De Andrés echa de menos que PNV se pronuncie «desligándose de la fontanera Leire Díez» y pide que ofrezca explicaciones

VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRES) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha afirmado que «echa de menos» que el PNV se pronuncie «desligándose de la fontanera Leire Díez» ante la presunta «vinculación» entre ambos, y ha pedido que ofrezca explicaciones al respecto.

En declaraciones a la entrada del Parlamento vasco en Vitoria-Gasteiz, De Andrés ha señalado que el primero que «vinculó» al PNV con el administrador único de Servinabar, elempresario Antxon Alonso Egurrola, «uno de los socios de Leire Díez», fue Santos Cerdán. «Vinculó a Antxon Alonso en las relaciones del PSOE y el PNV», ha precisado

El líder del PP vasco ha destacado que también se ha oído, «en varias ocasiones», a Leire Díez «hablando en boca del PNV y presentándose como mediadora entre el PNV y distintas empresas».

Según ha subrayado, este jueves se publica que en las agendas de Leire Díez hay «referencias a que ella se presta a buscar interlocución directa con el PNV para facilitar las cosas a determinados empresarios».

Por lo tanto, ha manifestado que echa de menos unas palabras del PNV «desligándose de la fontanera» ante esa «reiteración que existe en esa vinculación entre el PNV y Leire Díez».

«Me parece que es preciso, las he oído en el PSOE -pueden ser más o menos creíbles- pero en el PNV todavía no he oído a nadie que se desligue de las palabras del Leire Díez vinculando al PNV con algunas de sus actuaciones», ha apuntado.

En este sentido, Javier De Andrés ha manifestado que, en esta situación, cabe pensar «si esa vinculación tan estrecha entre el PNV y el PSOE también afecta a la fontanería, en este caso a través de Leire Díez»

Por ello, ha reclamado alguna explicación por parte del PNV «desligándose de estas cuestiones y aclarando a la opinión pública si realmente había alguna vinculación y Leire Díez hablaba en nombre del PNV con algún fundamento».

El PP vasco propone elevar de tres a cinco años el empadronamiento mínimo para optar a un piso de alquiler protegido

La parlamentaria Ana Morales explica que se trata de «introducir más equilibrio» en las adjudicaciones en favor de solicitantes con arraigo

VITORIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En rueda de prensa, la parlamentaria Ana Morales ha explicado que la PNL pretende «introducir más equilibrio en las adjudicaciones de vivienda protegida» actuales.

«La prioridad del Gobierno vasco en ese sistema de adjudicación son las personas más vulnerables, las personas de rentas más bajas. Nosotros no criticamos que esto sea así, pero vemos que, como se construye muy poco, hay segmentos de la población, sobre todo de rentas medias, que nunca van a poder alcanzar esas viviendas protegidas», ha asegurado Morales.

La parlamentaria ha recordado que en 2025 «tan solo se adjudicaron 1.013 pisos sociales para casi 100.000 demandantes inscritos en Etxebide», cifras que «no dan para atender la demanda que hay» y apunta a las «trabas que ponen PNV y PSE» a la construcción de VPO.

Así, ha afirmado que «la clase media se siente muchas veces abandonada por las instituciones, expulsados por el mercado libre, por los altos precios y sin atender, porque el Gobierno vasco tampoco ejecuta los programas de vivienda destinados específicamente a la clase media».

CLAMOR

Morales ha trasladado que la iniciativa, registrada para su debate en Pleno, pide cinco años de empadronamiento previo para poder acceder a la vivienda protegida en régimen de alquiler. «Lo pedimos porque es un clamor ya, está en la calle, los ciudadanos vascos piden priorizar el arraigo, y lo pedimos también porque consideramos que la acogida e integración de quienes vienen de fuera no puede hacerse a costa de quienes ya están aquí», ha argumentado, por lo que apuesta por «buscar un equilibrio».

Pese a ello, contempla excepciones como la vinculación laboral, ya que en el caso de quienes acrediten una actividad laboral «el empadronamiento exigible será de los últimos 3 años». «Es una forma de refuerzo en positivo de esa inmigración que nos hace mucha falta, que viene a trabajar y que se esfuerza todos los días por integrarse a través de un empleo», ha explicado.

Además, estarán exentas de plazos de arraigo las personas retornadas del extranjero a Euskadi si es su comunidad de origen y las víctimas de violencia de género o terrorismo.

INTEGRACIÓN CON EMPLEO

Por otra parte, ha denunciado que el sistema actual «no funciona para fomentar la integración a través de un empleo», y ha recordado que el 42% de quienes perciben ayudas sociales o RGI son extranjeros y el 22% «llevan diez años cobrándola». «Está claro que nuestro sistema perpetúa y cronifica a quienes cobran una ayuda social y no les ayuda a integrarse», ha criticado.

Según las cifras aportadas por Morales, el 35% de las inscripciones en Etxebide para una VPO corresponde a personas extranjeras «y la ciudad de Vitoria se lleva la palma con un 50%».

«Lo vemos también en la prestación complementaria de vivienda, la que está vinculada a la RGI, el número de beneficiarios extranjeros ha crecido más de un 33% en los últimos cinco años y los beneficiarios nacionales de esta prestación resulta que bajan», ha afirmado, para añadir que los beneficiarios extranjeros de la prestación económica de vivienda «han subido más de un 3.800%, casi el triple de lo que crecen los perceptores nacionales».

Por ello, considera Morales que debe fomentarse «esta medida de discriminación positiva» porque el Gobierno vasco, entiende, «está protegiendo y fomentando de forma insuficiente ese criterio del arraigo».

«Creemos que nuestra capacidad de acogida es limitada, que no puede ser que la integración de quienes vienen de fuera sea a costa de perjudicar a quienes ya están aquí, y creemos que un pilar fundamental de esa integración y de esa acogida debe ser la integración a través del empleo, lo que realmente va a favorecer una acogida y una integración plena», ha concluido.

De Andrés critica que el «PNV está vendido al PSOE hasta el punto de tolerarle la corrupción de las instituciones del Estado»

Considera «inquietante» que los jeltzales vean con «naturalidad la corrupción del Gobierno Sánchez»

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP en el País Vasco, Javier De Andrés, ha criticado que el PNV no vaya a apoyar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y siga apoyándole «hasta cuando se vuelva a presentar», ya que «depende y está vendido al PSOE» en Euskadi «hasta el punto de tolerarle el enriquecimiento personal y la corrupción de las principales instituciones del Estado».

En declaraciones previas al pleno ordinario en el Parlamento Vasco, De Andrés ha mostrado su «inquietud» porque el PNV «está diciendo que va a mantener el apoyo a Pedro Sánchez hasta que no se demuestre con sentencia judicial firme que hay un enriquecimiento y un beneficio para el Partido Socialista».

Así, ha denunciado que el partido jeltzale «tolera con naturalidad que haya un enriquecimiento personal de ministros, de secretarios de organización del partido y de personas que se benefician en torno al PSOE», así como que «se pueda corromper a fiscales y a jueces desde el partido al que apoya».

En este sentido, ha manifestado que, «si el PNV se aplica a sí mismo la misma tolerancia con la que está aplicando el rigor y la exigencia al PSOE, los vascos tenemos que estar muy preocupados».

«Es muy inquietante que el PNV vea con naturalidad y que no sea un motivo para separarse del Partido Socialista, los enriquecimientos personales de ministros, secretarios de organización y personas célebres del PSOE, y creo que los vascos tendríamos que pedirle explicaciones», ha manifestado.

Javier De Andrés ha insistido en su «preocupación» al preguntar que, «si esa es la misma doctrina que se aplica a sí mismo y tiene esa tolerancia también para sí mismo y permite, con naturalidad, como lo está haciendo con el PSOE y con el Gobierno de Sánchez, que roben, que engañen, que mientan y que intentan corromper a las principales instituciones del Estado».

Para el PP, Euskadi tiene «una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo en España», ya que «de los 18 diputados que enviamos a España, 16 apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez», lo que, a su juicio, «no es precisamente lo mejor y lo que más conviene al País Vasco».

Laura Garrido advierte de que las amenazas a los concejales del PP vasco son «inadmisibles en una sociedad democrática»

VITORIA, 21 May. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr, ha advertido de que las amenazas dirigidas a través de las redes sociales al concejal del Partido Popular en Durango, Carlos García, (Bizkaia) resultan «inadmisibles en una sociedad democrática».

Garrido se ha referido este jueves, durante el pleno del Parlamento Vasco, a las amenazas denunciadas este pasado miércoles por García a través de su perfil en X, en el que mostró capturas de pantalla de un usuario que incluían amenazas de muerte y alusiones a ETA.

La portavoz del PP en el Parlamento ha condenado estas amenazas, que según ha dicho se suman a otras dirigidas en los últimos meses contra sus representantes, y ha subrayado la necesidad de mantener la «exigencia democrática» frente a aquellos «que hoy van a volver a mirar hacia otro lado».

Además, tras subrayar que estas amenazas son «inadmisibles en una sociedad democrática», ha criticado a quienes han «blanqueado» estas actitudes «por mera estrategia política a cambio de mantenerse en el Gobierno de España».

El PP exige al Gobierno Vasco «respeto a las víctimas y transparencia» tras el tercer grado a ‘Gadafi’ y Gogeaskoetxea

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS y REDACCIÓN) – El Partido Popular vasco ha solicitado al Gobierno Vasco «de manera urgente» toda la información en relación con los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Así, ha exigido «respeto a las víctimas y transparencia».

La formación popular ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco en la que señala que han tenido conocimiento de la concesión de un nuevo tercer grado a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, «condenado por múltiples delitos de terrorismo, que acumula condenas por su participación en al menos veinte asesinatos», y a Eneko Gogeaskoetxea.

El PP señala que, dado que a ‘Gadafi’ el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado, «se plantean serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada».

Según apunta en su escrito, «la gravedad de los hechos descritos, unida a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas, hace imprescindible solicitar la siguiente información a fin de ejercer adecuadamente la función de control parlamentario».

Por todo ello, solicita al Ejecutivo autonómico «una copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercer grado a los internos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’ y Eneko Gogeaskoetxea», así como de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos.

También reclama copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones y la relación de los elementos de «arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia» efectuados por ambos «que, en su caso, hayan sido valorados».

El PP pide también el texto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos «hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas».

Finalmente, solicita «indicación expresa de si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, así como la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario» y la indicación de las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.

DE ANDRÉS

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, también ha reaccionado a través de sus redes sociales a los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea.

De Andrés asegura, sobre una fotografía de Iglesias Chouzas que recoge la noticia de su tercer grado, que «el afán del Gobierno Vasco de PNV y PSE por ir soltando a todos los etarras es impúdico. Insiste una y otra vez pese al rechazo de la Fiscalía.»

El PP vasco fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs y rechaza asignar perfil a todos los puestos

Denuncia que PNV y EH Bildu estén en «la carrera de dar una vuelta de tuerca» a la política linguística y cree «ficticio» el desmarque de PSE

VITORIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs que se celebren en Euskadi, y rechaza, además, que se tengan que asignar perfil lingüístico a todos las plazas, de acuerdo a las enmiendas planteadas por este partido para la reforma de la Ley de Empleo Público.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, la portavoz del PP vasco en la Cámara, Laura Garrido Knörr, y el parlamentario Santiago López, han asegurado que tratan de «subsanar los atropellos lingüísticos» que se están produciendo con sus 38 enmiendas que se ajustan «a la realidad sociolingüística» de Euskadi y a las diferencias dependiendo de zonas.

López ha sido el encargado de detallar las emmiendas y ha denunciado el «espectáculo bochornoso» que, a su juicio, están ofreciendo el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. «El PNV y EH Bildu pretenden colgarse ahora la medalla de ser los que más defienden el euskera y el PSE-EE pretende arrogarse el mérito de ser quien defiende los intereses de los castellanoparlantes», ha indicado.

No obstante, ha asegurado que «no es verdad» porque estos tres partidos han llevado al «deterioro constante de la administración pública vasca» que se observa en los últimos años, porque «actúan con criterios lingüísticos ideológicos en deterioro de la administración, con una exigencia desproporcionada de euskera».

«No sé si el PNV, el PSE-EE y EH Bildu saben que tenemos un 38% de interinidad en la administración, que somos la comunidad autónoma con la interinidad más alta y que superamos en 12 puntos la media nacional. ¿Esto no les interesa?», se ha preguntado.

Frente a ello, ha defendido la «responsabilidad» del PP, con sus enmiendas. En primer lugar, según ha explicado, hay unas enmiendas técnicas «más de pura ley» como por ejemplo, la relativa a la improrrogabilidad de la resolución de las oposiciones más allá del plazo de tres años.

Asimismo, con sus iniciativas, el PP pretende introducir planes de reducción de la temporalidad en la administración, así como una agencia vasca de selección de personal directivo, porque «ya está bien del baile de directivos y de asesores entre los distintos departamentos del Gobierno Vasco». «Creemos que los puestos de directivo tienen que ser en función del mérito, de la capacidad que tengan las personas y no del partido en el que milite», ha remarcado.

ENMIENDAS DE CONTENIDO LINGÜÍSTICO

Sobre las enmiendas más de contenido lingüístico, ha señalado que, por primera vez, el PP introduce un «límite numérico y un techo cuantitativo» al porcentaje de plazas de euskera que se podrán exigir en las oposiciones de Euskadi.

En concreto, plantea que el número total de puestos de perfil lingüístico preceptivo de euskera no supere el 50% de los existentes en cada cuerpo y escala, salvo en el caso de aquellos relacionados específicamente con la política lingüística. Además, propone que la valoración del euskera como mérito no sea inferior al 5% ni superior al 20% de la puntuación máxima.

También propone retocar el «controvertido» artículo 187.5 de esta ley, que establece que todas las plazas en la administración tengan asignado perfil. En concreto, reclama que no sea necesario perfilar los puestos que, por sus funciones internas o especializadas, no requieran el uso habitual de ambas lenguas.

A su juicio, se debería hacer un estudio y atender a «criterios claros y objetivos» a la hora de decidir «dónde se fija el euskera y dónde no». Para ello, propone un nuevo artículo 187 bis que tenga en cuenta esos criterios y, entre ellos, estaría el porcentaje de interacción de la ciudadanía en euskera con la administración, la frecuencia de uso en las comunicaciones orales y escritas, y la demanda en ese ámbito territorial y funcional.

«Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y creemos que esto es sentido común, no es lo mismo Azpeitia que Barakaldo, ni tampoco es lo mismo dirigirse al departamento de Política Lingüística que dirigirse al de Agricultura», ha añadido.

Otras de las enmiendas plantean que la falta de acreditación de un perfil lingüístico o del conocimiento del euskera no constituya, por sí sola, causa de despido.

Según ha manifestado, esta «exigencia desproporcionada» del euskera crea «frustración» entre los ciudadanos que también quieren ser parte de la administración vasca y «no pueden porque no tienen un perfil lingüístico». Además, ha añadido que también genera eventualidad y, sobre todo, «fuga de talento».

Por su parte, Garrido ha destacado que las políticas lingüísticas implantadas «no están dando resultado». Según ha señalado, no se habla más euskera, aunque sí se aprende más, porque «se exige más y porque es absolutamente determinante a la hora de acceder a un empleo público». Sin embargo, a su juicio, se exige «de forma desproporcionada».

Garrido cree que ello «atenta claramente contra el principio de igualdad y de acceso a la administración pública», como han corroborado los tribunales, en concreto, el TSJPV en diferentes resoluciones.

En este contexto, ha recordado que hay dos iniciativas para reformar la Ley de Empleo Público, la del PNV y la de EH Bildu. En su opinión, el PNV, en «su competencia con EH Bildu por ver quién da una vuelta de tuerca a las políticas impositivas», se ha «equivocado de estrategia» y pensaba que su socio, el PSE-EE, «le podía acompañar, pero se ha desmarcado». No obstante, cree que ese desmarque es «un tanto ficticio» porque los socialistas vascos han sido «cómplices absolutos de todas las políticas lingüísticas que se han puesto de marcha en Euskadi».

Por ello, ha resaltado que el PP vasco se presenta, «una vez más, como «la garantía de la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos frente a los excesos lingüísticos de las políticas impositivas de los sucesivos gobiernos del PNV y PSE-EE, que cuentan con la connivencia de EH Bildu».

Frente a ello, la dirigente del PP, que ha afirmado que no se oponen a que se exija el euskera, ha asegurado que su partido reclama la política del «sentido, la que dice que la exigencia del euskera se haga de una forma proporcionada.

Garrido ha manifestado que el euskera «no puede ser un atropello a los derechos de los ciudadanos», de manera que «les impida trabajar en un empleo público por los excesos lingüísticos sistemáticos que aplica el Gobierno Vasco en sus políticas lingüísticas».

SOCIOS DEL PNV

Cuestionados por si animaría al PNV a «cambiar de socio», dadas sus últimas diferencias, y apoyar al PP en el Congreso, ha asegurado que es algo que tendrá que «dilucidar y analizar» el partido jeltzale.

En todo caso, la portavoz del PP en el Parlamento vasco cree que el PNV no tiene «ningún ánimo de cambiar de socio», a pesar de alguna «pataleta momentánea y espontánea que haya podido tener por alguna actuación del PSE-EE».

«Vemos que ese apoyo es muy férreo después de todo lo que hemos visto a lo largo de esta legislatura: casos de corrupción que salpican al Gobierno de España, al que apoya el PNV, que afectan no solo al PSOE sino a la familia del presidente; el cese del Fiscal General del Estado, la ley del solo sí en sí, la tragedia de Adamuz, el apagón y todas las políticas que se están poniendo en marcha», ha apuntado Garrido que ha citado el «enfado momentáneo» del presidente del EBB, Aitor Esteban, que pedía el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero hoy el PNV no lo ha hecho cuando se ha abordado el tema en el Parlamento vasco.

Por lo tanto, ha insistido en que ese apoyo es «muy férreo» y el PNV «va a seguir estando ahí como ha estado hasta ahora», y lo demás son «escenificaciones».

PP pide al resto de partidos «sentido común» para reformar la ley y permitir el bingo en centros de mayores

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP ha pedido a los partidos con representación en el Parlamento Vasco «sentido común» para que apoyen su propuesta para modificar la ley de Juego de Euskadi con el objetivo de permitir que centros de personas mayores y otras entidades sin ánimo de lucro puedan jugar al bingo «sin el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

La parlamentaria Ainhoa Domaica, que defenderá esta iniciativa el en la Cámara vasca este próximo jueves, ha visitado este lunes, acompañada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, el hogar de jubilados de Santutxu «apercibido por jugar al bingo por 20 céntimos el cartón», situación tras la que el PP planteó su propuesta de reforma legislativa.

«La política tiene que estar para solucionar problemas, no para crearlos», ha subrayado Domaica, que ha advertido de que el «bingo social» es una actividad que «permite a muchas personas relacionarse, huir de esa soledad no deseada, tener puntos de encuentro, pasar un rato agradable».

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios «sentido común» para modificar la actual ley, del año 1991, que «ha generado un problema que no se debía haber producido».

Según ha indicado, aprobar la reforma que ha planteado el PP supondría «devolver la tranquilidad y la seguridad jurídica a las personas mayores y también a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que utilizan el bingo con un ánimo social, recreativo», y es «evidente que no hay lucro, que no hay una explotación económica».

Así, ha añadido, podrían volver a «jugar al bingo sin ninguna preocupación, gastar esos 20 céntimos con los que hacen la tarde y seguir estando con sus compañeros disfrutando de un trato agradable, como han hecho toda la vida», y no tener que «vivir el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha lamentado que, pese a que lo ocurrido en el centro de jubilados de Santutxu «no tiene sentido», el Gobierno Municipal, integrado por PNV y PSE-EE, «se puso de perfil» cuando el PP trasladó este asunto al pleno.

Asimismo, ha pedido que «no vuelva a haber esta discusión» y que se deje a los centros de mayores «tranquilos» para «realizar sus actividades, que hacen muchas, lo hacen muy bien y cumplen una función social absolutamente imprescindible para toda la sociedad».

Desde la asociación de personas mayores del centro Bonaparte del barrio de Santutxu, su presidenta, Iluminada Rosa Raimundo, ha lamentado el «problema muy grande» que han sufrido por jugar al bingo «por 20 céntimos». Según ha explicado, desde «siempre», los socios del hogar van «a jugar un ratito por la tarde» para «hacer amistad» con otras personas mayores. «Esto que han hecho con nosotros no tienen derecho de hacerlo», ha denunciado.

El PP vasco pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por «incumplir la ley» y «trato de favor» a los presos de ETA

De Andrés considera que el rechazo de la Audiencia Nacional a la semilibertad de ‘Anboto’ demuestra las «mentiras» de San José

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José, al considerar que ha «incumplido la ley» al aplicar «un trato de favor» a los presos de ETA, a los que –según ha dicho– trata «con afecto» y «como amigos».

De Andrés, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido a la decisión del titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de rechazar la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al exmiembro de la banda Juan Ramón Carasatorre.

El dirigente del PP ha afirmado que la decisión del juez Castro evidencia que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco a los presos de la desaparecida organización terrorista son «una amnistía encubierta» motivada por los «compromisos» que –según ha dicho– ha adquirido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con EH Bildu » y, consecuentemente, también con ETA».

De Andrés ha afirmado que esta resolución judicial «desmiente» los argumentos que ha esgrimido hasta el momento el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

«El Departamento de Justicia había escudado toda su actuación en que estaba cumpliendo la ley, y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía», ha añadido.

«ARGUMENTARIO FALSO»

En este sentido, ha denunciado que «ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA y, consecuentemente, se demuestra que todo el argumentario del Departamento de Justicia y del Gobierno Vasco en su conjunto era falso».

De Andrés, que ha acusado al Ejecutivo vasco de actuar «en favor de los presos más criminales de ETA», ha considerado que una consejera de Justicia como Maria Jesús San José (PSE-EE) «que lleva las prisiones y que ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto».

«Indudablemente, ha incumplido la ley; no ha cumplido con aquellos compromisos que tiene con la sociedad y no ha estado trabajando para la sociedad, ha estado trabajando para los presos de ETA», ha asegurado.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que, por todo ello, San José «no puede continuar en su puesto y tiene que ser destituida», ya que «la sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco».

De Andrés ha reiterado que San José «tiene que dimitir» por una cuestión de «dignidad». Además, en referencia al responsable del centro en el que cumplen condena los presos a los que afecta esta resolución del juez Castro, ha considerado que «se tiene que destituir» al director de la prisión de Martutene.

«SALTÁNDOSE LA LEY»

A su juicio, el máximo responsable de la cárcel guipuzcoana «ha actuado también en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», ha añadido.

«Indudablemente no pueden continuar; el deterioro de la imagen del Gobierno Vasco es absoluto, cuando se ha estado trabajando por los terroristas y no trabajando por el conjunto de la sociedad», ha insistido.

El dirigente del PP ha reiterado que «la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo». De esa forma, ha denunciado que San José «ha actuado en favor de los terroristas, no ha pensado en la sociedad, que lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas».

De Andrés ha señalado que «no es de recibo que el Gobierno Vasco esté respaldando un modelo que se basa precisamente en el incumplimiento de la ley y mirar a los ojos de los terroristas como si fueran amigos, como si fuera un afecto personal».

El presidente de los ‘populares’ vascos ha lamentado que con este modo de actuar, el Ejecutivo esté desarrollando un modelo penitenciario que «crea un clima favorable hacia los terroristas».

El PP vasco vuelve a pedir que la Ley de Víctimas incluya sanciones por mensajes o comportamientos ofensivos para este colectivo

Laura Garrido explica que la propuesta pretende corregir una «laguna legal» que impide multar estos casos en vía administrativa

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP ha vuelto a presentar en el Parlamento Vasco una iniciativa destinada a modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi, con el fin de que incluya la posibilidad de establecer sanciones administrativas por la exhibición de mensajes o imágenes que «atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo», según ha explicado la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr.

Garrido, en una rueda de prensa en el Parlamento, ha explicado que la proposición no de ley registrada por su grupo responde al objetivo de «subsanar una disfunción normativa y una anomalía democrática», y que con ella se pretende saldar la «deuda pendiente» que, según ha dicho, sigue existiendo con las víctimas del terrorismo.

«Si nos creemos de verdad los principios de verdad, dignidad, memoria y justicia con las víctimas del terrorismo, tenemos que pasar a la acción, porque es la forma de hacer que estos principios sean efectivos y se cumplan», ha manifestado.

Laura Garrido ha denunciado que la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi «no sanciona o no recoge un régimen de infracciones y sanciones para determinados comportamientos que son lesivos y que atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo».

La parlamentaria ha recordado que esta «no es la primera vez» que el PP plantea esta cuestión en la Cámara vasca. «Ya lo hemos pedido en otras ocasiones, pero a día de hoy, la posibilidad de sancionar en el ámbito administrativo comportamientos que ofenden a las víctimas del terrorismo y sus familias no está reconocido en la ley», ha criticado.

«NO PUEDEN SEGUIR QUEDANDO IMPUNES»

Por ese motivo, en esta nueva proposición no de ley el PP pide modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2028, con el fin de que «comportamientos que se siguen produciendo en nuestras calles, en los entornos festivos, con exhibición de imágenes, carteles, imágenes de presos de ETA no pueden seguir quedando impunes».

Garrido ha explicado que existe «una laguna legal» que el PP pretende corregir a través de esta propuesta. En este sentido, ha asegurado que se produce «una discriminación», ya que en la Ley de Memoria Histórica «hay una previsión de sancionar y se recogen unas infracciones que son sancionables cuando se atenta o se ofenden determinados derechos de las víctimas», algo que –según ha criticado– «no ocurre» con la ley de victimas del terrorismo.

La parlamentaria del PP ha criticado que, pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco para combatir la exhibición de mensajes que atentan contra los derechos de las víctimas, «las palabras se las lleva el viento», de forma que hasta ahora «no se ha hecho nada» para garantizar que estos comportamientos puedan ser sancionados administrativamente. «Nos parece inadmisible que los poderes públicos no hayan pasado a la acción con esta cuestión», ha añadido.

«EXCUSAS»

«Es una cuestión de dignidad, de defender a las víctimas», ha subrayado, para añadir que espera que en esta ocasión no se pongan «excusas» para no aprobar esta propuesta y cumplir con lo que en ella se plantea.

Laura Garrido ha explicado que esta iniciativa «va en coherencia» con la propuesta para reformar la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo que el PP ha registrado en el Senado.

ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su intervención, la parlamentaria ‘popular’ ha reiterado las críticas de su partido a los ataques con pintura registrados este pasado martes contra medios de comunicación de Donostia-San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz.

Garrido ha mostrado su apoyo a la libertad de expresión y ha condenado estos ataques, sobre los que ha afirmado que son «una muestra más del radicalismo que estamos viendo en distintos ámbitos». Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de «mantener la exigencia con aquellos que se siguen poniendo de lado y no condenan este tipo de actuaciones inadmisibles en democracia».

Ainhoa Domaica: “La modificación que propone el PP devolverá la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores en el País Vasco”

14 abril 2026.- “La modificación de la ley del juego que propone el PP devolverá la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores en el País Vasco”.

Así lo ha manifestado hoy la parlamentaria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Ainhoa Domaica, al conocer que esta iniciativa tendrá el criterio favorable del gobierno vasco. “Un criterio favorable al que PNV y PSE, ha dicho, se han visto arrastrados tras la propuesta sensata y llena de sentido común planteada por el Grupo Popular”.

Apunta Domaica que determinados juegos de carácter tradicional que se llevan a cabo en hogares del jubilado y centros de mayores a lo largo y ancho del País Vasco, como el bingo, “contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y el envejecimiento activo constituyendo para muchas personas mayores una herramienta esencial de socialización, entretenimiento y estimulación cognitiva con efectos positivos en su bienestar emocional y en la prevención de la soledad no deseada”.

La parlamentaria Popular se hizo eco en su día de informaciones que recogían la denuncia realizada a un Hogar del Jubilado por su bingo con cartones a 20 céntimos y del riesgo que se enfrentaba el centro a multas de hasta 60.000 euros. “No deja de ser un auténtico disparate que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 € por jugar al bingo con cantidades simbólicas de dinero”.

“PNV y PSOE en el Gobierno Vasco no solo han mostrado pasividad, sino incapacidad para solucionar un problema que estaba generando la actual normativa del año 1991 reguladora de juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.  

“Ha tenido que ser el Partido Popular, apunta Domaica, quien ha propuesto una modificación del artículo 1.2 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que en los centros de mayores y otros centros de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro se pueda jugar al bingo con dinero cuando tenga una finalidad social. Una modificación que va a aportar tranquilidad y seguridad jurídica a las personas que juegan al bingo con cantidades simbólicas de dinero en sus centros sociales sin riesgo a ser sancionados con multas de hasta 60.000€. Una modificación tan lógica y sensata que hasta cuenta con el criterio favorable del gobierno vasco”.

“Este es el vivo ejemplo, añade Ainhoa Domaica, del ejercicio de una política útil y cercana, pegada a la realidad que lleva a cabo el Partido Popular del País Vasco”.