El PP exige al Gobierno Vasco «respeto a las víctimas y transparencia» tras el tercer grado a ‘Gadafi’ y Gogeaskoetxea

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS y REDACCIÓN) – El Partido Popular vasco ha solicitado al Gobierno Vasco «de manera urgente» toda la información en relación con los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Así, ha exigido «respeto a las víctimas y transparencia».

La formación popular ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco en la que señala que han tenido conocimiento de la concesión de un nuevo tercer grado a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, «condenado por múltiples delitos de terrorismo, que acumula condenas por su participación en al menos veinte asesinatos», y a Eneko Gogeaskoetxea.

El PP señala que, dado que a ‘Gadafi’ el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado, «se plantean serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada».

Según apunta en su escrito, «la gravedad de los hechos descritos, unida a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas, hace imprescindible solicitar la siguiente información a fin de ejercer adecuadamente la función de control parlamentario».

Por todo ello, solicita al Ejecutivo autonómico «una copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercer grado a los internos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’ y Eneko Gogeaskoetxea», así como de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos.

También reclama copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones y la relación de los elementos de «arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia» efectuados por ambos «que, en su caso, hayan sido valorados».

El PP pide también el texto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos «hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas».

Finalmente, solicita «indicación expresa de si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, así como la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario» y la indicación de las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.

DE ANDRÉS

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, también ha reaccionado a través de sus redes sociales a los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea.

De Andrés asegura, sobre una fotografía de Iglesias Chouzas que recoge la noticia de su tercer grado, que «el afán del Gobierno Vasco de PNV y PSE por ir soltando a todos los etarras es impúdico. Insiste una y otra vez pese al rechazo de la Fiscalía.»

El PP vasco fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs y rechaza asignar perfil a todos los puestos

Denuncia que PNV y EH Bildu estén en «la carrera de dar una vuelta de tuerca» a la política linguística y cree «ficticio» el desmarque de PSE

VITORIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs que se celebren en Euskadi, y rechaza, además, que se tengan que asignar perfil lingüístico a todos las plazas, de acuerdo a las enmiendas planteadas por este partido para la reforma de la Ley de Empleo Público.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, la portavoz del PP vasco en la Cámara, Laura Garrido Knörr, y el parlamentario Santiago López, han asegurado que tratan de «subsanar los atropellos lingüísticos» que se están produciendo con sus 38 enmiendas que se ajustan «a la realidad sociolingüística» de Euskadi y a las diferencias dependiendo de zonas.

López ha sido el encargado de detallar las emmiendas y ha denunciado el «espectáculo bochornoso» que, a su juicio, están ofreciendo el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. «El PNV y EH Bildu pretenden colgarse ahora la medalla de ser los que más defienden el euskera y el PSE-EE pretende arrogarse el mérito de ser quien defiende los intereses de los castellanoparlantes», ha indicado.

No obstante, ha asegurado que «no es verdad» porque estos tres partidos han llevado al «deterioro constante de la administración pública vasca» que se observa en los últimos años, porque «actúan con criterios lingüísticos ideológicos en deterioro de la administración, con una exigencia desproporcionada de euskera».

«No sé si el PNV, el PSE-EE y EH Bildu saben que tenemos un 38% de interinidad en la administración, que somos la comunidad autónoma con la interinidad más alta y que superamos en 12 puntos la media nacional. ¿Esto no les interesa?», se ha preguntado.

Frente a ello, ha defendido la «responsabilidad» del PP, con sus enmiendas. En primer lugar, según ha explicado, hay unas enmiendas técnicas «más de pura ley» como por ejemplo, la relativa a la improrrogabilidad de la resolución de las oposiciones más allá del plazo de tres años.

Asimismo, con sus iniciativas, el PP pretende introducir planes de reducción de la temporalidad en la administración, así como una agencia vasca de selección de personal directivo, porque «ya está bien del baile de directivos y de asesores entre los distintos departamentos del Gobierno Vasco». «Creemos que los puestos de directivo tienen que ser en función del mérito, de la capacidad que tengan las personas y no del partido en el que milite», ha remarcado.

ENMIENDAS DE CONTENIDO LINGÜÍSTICO

Sobre las enmiendas más de contenido lingüístico, ha señalado que, por primera vez, el PP introduce un «límite numérico y un techo cuantitativo» al porcentaje de plazas de euskera que se podrán exigir en las oposiciones de Euskadi.

En concreto, plantea que el número total de puestos de perfil lingüístico preceptivo de euskera no supere el 50% de los existentes en cada cuerpo y escala, salvo en el caso de aquellos relacionados específicamente con la política lingüística. Además, propone que la valoración del euskera como mérito no sea inferior al 5% ni superior al 20% de la puntuación máxima.

También propone retocar el «controvertido» artículo 187.5 de esta ley, que establece que todas las plazas en la administración tengan asignado perfil. En concreto, reclama que no sea necesario perfilar los puestos que, por sus funciones internas o especializadas, no requieran el uso habitual de ambas lenguas.

A su juicio, se debería hacer un estudio y atender a «criterios claros y objetivos» a la hora de decidir «dónde se fija el euskera y dónde no». Para ello, propone un nuevo artículo 187 bis que tenga en cuenta esos criterios y, entre ellos, estaría el porcentaje de interacción de la ciudadanía en euskera con la administración, la frecuencia de uso en las comunicaciones orales y escritas, y la demanda en ese ámbito territorial y funcional.

«Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y creemos que esto es sentido común, no es lo mismo Azpeitia que Barakaldo, ni tampoco es lo mismo dirigirse al departamento de Política Lingüística que dirigirse al de Agricultura», ha añadido.

Otras de las enmiendas plantean que la falta de acreditación de un perfil lingüístico o del conocimiento del euskera no constituya, por sí sola, causa de despido.

Según ha manifestado, esta «exigencia desproporcionada» del euskera crea «frustración» entre los ciudadanos que también quieren ser parte de la administración vasca y «no pueden porque no tienen un perfil lingüístico». Además, ha añadido que también genera eventualidad y, sobre todo, «fuga de talento».

Por su parte, Garrido ha destacado que las políticas lingüísticas implantadas «no están dando resultado». Según ha señalado, no se habla más euskera, aunque sí se aprende más, porque «se exige más y porque es absolutamente determinante a la hora de acceder a un empleo público». Sin embargo, a su juicio, se exige «de forma desproporcionada».

Garrido cree que ello «atenta claramente contra el principio de igualdad y de acceso a la administración pública», como han corroborado los tribunales, en concreto, el TSJPV en diferentes resoluciones.

En este contexto, ha recordado que hay dos iniciativas para reformar la Ley de Empleo Público, la del PNV y la de EH Bildu. En su opinión, el PNV, en «su competencia con EH Bildu por ver quién da una vuelta de tuerca a las políticas impositivas», se ha «equivocado de estrategia» y pensaba que su socio, el PSE-EE, «le podía acompañar, pero se ha desmarcado». No obstante, cree que ese desmarque es «un tanto ficticio» porque los socialistas vascos han sido «cómplices absolutos de todas las políticas lingüísticas que se han puesto de marcha en Euskadi».

Por ello, ha resaltado que el PP vasco se presenta, «una vez más, como «la garantía de la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos frente a los excesos lingüísticos de las políticas impositivas de los sucesivos gobiernos del PNV y PSE-EE, que cuentan con la connivencia de EH Bildu».

Frente a ello, la dirigente del PP, que ha afirmado que no se oponen a que se exija el euskera, ha asegurado que su partido reclama la política del «sentido, la que dice que la exigencia del euskera se haga de una forma proporcionada.

Garrido ha manifestado que el euskera «no puede ser un atropello a los derechos de los ciudadanos», de manera que «les impida trabajar en un empleo público por los excesos lingüísticos sistemáticos que aplica el Gobierno Vasco en sus políticas lingüísticas».

SOCIOS DEL PNV

Cuestionados por si animaría al PNV a «cambiar de socio», dadas sus últimas diferencias, y apoyar al PP en el Congreso, ha asegurado que es algo que tendrá que «dilucidar y analizar» el partido jeltzale.

En todo caso, la portavoz del PP en el Parlamento vasco cree que el PNV no tiene «ningún ánimo de cambiar de socio», a pesar de alguna «pataleta momentánea y espontánea que haya podido tener por alguna actuación del PSE-EE».

«Vemos que ese apoyo es muy férreo después de todo lo que hemos visto a lo largo de esta legislatura: casos de corrupción que salpican al Gobierno de España, al que apoya el PNV, que afectan no solo al PSOE sino a la familia del presidente; el cese del Fiscal General del Estado, la ley del solo sí en sí, la tragedia de Adamuz, el apagón y todas las políticas que se están poniendo en marcha», ha apuntado Garrido que ha citado el «enfado momentáneo» del presidente del EBB, Aitor Esteban, que pedía el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero hoy el PNV no lo ha hecho cuando se ha abordado el tema en el Parlamento vasco.

Por lo tanto, ha insistido en que ese apoyo es «muy férreo» y el PNV «va a seguir estando ahí como ha estado hasta ahora», y lo demás son «escenificaciones».

PP pide al resto de partidos «sentido común» para reformar la ley y permitir el bingo en centros de mayores

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP ha pedido a los partidos con representación en el Parlamento Vasco «sentido común» para que apoyen su propuesta para modificar la ley de Juego de Euskadi con el objetivo de permitir que centros de personas mayores y otras entidades sin ánimo de lucro puedan jugar al bingo «sin el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

La parlamentaria Ainhoa Domaica, que defenderá esta iniciativa el en la Cámara vasca este próximo jueves, ha visitado este lunes, acompañada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, el hogar de jubilados de Santutxu «apercibido por jugar al bingo por 20 céntimos el cartón», situación tras la que el PP planteó su propuesta de reforma legislativa.

«La política tiene que estar para solucionar problemas, no para crearlos», ha subrayado Domaica, que ha advertido de que el «bingo social» es una actividad que «permite a muchas personas relacionarse, huir de esa soledad no deseada, tener puntos de encuentro, pasar un rato agradable».

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios «sentido común» para modificar la actual ley, del año 1991, que «ha generado un problema que no se debía haber producido».

Según ha indicado, aprobar la reforma que ha planteado el PP supondría «devolver la tranquilidad y la seguridad jurídica a las personas mayores y también a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que utilizan el bingo con un ánimo social, recreativo», y es «evidente que no hay lucro, que no hay una explotación económica».

Así, ha añadido, podrían volver a «jugar al bingo sin ninguna preocupación, gastar esos 20 céntimos con los que hacen la tarde y seguir estando con sus compañeros disfrutando de un trato agradable, como han hecho toda la vida», y no tener que «vivir el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha lamentado que, pese a que lo ocurrido en el centro de jubilados de Santutxu «no tiene sentido», el Gobierno Municipal, integrado por PNV y PSE-EE, «se puso de perfil» cuando el PP trasladó este asunto al pleno.

Asimismo, ha pedido que «no vuelva a haber esta discusión» y que se deje a los centros de mayores «tranquilos» para «realizar sus actividades, que hacen muchas, lo hacen muy bien y cumplen una función social absolutamente imprescindible para toda la sociedad».

Desde la asociación de personas mayores del centro Bonaparte del barrio de Santutxu, su presidenta, Iluminada Rosa Raimundo, ha lamentado el «problema muy grande» que han sufrido por jugar al bingo «por 20 céntimos». Según ha explicado, desde «siempre», los socios del hogar van «a jugar un ratito por la tarde» para «hacer amistad» con otras personas mayores. «Esto que han hecho con nosotros no tienen derecho de hacerlo», ha denunciado.

El PP vasco pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por «incumplir la ley» y «trato de favor» a los presos de ETA

De Andrés considera que el rechazo de la Audiencia Nacional a la semilibertad de ‘Anboto’ demuestra las «mentiras» de San José

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José, al considerar que ha «incumplido la ley» al aplicar «un trato de favor» a los presos de ETA, a los que –según ha dicho– trata «con afecto» y «como amigos».

De Andrés, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido a la decisión del titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de rechazar la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al exmiembro de la banda Juan Ramón Carasatorre.

El dirigente del PP ha afirmado que la decisión del juez Castro evidencia que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco a los presos de la desaparecida organización terrorista son «una amnistía encubierta» motivada por los «compromisos» que –según ha dicho– ha adquirido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con EH Bildu » y, consecuentemente, también con ETA».

De Andrés ha afirmado que esta resolución judicial «desmiente» los argumentos que ha esgrimido hasta el momento el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

«El Departamento de Justicia había escudado toda su actuación en que estaba cumpliendo la ley, y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía», ha añadido.

«ARGUMENTARIO FALSO»

En este sentido, ha denunciado que «ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA y, consecuentemente, se demuestra que todo el argumentario del Departamento de Justicia y del Gobierno Vasco en su conjunto era falso».

De Andrés, que ha acusado al Ejecutivo vasco de actuar «en favor de los presos más criminales de ETA», ha considerado que una consejera de Justicia como Maria Jesús San José (PSE-EE) «que lleva las prisiones y que ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto».

«Indudablemente, ha incumplido la ley; no ha cumplido con aquellos compromisos que tiene con la sociedad y no ha estado trabajando para la sociedad, ha estado trabajando para los presos de ETA», ha asegurado.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que, por todo ello, San José «no puede continuar en su puesto y tiene que ser destituida», ya que «la sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco».

De Andrés ha reiterado que San José «tiene que dimitir» por una cuestión de «dignidad». Además, en referencia al responsable del centro en el que cumplen condena los presos a los que afecta esta resolución del juez Castro, ha considerado que «se tiene que destituir» al director de la prisión de Martutene.

«SALTÁNDOSE LA LEY»

A su juicio, el máximo responsable de la cárcel guipuzcoana «ha actuado también en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», ha añadido.

«Indudablemente no pueden continuar; el deterioro de la imagen del Gobierno Vasco es absoluto, cuando se ha estado trabajando por los terroristas y no trabajando por el conjunto de la sociedad», ha insistido.

El dirigente del PP ha reiterado que «la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo». De esa forma, ha denunciado que San José «ha actuado en favor de los terroristas, no ha pensado en la sociedad, que lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas».

De Andrés ha señalado que «no es de recibo que el Gobierno Vasco esté respaldando un modelo que se basa precisamente en el incumplimiento de la ley y mirar a los ojos de los terroristas como si fueran amigos, como si fuera un afecto personal».

El presidente de los ‘populares’ vascos ha lamentado que con este modo de actuar, el Ejecutivo esté desarrollando un modelo penitenciario que «crea un clima favorable hacia los terroristas».

El PP vasco vuelve a pedir que la Ley de Víctimas incluya sanciones por mensajes o comportamientos ofensivos para este colectivo

Laura Garrido explica que la propuesta pretende corregir una «laguna legal» que impide multar estos casos en vía administrativa

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP ha vuelto a presentar en el Parlamento Vasco una iniciativa destinada a modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi, con el fin de que incluya la posibilidad de establecer sanciones administrativas por la exhibición de mensajes o imágenes que «atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo», según ha explicado la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr.

Garrido, en una rueda de prensa en el Parlamento, ha explicado que la proposición no de ley registrada por su grupo responde al objetivo de «subsanar una disfunción normativa y una anomalía democrática», y que con ella se pretende saldar la «deuda pendiente» que, según ha dicho, sigue existiendo con las víctimas del terrorismo.

«Si nos creemos de verdad los principios de verdad, dignidad, memoria y justicia con las víctimas del terrorismo, tenemos que pasar a la acción, porque es la forma de hacer que estos principios sean efectivos y se cumplan», ha manifestado.

Laura Garrido ha denunciado que la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi «no sanciona o no recoge un régimen de infracciones y sanciones para determinados comportamientos que son lesivos y que atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo».

La parlamentaria ha recordado que esta «no es la primera vez» que el PP plantea esta cuestión en la Cámara vasca. «Ya lo hemos pedido en otras ocasiones, pero a día de hoy, la posibilidad de sancionar en el ámbito administrativo comportamientos que ofenden a las víctimas del terrorismo y sus familias no está reconocido en la ley», ha criticado.

«NO PUEDEN SEGUIR QUEDANDO IMPUNES»

Por ese motivo, en esta nueva proposición no de ley el PP pide modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2028, con el fin de que «comportamientos que se siguen produciendo en nuestras calles, en los entornos festivos, con exhibición de imágenes, carteles, imágenes de presos de ETA no pueden seguir quedando impunes».

Garrido ha explicado que existe «una laguna legal» que el PP pretende corregir a través de esta propuesta. En este sentido, ha asegurado que se produce «una discriminación», ya que en la Ley de Memoria Histórica «hay una previsión de sancionar y se recogen unas infracciones que son sancionables cuando se atenta o se ofenden determinados derechos de las víctimas», algo que –según ha criticado– «no ocurre» con la ley de victimas del terrorismo.

La parlamentaria del PP ha criticado que, pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco para combatir la exhibición de mensajes que atentan contra los derechos de las víctimas, «las palabras se las lleva el viento», de forma que hasta ahora «no se ha hecho nada» para garantizar que estos comportamientos puedan ser sancionados administrativamente. «Nos parece inadmisible que los poderes públicos no hayan pasado a la acción con esta cuestión», ha añadido.

«EXCUSAS»

«Es una cuestión de dignidad, de defender a las víctimas», ha subrayado, para añadir que espera que en esta ocasión no se pongan «excusas» para no aprobar esta propuesta y cumplir con lo que en ella se plantea.

Laura Garrido ha explicado que esta iniciativa «va en coherencia» con la propuesta para reformar la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo que el PP ha registrado en el Senado.

ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su intervención, la parlamentaria ‘popular’ ha reiterado las críticas de su partido a los ataques con pintura registrados este pasado martes contra medios de comunicación de Donostia-San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz.

Garrido ha mostrado su apoyo a la libertad de expresión y ha condenado estos ataques, sobre los que ha afirmado que son «una muestra más del radicalismo que estamos viendo en distintos ámbitos». Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de «mantener la exigencia con aquellos que se siguen poniendo de lado y no condenan este tipo de actuaciones inadmisibles en democracia».

Ainhoa Domaica: “La modificación que propone el PP devolverá la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores en el País Vasco”

14 abril 2026.- “La modificación de la ley del juego que propone el PP devolverá la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores en el País Vasco”.

Así lo ha manifestado hoy la parlamentaria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Ainhoa Domaica, al conocer que esta iniciativa tendrá el criterio favorable del gobierno vasco. “Un criterio favorable al que PNV y PSE, ha dicho, se han visto arrastrados tras la propuesta sensata y llena de sentido común planteada por el Grupo Popular”.

Apunta Domaica que determinados juegos de carácter tradicional que se llevan a cabo en hogares del jubilado y centros de mayores a lo largo y ancho del País Vasco, como el bingo, “contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y el envejecimiento activo constituyendo para muchas personas mayores una herramienta esencial de socialización, entretenimiento y estimulación cognitiva con efectos positivos en su bienestar emocional y en la prevención de la soledad no deseada”.

La parlamentaria Popular se hizo eco en su día de informaciones que recogían la denuncia realizada a un Hogar del Jubilado por su bingo con cartones a 20 céntimos y del riesgo que se enfrentaba el centro a multas de hasta 60.000 euros. “No deja de ser un auténtico disparate que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 € por jugar al bingo con cantidades simbólicas de dinero”.

“PNV y PSOE en el Gobierno Vasco no solo han mostrado pasividad, sino incapacidad para solucionar un problema que estaba generando la actual normativa del año 1991 reguladora de juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.  

“Ha tenido que ser el Partido Popular, apunta Domaica, quien ha propuesto una modificación del artículo 1.2 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que en los centros de mayores y otros centros de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro se pueda jugar al bingo con dinero cuando tenga una finalidad social. Una modificación que va a aportar tranquilidad y seguridad jurídica a las personas que juegan al bingo con cantidades simbólicas de dinero en sus centros sociales sin riesgo a ser sancionados con multas de hasta 60.000€. Una modificación tan lógica y sensata que hasta cuenta con el criterio favorable del gobierno vasco”.

“Este es el vivo ejemplo, añade Ainhoa Domaica, del ejercicio de una política útil y cercana, pegada a la realidad que lleva a cabo el Partido Popular del País Vasco”.

De Andrés asegura que el PP no puede «entenderse» con un PNV «en decadencia» por sus «cesiones» ante EH Bildu

Emplaza al lehendakari a explicar si va a «asumir con naturalidad» esta situación o si va a «recuperar la libertad» para Euskadi

VITORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha asegurado que el PNV se encuentra en una fase de «decadencia» por las «cesiones» que –según ha dicho– realiza ante la izquierda ‘abertzale’, y ha advertido de que en las actuales circunstancias no es posible que el Partido Popular pueda «entenderse» con la formación ‘jeltzale’.

De Andrés, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha mostrado muy crítico con las «cesiones» que, según ha dicho, está realizando el PNV ante EH Bildu.

De esa forma, en referencia al apoyo del PNV al candidato de EH Bai a la presidencia de la Mancomunidad Única de Iparralde, Alain Iriart, ha calificado de «absurdo» el modo de proceder de la formación ‘jeltzale’ en el País Vasco francés.

De Andrés ha reprochado al PNV que apoyara «al homólogo de Bildu en Iparralde en detrimento de otro candidato centrista», en referencia a Jean-René Etchegaray, del que ha subrayado que en el Parlamento europeo «forma parte del mismo grupo parlamentario» que la propia formación ‘jeltzale’. «Es decir, ayer el Partido Nacionalista Vasco se sacó a sí mismo de la Mancomunidad de Iparralde para poner al de Bildu», ha afirmado.

A su vez, ha considerado necesario que el PNV expliqué por qué motivo, al mismo tiempo que hace esto, aplaude a través de las redes sociales que el partido del «centrista» Péter Magyar haya vencido en Hungría al partido del ultranacionalista Viktor Orbán.

De Andrés ha lamentado que el PNV esté «cediendo el testigo» ante EH Bildu en estas materias políticas, así como «en muchos espacios públicos», en los que –según ha dicho– el propio presidente ‘jeltzale’, Aitor Esteban, ha «reconocido», con sus reflexiones sobre los problemas para lograr candidatos en ciertos municipios, que «hay un ambiente social y político, que está impidiendo actuar con libertad al propio PNV».

«Sabemos quién está detrás de todo eso; quién no condena todo lo que está ocurriendo en la Universidad, en los ataques a la Ertzaintza, en el movimiento ‘euskaltzale’, contra los sindicatos, contra los propios partidos políticos», ha indicado, para asegurar a continuación que es EH Bildu quién está «detrás» de estas conductas.

«MUY RADICAL»

De Andrés ha pedido explicaciones al PNV y al lehendakari, Imanol Pradales, sobre esa «cesión» ante EH Bildu, al que ha calificado de «partido totalitario de izquierdas». «La centralidad no está ahí», ha afirmado el dirigente ‘popular’, que ha acusado al partido ‘jeltzale’ de «escorarse claramente hacia un sector ideológico muy radical».

«Con las palabras fingen estar en el centro, pero los hechos los colocan con la izquierda radical», ha añadido De Andrés, quien ha reiterado que su partido «no se va a poder entender» con quien se posiciona en ese espacio.

«¿Cómo va a estar el Partido Popular ahí? ¿Cómo puede pretender el Partido Nacionalista Vasco que haya un espacio común? Me gustaría que el PNV fuera otro, desde luego; un PNV con el que fuera posible entenderse», ha añadido.

Por todo ello, ha anunciado que en el próximo pleno de control preguntará al lehendakari «si va a asumir con naturalidad esta decadencia que vive el Partido Nacionalista Vasco o va a hacer el trabajo que le corresponde, que es lograr recuperar un espacio de libertad en Euskadi».

En este sentido, ha reclamado al lehendakari que trabaje para garantizar «que la gente se pueda presentar [a las elecciones]; para que la universidad sea libre; para que los medios de comunicación públicos también lo sea; y para que la Korrika se pueda hacerse desde el respeto a las distintas opiniones políticas y no sea un espacio de control de la izquierda radical totalitaria».

El PP vasco denuncia que el cierre del centro Larrañazubi de Getxo «es un atropello a la libertad de las familias»

VITORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) – La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha denunciado que la decisión del Gobierno Vasco de cerrar el centro educativo Larrañazubi de Getxo (Bizkaia) «es un atropello a la libertad de las familias».

Larrea, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado que el Ejecutivo vasco pretende cerrar el centro Larrañazubi, «uno de los pocos» que –según ha dicho– imparten el ‘modelo A’ de enseñanza en castellano.

La portavoz de Educación del PP vasco ha calificado esta decisión de «atropello a la libertad de las familias y a la libertad de poder elegir modelo educativo». Según ha dicho, el Ejecutivo vasco pretende «cercenar los pocos centros educativos que tienen ‘modelo A'».

La parlamentaria del PP, que ha acompañado a un grupo de familias que han expuesto la situación del centro ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, ha asegurado que la decisión de cerrar Larrañazubi «es puramente ideológica».

Asimismo, ha señalado que con este tipo de medidas, el Departamento de Educación «en ningún momento están pensando en los alumnos, en los alumnos vulnerables, o en lo que necesitan las familias».

Laura Garrido critica que el Gobierno Vasco «prefiere hacer puente» cuando debería celebrarse un pleno de control

Denuncia «coacciones y actos vandálicos» en la huelga general, el «hostigamiento» a la Ertzaintza y el «señalamiento» a profesores de EHU

VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) – La portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en Euskadi, Laura Garrido Knörr, ha criticado que el Gobierno Vasco «prefiera hacer puente» este viernes, cuando debería celebrarse un pleno de control en la cámara vasca.

En una rueda de prensa en el exterior del Parlamento Vasco, la portavoz popular ha reprobado que «el ejecutivo de Pradales, que alardea de buena gobernanza y de transparencia, ha preferido hacer puente, cuando este viernes tenía que haber un pleno de control».

El PP ha censurado esta actitud en una semana en la que ha denunciado «coacciones y actos vandálicos contra aquellas personas que querían trabajar» en una huelga convocada por los sindicatos ELA y LAB, «un nuevo capítulo de señalamiento y hostigamiento a la Ertzaintza y al consejero de Seguridad» y «el señalamiento a profesores de la Universidad del País Vasco por defender la libertad de expresión, la convivencia y un espacio libre de totalitarismo».

Unos hechos a los que Garrido ha sumado «reivindicaciones partidistas de la izquierda radical a favor de los presos de ETA en la Korrika y «la amenazas» que está recibiendo el presidente del Athletic, a quien le ha trasladado su «apoyo y solidaridad», tras condenar estos actos.

A toda esta situación, el PP ha añadido el «declive de la industria vasca» con cierres de empresas, especialmente en zonas emblemáticas como Aiaraldea; «deslocalizaciones de empresas que estaban en Rentería y se van a Cantabria y empresas, como la de baterías china que el consejero de Industria dijo que iba a venir a Euskadi y se va a Navarra».

«OASIS VASCO»

Por todo ello, Garrido ha rechazado el «pretendido oasis vasco» que sistemáticamente «vende el lehendakari Pradales». «Coacciones, actos vandálicos, hostigamiento a la Ertzaintza, señalamiento a profesores, amenazas al presidente del Athletic de Bilbao y la Korrika utilizada con fines partidistas», ha enumerado para cuestionar «dónde está ese oasis vasco que no se ve a la vista de todo lo que está pasando en Euskadi».

Por último y «frente al modelo del PNV y PSE», Garrido ha situado al PP, que «defiende un modelo de política útil que apuesta por avanzar, resolver los problemas de los ciudadanos vascos y dar tranquilidad, para que los ciudadanos puedan tener las oportunidades necesarias para desarrollar su proyecto vital en Euskadi».

El PP presenta una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se pueda jugar al bingo con dinero en los centros de mayores

· Se trata de una Proposición de Ley, de modificación de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora de juego en la CAV.
 
· La iniciativa está encaminada a la exclusión de la ley de determinadas actividades recreativas de bingo social sin ánimo de lucro.
 
· Domaica: “Es un despropósito que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 € por jugar al bingo con cantidades simbólicas de dinero”.

VITORIA 17 Mar. (REDACCIÓN) – El Partido Popular ha registrado esta mañana en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora de juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo de esta iniciativa está encaminado a la exclusión de determinadas actividades recreativas de bingo social sin ánimo de lucro. Es decir, para que se pueda jugar al bingo con dinero en los centros de mayores y otros centros, de naturaleza pública o privada, sin ánimo de lucro.

La parlamentaria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco Ainhoa Domaica ha recordado recientes informaciones que recogían la denuncia realizada a un Hogar del Jubilado por su bingo con cartones a 20 céntimos y del riesgo que se enfrentaba el centro a multas de hasta 60.000 euros. Para Domaica, “es un despropósito que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 € por jugar al bingo con cantidades simbólicas de dinero”.

Ainhoa Domaica ha asegurado que “desde el Partido Popular del País Vasco queremos aportar tranquilidad, sentido común y seguridad jurídica a las personas mayores”.

La parlamentaria popular asegura que “ante la pasividad de PNV y PSOE en el Gobierno Vasco, hoy hemos dado un paso adelante y hemos registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para modificar la actual normativa de la Ley del Juego”. Así, lo que pretende el PP vasco con esta iniciativa es “excluir con absoluta claridad de su aplicación a los centros de mayores y a cualquier entidad sin ánimo de lucro de carácter social, sociosanitario o de ocio y tiempo libre donde se juegue al bingo con una finalidad social o recreativa”.

En concreto, la Proposición de Ley que ha registrado el Grupo Popular Vasco plantea la modificación del artículo 1.2 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De esta forma, quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la ley los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo constitutivos de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, siempre que no exista explotación lucrativa.

La iniciativa también recoge que “a estos efectos, quedan excluidos los juegos de bingo organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio y tiempo libre, de naturaleza pública o privada, siempre que no exista ánimo de lucro ni explotación económica de la actividad; y que la actividad tenga una finalidad social, recreativa, reeducadora o de convivencia.