, y ha reprochado al Gobierno vasco que «este empeñado en asumir más competencias con una Ertzaintza que no llega con las competencias que tiene actualmente».

«Creo que hay veces que hay que endurecer las leyes para que el que vaya a hacer algo piense que no le sale gratis y aquí ya no haya tanta impunidad como había hasta ahora», ha concluido.

De Andrés (PP) responsabiliza a PNV, PSE y EH Bildu del «fracaso» y el «desastre» de las políticas de vivienda

VITORIA, 10 May. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha responsabilizado al PNV, al PSE-EE y a EH Bildu del «fracaso» de las políticas de vivienda aplicadas en Euskadi, que –según ha afirmado– han llevado a la «desastrosa» situación actual del mercado de la vivienda en la comunidad autónoma.

De Andrés, que ha clausurado una jornada sobre vivienda organizada por el PP en Vitoria-Gasteiz, ha afirmado que este es el problema «que más preocupa a los ciudadanos».

El presidente de los ‘populares’ vascos ha atribuido esta situación al hecho de que los responsables de las principales administraciones vascas «han conducido a que, en vez de promocionar vivienda, lo que se haya hecho ha sido restricciones, limitaciones y constricciones de la oferta», lo que «conduce a una subida del precio».

El dirigente del PP ha manifestado que «lo que está ocurriendo en el País Vasco, más allá de las responsabilidades que puede haber en legislación nacional, es algo que sucedió a raíz de la Ley del Suelo del año 2006».

Según ha afirmado, dicha ley, junto a los decretos que la han desarrollado y que se han aprobado desde entonces, han contribuido a «constreñir la construcción, limitar, multar y sancionar la construcción de vivienda».

«TENDRÍAN QUE PASAR 50 AÑOS»

De Andrés ha subrayado que en Etxebide hay apuntados 100.000 demandantes de vivienda en alquiler o en propiedad. En este sentido, ha señalado que el Gobierno Vasco se ha comprometido a construir en esta legislatura 8.000 viviendas, lo que supone 2.000 anuales. «Eso significa que para cubrir la demanda que ya tienen registrada en Etxebide tendrían que pasar 50 años», ha advertido.

El presidente del PP vasco ha afirmado que «hay fórmulas para poder salir adelante», aunque ha advertido de que «para eso hay que superar el pánico a la izquierda». «Si tú tienes mucho miedo a la izquierda, a lo que pueda decir la opinión pública de la izquierda que controla a una parte importante de la sociedad vasca, lo que vas a hacer es lo que ha hecho el PNV, que es someterse a todas las propuestas, solicitudes, demandas y exigencias de la izquierda», ha añadido.

De Andrés ha afirmado que «el 30% [del precio] de la vivienda que representan los impuestos» es como las «sanguijuelas» que aplicaban antiguamente los médicos a los pacientes y que, según ha recordado, acababan empeorando la salud de las personas a las que se les aplicaban

PRECIOS «IMPOSIBLES»

«Estamos demonizando la construcción de vivienda», ha denunciado, tras lo que ha señalado que como, debido a la legislación actual, «nadie gana dinero» construyendo viviendas en Euskadi, la oferta se reduce y, como consecuencia, el mercado «alcanza unos precios desproporcionados e imposibles».

Frente a este modo de actuar, ha apostado por «alentar la construcción de vivienda en régimen protegido, libre, para la propiedad o para el alquiler». «Lo que hay que hacer en Euskadi es construir y dejar de poner trabas, sanguijuelas y restricciones que nos han conducido a esta situación», ha afirmado.

De Andrés ha denunciado que en este asunto, el PNV, el PSE-EE y EH Bildu «van todos en comandita», y «se han puesto de acuerdo para llevarnos a este punto de desastre y para continuar incidiendo en la misma política que nos ha llevado al fracaso».Copiar al portapapeles

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Noelia Núñez denuncia en San Sebastián el «afán intervencionista» de Sánchez en vivienda, del que «no dista el modelo vasco»

SAN SEBASTIÁN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – La vicesecretaria nacional de movilización y reto digital del PP, Noelia Núñez, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no quiere poner soluciones» al problema de la vivienda, y ha criticado su «afán intervencionista» del Ejecutivo socialista «y su satélite, el PNV». A su juicio, «el modelo vasco de vivienda no dista del modelo socialista».

Núñez, acompañada por la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, y por la presidenta del PP en Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha presentado en San Sebastián el Plan de Vivienda de la formación popular, dentro de la ‘Ruta por la Vivienda’ que ha emprendido la dirección nacional para dar a conocer su contenido.

En su intervención, ha asegurado que, antes de gobernar Pedro Sánchez, la vivienda era «el problema número 16 en la vida de los españoles», y ahora, siete años después, «ha pasado a ser el principal problema de todos los españoles».

Así, ha incidido en que «especialmente lo sufren los jóvenes», y ha apuntado que «nunca antes los jóvenes de nuestro país se habían ido tan tarde de casa de sus padres como ocurre actualmente». «Mientras en Europa se emancipan con 26 años aproximadamente de media, en España se van de casa de sus padres en una edad media de 30,3 años», ha detallado.

En su opinión, se trata de un «dato dramático», que está teniendo «un impacto enorme, ya no sólo a la hora de acceder a una vivienda, sino a la hora también de empezar sus propios proyectos vitales, de tener sus hijos, de formar su familia y de emprender también su camino».

En este sentido, Núñez ha criticado que el Gobierno de Sánchez «está más preocupado de solucionar sus problemas judiciales, ya sea de su entorno más cercano, de su gobierno o del propio Partido Socialista», mientras el PP «está centrado en solucionar el principal problema de los españoles».

Así, ha recordado que el PP ha lanzado su propio plan de vivienda con más de 30 medidas enfocadas a resolver el problema, y ha incidido en que «se estima que se necesitan 600.000 viviendas para suplir la necesidad actual en Euskadi». «Según los datos que tenemos, se necesitarían más de 103.000 viviendas para compasar la demanda actual que hay de vivienda», ha añadido.

También se ha referido a los precios en el País Vasco, «que se han incrementado en régimen de compraventa en un 7,8% y en un 8% el alquiler». «El 14% de los vascos tienen que vivir en habitaciones, en pisos compartidos, y esto también, por supuesto, tiene un impacto dramático a la hora de poder formar sus propios proyectos vitales», ha afirmado.

La dirigente popular ha asegurado que «el modelo vasco de vivienda no dista del modelo socialista del Gobierno de España, un modelo intervencionista, que está haciendo que se eliminen las viviendas del mercado».

«MÁS VIVIENDA»

Frente a ello, el PP propone que «haya más vivienda» y su plan de vivienda se enfoca «en nuestra ley antiocupación, que tiene la señora Armengol bloqueado desde el inicio prácticamente de esta legislatura en la Mesa del Congreso, con más de 30 prórrogas y no deja que se debata en el Pleno del Congreso, y la ley del suelo, que va enfocada a que haya más suelo disponible para que se pueda construir vivienda a precio tasado».

Noelia Nuñez ha citado también la medida que los populares plantean para los jóvenes, «que ya está funcionando en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el aval joven, que complementa para llegar al 100% a la concesión de la hipoteca», y que han acordado ampliar de los 25 a los 40 años.

«Además va acompasada también de la rebaja en toda España, en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4%», ha recordado.

La vicesecretaria nacional de movilización y reto digital ha pedido a Sánchez que «tome ejemplo de estas medidas, y que él, que tiene capacidad como Gobierno de España, también rebaje el IVA de compraventa de vivienda nueva del 10% al 4%». Por ello, ha lamentado que su Gobierno «no quiere poner soluciones al problema de la vivienda» y «desestima» las medidas que propone el PP porque «no tiene esa mayoría para poder ponerlas en marcha».

Además, ha criticado que el Gobierno central «siga bloqueando de exención del IRPF los cuatro primeros años de acceso al mercado laboral con bonificaciones paulativas» y ha resaltado que los populares no comparten «ese afán intervencionista del gobierno de Pedro Sánchez y, por supuesto, de su satélite, que es el PNV». «Nosotros creemos que cuando se amplía la oferta en una situación de alta demanda se da con la tecla para solucionar ese problema», ha concluido.

De Andrés (PP) aboga por un acuerdo «interinstitucional» en Euskadi que favoreza la compra y alquiler de vivienda

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha abogado por un acuerdo «interinstitucional» en Euskadi que favoreza la compra y alquiler de vivienda, con incentivos fiscales e impuestos «moderados» para «amortiguar» los «altos costes de vivienda por lo menos desde la parte pública».

En un acto en Bilbao para presentar las propuestas de los populares vascos en materia de vivienda, acompañado por la secretaria general del PP, Esther Martínez, Javier de Andrés ha denunciado que anoche fueron vandalizadas las sedes de Bilbao y Vitoria con pintadas contra la «criminalización» de la ocupación de viviendas, tras proponer el PP en el Senado los desalojos en 24 horas.

Javier de Andrés ha señalado que la propiedad «tiene que ser defendida» porque «no es admisible que a uno le ocupen la vivienda y tenga que pasar meses o años hasta que se la desocupan y pueda recuperarla» y ha defendido que los desaolojos se hagan «como en el resto de Europa, de una forma muy rápida».

Tras advertir de que la «naturalización del fenómeno ocupa» de viviendas de particulares está creando «un problema en España», ha criticado que «algunos consideran que la ocupación es un derecho», cuando es «un delito que, ahora mismo, con la legislación actual, está tolerado».

En ese sentido, ha censurado también que «hay un clima social y político por una parte notable de políticos que lo toleran, lo asumen, lo aceptan y lo naturalizan, también en Euskadi muy particularmente, donde hay muchos partidos políticos que están naturalizando esto, que, o están dentro del gobierno o son socios del gobierno».

Por ello, ha reprochado, «ese clima de normalización de un delito como es la ocupación, se está apoderando de una buena parte de la sociedad y está causando problemas a muchos propietarios».

Ante esta situación, Javier de Andrés ha considerado necesario «cambiar y dar un giro a esa política de naturalización y normalización del fenómeno ocupa y llevarlo a donde le corresponde, que es a un fenómeno delictivo». Además, cree necesario que la administración «reaccione cuanto antes» porque «no es admisible» que se esté tardando «meses o incluso años en resolver el problema del fenómeno ocupa».

Además, ha dicho que el problema de la vivienda en el País Vasco es consecuencia de la «malísima gestión» del Gobierno vasco y ha añadido que la Ley de vivienda aprobado por el Partido Socialista «con sus socios favorece el hecho de que alguien se quede sin pagar en una vivienda por sus circunstancias personales y sea el propietario de la vivienda quien asuma el coste social de mantener a unas personas que no tienen una renta como para poder sostener el compromiso de alquiler que tenían adquirido con el propietario».

«Eso está conduciendo a que haya un desincentivo para que los propietarios puedan alquilar su vivienda y se está bajando el número de viviendas en el mercado, lo que conduce a un encarecimiento de los alquileres», ha advertido.

En el caso de Euskadi, ha afirmado que, «más allá del alquiler también hay un problema de vivienda en propiedad» como consecuencia de las medidas «controladoras y restrictivas aprobadas a lo largo de los años en el País Vasco que conduce a que haya una carestía de las viviendas y a que falten 104.000 viviendas».

El dirigente popular ha asegurado que el País Vasco tiene las viviendas «más caras de España» y ha indicado que el coste de emancipación para un joven «representa un 56% de su sueldo».

Tras insistir en que «tanto el alquiler como la vivienda en propiedad están en unos precios absolutamente disparados», ha recordado que la vivienda es competencia del Gobierno Vasco y ha criticado que las sucesivas leyes aprobadas por el Parlamento vasco «no han llevado a que sea más accesible la vivienda, sino a que lo sea menos» y, ahora, «se han puesto requisitos adicionales, se ha complicado todavía más y las consecuencias son evidentes, porque si se restringe y se desincentiva la oferta se incrementa el coste de la vivienda».

MEDIDAS

Por todo ello, ha considerado necesarias medidas como hacer que «la política cultural de los vascos abandone ideas como la ocupación» e incentivar a quienes tienen la oportunidad de construir viviendas o la posibilidad de poner sus viviendas en alquiler, para «conseguir que haya más oferta que lleve a una bajada de los precios».

Otras medidas «en positivo» que plantean los populares son «mejorar los incentivos fiscales» para la compra de vivienda y «moderar» el coste que tienen impuestos como el de transmisiones patrimoniales o los impuestos municipales para «amortiguar» los «altos costes de vivienda por lo menos desde la parte pública», teniendo en consideración «la realidad económica que tienen las familias y el coste de la vivienda en el País Vasco».

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de un acuerdo «general interinstitucional en el País Vasco que favorezca la compra y el alquiler de vivienda y que nos conduzca a una normalización, porque no tenemos que asumir como hecho irreversible el que el País Vasco padezca esta carestía del precio de la vivienda» como consecuencia de «las malas políticas que se han llevado».

Javier de Andrés ha advertido que «no van a ser aquellos que nos han conducido a esto, que son quienes gobiernan ahora y sus socios habituales, los que vayan a resolverlo, porque su forma de resolverlo es exactamente la que nos ha llevado a este punto, con lo cual lo que va a pasar es que se va a encarecer más la vivienda».

Iturgaiz denuncia «la pasividad» de los gobiernos central y vasco ante la ocupación, «un delito que debe ser perseguido»

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha lamentado «la pasividad» de los gobiernos central y vasco ante el «gravísimo problema» de la ocupación ilegal, que «no es un derecho», sino «un verdadero delito que debe ser perseguido», al tiempo que se desarrolla una «política de prevención».

Iturgaiz ha presentado, junto a la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, las iniciativas del PP en esta materia en un acto en desarrollado en el barrio bilbaíno de San Francisco, un lugar donde «hay problemas de ocupación», si bien, según ha advertido el presidente del PP vasco, este «gravísimo problema» afecta a «decenas y decenas» de familias vascas.

«Ciudadanos propietarios vascos se ven gravemente perjudicados por esta lacra de la ocupación», ha lamentado Carlos Iturgaiz, que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez, «apoyado por el PNV», quiere «cambiar las leyes solo para favorecer a los independentistas condenados, indultar a malversadores o beneficiar a los violadores» pero, en cambio, «no apoya leyes para desalojar a los ocupas en menos de 24 horas».

Según ha indicado, «el gobierno de Sánchez y los socialistas con todo el bloque de la ultraizquierda y los nacionalistas» no mueve «ni un solo dedo» para resolver el problema de la ocupación.

Iturgaiz ha destacado que «casi 200 familias vascas que tienen conculcados sus derechos fundamentales de propietarios y a los que el Gobierno vasco y el central les están dando la espalada y se encogen de hombros cada vez que pueden ante este gravísimo problema».

El líder del PP vasco ha subrayado que «la ocupación ilegal es un ataque a la propiedad privada y el esfuerzo laboral de muchas personas se ve perjudicado por este gran problema». «La ocupación no es un derecho, la ocupación ilegal es un verdadero delito que debe ser perseguido y, a la vez, debe haber política de prevención», ha remarcado.

Según ha indicado, «lo que quiere el PP es que cualquier ciudadano vasco que se marche de su domicilio o lonja, cuando vuelva, no se encuentre con su propiedad ocupada e indefenso a la hora de echar a los delincuentes de su propiedad».

Tras criticar «la pasividad» de los gobiernos central y vasco cuando «año tras año se está acrecentando y se complica cada vez más», ha explicado que el PP está presentando iniciativas institucionales para «erradicar el delito de la ocupación en nuestros pueblos y ciudades» y, si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, «una de sus primeras medidas será cambiar la legislación vigente para que los delincuentes ocupas no se salgan con la suya».

El PP propone ocho medidas en esta materia, entre ellas el desalojo de los ‘ocupas’ en el plazo de 24 horas desde el requerimiento y desalojo «inmediato» en caso de «flagante delito», reforzar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel, mejorar la protección jurídica «frente a la actuación de las mafias» y considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.

Las medidas también incluyen prohibir que un inmueble ocupado tenga «la consideración de morada o domicilio», devolver al propietario lo abonado por IBI e Impuesto del Patrimonio en el periodo en que haya estado ocupado, y reforzar los recursos a disposición de las fuerzas de seguridad y tribunales.

«ABRIR LOS OJOS» EN BILBAO

Por su parte, la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha explicado que, ante las quejas de vecinos de casas ocupadas e incluso de la presencia de «mafias que trabajan ocupando casas como su modo de vida», ha presentado «infinidad» de propuestas en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, como planes específicos para cada barrio.

Sin embargo, ha denunciado, «la respuesta del alcalde es siempre que no, por soberbia, por agotamiento o porque está sobrepasado con este tema y no sabe cómo reaccionar».

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que «abra los ojos» y, si no quiere «escuchar» al PP, «escuche a los vecinos» y ponga en marcha un «plan antiocupación».

En función de los datos que ha aportado el PP, según una respuesta parlamentaria al Partido Popular por parte del Ministerio de Interior, en el acumulado de enero a agosto los hechos conocidos por la Secretaría de Estado de Seguridad de ocupación ilegal de inmuebles en el País Vasco (sean morada o no y tanto residenciales como no residenciales) se sitúan en 171 (91 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 19 en Álava), frente a 182 en 2021 (105 en Bizkaia, 61 en Gipuzkoa y 16 en Álava).