Albiol promete en Vitoria y Bilbao que elaborará una ley antiokupación que «expulsará a los okupas en 48 horas»

Denuncia que los okupas tienen «más protección legal que los propietarios o vecinos que sufren las consecuencias»

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) – El alcalde de Badalona y candidato al Congreso del Partido Popular por Barcelona, Xavier García Albiol, ha prometido que, si el PP gana las elecciones generales, elaborará una ley antiokupación que «desalojará a los okupas en un tiempo máximo de 48 horas».

García Albiol ha participado, esta tarde en Vitoria-Gasteiz, en un acto político sobre seguridad y contra la «okupación ilegal», junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, el candidato al Congreso del PP por Álava, Iñaki Oyarzabal, y el portavoz municipal del PP, Iñaki García Calvo.

Albiol ha explicado que, si el PP gana las elecciones del próximo 29 de noviembre, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, le ha encargado que elabore una ley antiokupación para que personas, como las que llevan meses en las antiguas fábricas de URSSA y EGA de la capital alavesa, «creando problemas de convivencia, de salubridad y problemas con los vecinos», sean desalojados en un «máximo de 48 horas».

El candidato popular ha denunciado que las personas que okupan de manera ilegal un inmueble tienen «más protección legal que los propietarios o los vecinos que sufren las consecuencias de esa okupación ilegal» en España.

Así, ha indicado, respecto a las fábricas de Vitoria-Gasteiz, que «si en lugar de estar gobernando el Partido Socialista en el Gobierno central», gobernara el Partido Popular, «esta ley ya estaría en vigor y esas personas ya no estarían aquí». Por ello, ha señalado que una de las prioridades del «próximo gobierno del PP será poner control a nuestras fronteras».

«España necesita inmigración y es bienvenida la inmigración que viene a trabajar, a adaptarse y a ser uno más, pero aquella inmigración que viene a crear problemas, la inmigración descontrolada y la inmigración que acaba, en muchos casos, colapsando los servicios sociales, es un tipo de inmigración que España tiene que evitar que se acabe consolidando», ha reivindicado.

A su juicio, «este tipo de inmigración de personas que entran en situación irregular acaba okupando de manera totalmente ilegal edificios y viviendas, o bien acaban viviendo en la calle». «Por tanto, estamos hablando de situaciones que en nuestro país no se puede permitir», ha añadido.

LEY ANTIOKUPACIÓN

García Albiol ha asegurado que la inmensa mayoría de okupaciones ilegales que se producen en el país «no son de personas vulnerables que no han podido seguir pagando la hipoteca o el alquiler», sino personas que «han convertido la okupación ilegal en un ‘modus vivendi’, en una forma de vida o que forman parte de las mafias de la okupación».

Se trata, según ha dicho, de una «inmigración irregular», ha dicho, que viene a España, «porque es de puertas abiertas absolutamente a todo el mundo que se quiera colar». Además, ha comentado que el problema de la okupación ilegal afecta «tanto a las personas de derechas como de izquierdas», al ser «transversal», por lo que requiere «darle una respuesta urgente».

En este sentido, ha destacado que la ley antiokupación, que elaborará si el PP gana las elecciones, permitirá que, «de manera inmediata, en cuestión de horas y en cuestión de muy pocos días, aquellas personas que se dediquen a dar una patada y meterse en un piso que no es suyo, tengan que salir».

Por su parte, el candidato al Congreso del PP por Álava, Iñaki Oyarzabal, ha expuesto la necesidad de tener un gobierno de España «capaz de articular leyes que permitan actuar».

«Eso es lo que nos jugamos el 29 de noviembre, de eso van estas elecciones, donde nos jugamos un gobierno que realmente se tome en serio la seguridad en la calle y se tome en serio la lucha contra la okupación y contra la delincuencia», ha manifestado.

DESALOJO «INMEDIATO»

Por último, el portavoz municipal y candidato del PP a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha reclamado, «de nuevo», al Ayuntamiento de la ciudad «el desalojo inmediato» de las antiguas fábricas de URSSA Y EGA. García Calvo ha reconocido que «no es una tarea fácil», pero ha rechazado resignarse a que «la ciudad y, en concreto el barrio de Adurza viva con miedo».

«Vemos como en Badalona, el alcalde, Xavier García Albiol, ha sido implacable contra la okupación ilegal y, por eso, cuando yo sea alcalde a partir del 24 de mayo, actuaremos con la misma contundencia para desalojar las lonjas okupadas y también las fábricas de URSSA Y EGA», ha prometido.

EN JUEGO LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Por la mañana y en Bilbao, El alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona al Congreso de los Diputados el 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha advertido que estas elecciones generales en España son «excepcionales» porque «nos jugamos seguir con unas instituciones democráticas tal y como las conocemos desde el año 1975».

García Albiol ha hecho estas consideraciones en un acto del partido en Bilbao en el barrio de San Francisco, en el que ha estado acompañado de la candidata popular al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, y de otros cargos y responsables del PP vizcaíno, entre ellos, su presidenta, Amaya Fernandez.

Tras afirmar que estaba «convencido» de que desde Bizkaia se iba a aportar «ese granito de arena para que el próximo 29 de noviembre en España se produzca el cambio que una mayoría de vascos, de catalanes y de españoles creen que es necesario», Albiol ha dicho que el PP no apuesta por «el cambio por el cambio» sino por aportar soluciones y reformas a problemas que «son coincidentes a ciudades como Bilbao o Barcelona, como la ocupación ilegal, la multirreincidencia, la inseguridad ciudadana o la inmigración irregular».

García Albiol ha explicado que ha recibido «el encargo muy concreto» de Alberto Núñez Feijóo de ser «el ponente de la futura ley contra la ocupación ilegal», una normativa que ha descrito como fundamental para abordar los problemas de convivencia en ciudades como Bilbao.

«Será una ley que tiene que permitir que, en 48 horas, aquel que pega una patada y se mete en un piso, en una casa o en un local que no es suyo, tenga que salir de manera inmediata», ha precisado.

García Albiol ha enfatizado que esta medida constituye «un mensaje muy claro a aquellos que se dedican a crear problemas con el resto de vecinos, aquellos que se creen que pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana» y ha subrayado que «es un mensaje que va dirigido a todos, que va dirigido a los españoles y que va dirigido a aquellos que han venido de fuera, pero que se creen que pueden actuar como les plazca».

El candidato popular ha denunciado que en España existe un problema de reincidencia delictiva «sin precedentes en Europa» y que «no puede ser que las policías detengan a un individuo, que se dedica a crear problemas de inseguridad, para que entre por una puerta y, a las pocas horas, acabe saliendo por otra», ha lamentado.

Albiol ha apuntado a la ocupación ilegal, la multirreincidencia y la inmigración irregular como «problemas prioritarios» que afectan al día a día de los ciudadanos en las grandes ciudades ya que, a su entender, «en España, si hay algún problema en estos momentos es aquello relacionado con los problemas de integración por parte de la inmigración».

Asimismo ha advertido que la situación actual es «insostenible» porque «una persona sabe que puede cometer un delito porque al final las consecuencias son muy relativas».

Por ello, ha recalcado que «esto no puede seguir así, no puede seguir con el tema de la ocupación y no puede seguir con el tema de la delincuencia común, que al final también la ocupación es una derivada de la delincuencia común».

PRIMERAS MEDIDAS

En este punto ha garantizado que «una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Nuñez Feijóo va a ser acometer esas reformas para que problemas como la multirreincidencia dejen de ser un dolor de cabeza para la inmensa mayoría de ciudadanos, para las autoridades y para la policía, como es la ocupación ilegal».

García Albiol ha diferenciado entre inmigrantes que vienen a contribuir y aquellos que pretenden delinquir y que el gobierno de Núñez Feijóo «será un gobierno que tenga claro que en España aquellos inmigrantes que vienen a trabajar y a adaptarse, son personas bienvenidas» pero «aquellos que vienen a aprovecharse del sistema, que vienen a aprovecharse de los servicios sociales que se prestan en nuestro país, que vienen a delinquir y a crear problemas de convivencia, estas personas no son bienvenidas», ha señalado.

Tras afirmar que el PP defiende establecer una política de tolerancia cero frente a la delincuencia, sin distinción de nacionalidad, ha reiterado el mensaje de que «aquel que delinque y es español, a prisión»; y que, «aquel que delinque y es extranjero, avión y de vuelta a su país», ha enfatizado.

A «esa gente», ha proseguido, «ni la queremos ni la tenemos que mantener, porque los servicios sociales, las ayudas a los ciudadanos tienen que ir destinadas a esas personas que, de verdad, lo merecen, no aquellos que han convertido su forma de actuar en un ‘modus vivendi’ basado en vivir del sistema o en crear problemas», ha zanjado.

Tras reiterar que el PP será «muy contundente» en la aprobación de medidas legislativas que favorezcan a los vecinos porque la solución definitiva es una modificación legal y que el Congreso de los Diputados legisle lo que no ha ocurrido durante estos ocho años, ha defendido introducir «medidas en favor de los vecinos y de aquellas personas que quieren vivir en paz».

ESTHER MARTÍNEZ

Por su parte, la candidata del PP al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha denunciado la situación de inseguridad que atraviesa el barrio bilbaíno de San Francisco y ha acusado al PNV de haber «abandonado a sus vecinos, permitiendo que los problemas de delincuencia y convivencia se agraven sin ofrecer soluciones eficaces».

Tras reclamar medidas «urgentes» para recuperar la seguridad en el barrio, ha criticado que el Ayuntamiento sustituya las medidas de seguridad por murales decorativos y actividades deportivas mientras a los vecinos que denuncian el deterioro de la convivencia y el aumento de la delincuencia se les califica de racistas por reclamar mayor seguridad y convivencia».

Tras preguntarse si «es racista reclamar convivencia y libertad o pedir orden y seguridad», ha asegurado que no quiere «una sociedad multicultural sino una sociedad plural donde cada uno puede pensar, sentir y vivir como quiera, pero la ley tiene que ser exactamente igual para todos».

Martínez ha coincidido con Albiol en que «para el PP la tolerancia con la delincuencia es cero» y ha lamentado por último que un barrio neurálgico de Bilbao como San Francisco, «situado en pleno centro de la ciudad», se haya convertido en «una zona a la que muchos bilbaínos evitan acudir por miedo a sufrir algún incidente».

Javier de Andrés ve «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana

Calparsoro no cree que incrementar penas sea una solución y defiende ser más eficaces en la aplicación de las normas y contar con más juzgados

SAN SEBASTIÁN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) –

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que hay «falta de ambición» en el Gobierno vasco para afrontar el incremento de la inseguridad ciudadana y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha afirmado que no cree que el incremento de las penas sea la solución en este tema porque «a veces, es más importante ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen, que elevar las penas».

Estas manifestaciones han sido realizadas en San Sebastián en el acto de clausura de la jornada sobre seguridad ciudadana organizada por la Fundación Popular de Estudios Vascos en la que han participado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, el comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña y la parlamentaria del PP y portavoz en materia de seguridad, Ainhaoa Domaica.

En la jornada, el PP ha ofrecido datos del Ministerio de Interior y ha señalado que, entre 2023 y 2024 el índice de criminalidad ha crecido un 3,3% y ha indicado que son «especialmente preocupante» los homicidios dolosos y asesinatos, ya sean consumados, como en grado de tentativa. También ha subrayado el aumento de más de un 11% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, del 27,4% de los delitos contra la libertad sexual.

El líder del PP vasco ha afirmado que la seguridad ciudadana en Euskadi es «una responsabilidad compartida» con la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha destacado las posibilidades que tiene una policía con una dimensión nacional frente a policías locales o la policía autonómica que pueden tener «más dificultades» a la hora de resolver delitos.

Javier de Andrés ha manifestado que, efectivamente, está incrementándose «la inseguridad ciudadana» en Euskadi, y hace que sea el principal problema de los vascos, particularmente en zonas urbanas. «Sin embargo, el Gobierno vasco no quiere que esto se sepa», ha apuntado.

A su juicio, lo que se percibe es que el Gobierno vasco no se ha dado cuenta de la realidad y dice que la falta de seguridad es una «cuestión de percepción» cuando los «datos de delincuencia son objetivos y reales».

Javier de Andrés ha criticado que los recursos al Departamento de Seguridad no han crecido «lo que ha crecido la media del conjunto del presupuesto vasco» y ha asegurado que «no hay nada peor que pensar que la seguridad está peor en otros lugares» porque denota «falta de ambición». «Lo que tenemos que evitar es que los delitos sean cada vez más y que los delitos sean cada vez más graves», ha añadido.

También ha defendido que hacen falta medios como las pistolas taser o que un policía pueda detener «a una persona que está exhibiendo una navaja». Junto a ello, ha demandado una comprensión hacia quienes actúan contra el delito y ha criticado la «tolerancia política, social y de los partidos políticos hacia la ocupación, lo que hace que crezca. Ha advertido de que la «multirreincidencia» es «hoy un problema mucho más grande de lo que lo fue antes» y hay que corregirlo.

https://twitter.com/JavierDeAndres_/status/1934539684555718873/video/1

Por otra parte, se ha referido a las palabras del Lehendakari, Imanol Pradales, del peligro de unir migración y delincuencia y ha manifestado que hay que conocer la actual realidad sociológica.

Según ha indicado, «alguien, si es muy racista, igual piensa que es por una cuestión de raza» pero si se va a los hechos lo que se encuentra es que son personas «sin hogar, que no tienen recursos, que tienen una formación en su origen que no respeta igualmente la cultura y los determinados elementos de la convivencia».

«En definitiva, lo que hay que tener es conciencia de cuál es la realidad sociológica. Y eso también explica por qué en Irun y en San Sebastián es donde hay más delitos», ha manifestado.

CALPARSORO

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, ha asegurado que, efectivamente, se viene produciendo un aumento de los delitos en los últimos años en el País Vasco y también en Gipuzkoa.

Según ha apuntado, ese incremento afecta, de manera «muy importante», a delitos contra la libertad sexual, además de los delitos como robos con violencia e intimidación.

A su juicio, se podría mejorar mucho la respuesta si los instrumentos con lo que se cuenta «se aplicasen correctamente», sobre todo los juicios rápidos, y en los casos que se aprecie por la fiscalía y por el juzgado, las prisiones provisionales.

Tras indicar que la prisión es el «último recurso», ha señalado que «lo ideal» sería que se pudiera hacer un juicio rápido y que «en 15 días esa persona esté juzgado y condenado o absuelto».

Calparsoro ha añadido que no siempre el incremento de las penas es la solución y, «a veces es más importante, ser más eficaces en la aplicación de las normas que existen que elevar las penas».

Por otra parte, sí cree que harían falta más juzgados y también un aumento de las plantillas de fiscalía. No obstante, ha manifestado que, con los medios actuales, también hay que actuar e igual se puede cambiar algún tipo de procedimiento o protocolos.

Calparsoro sí cree que habría que «mejorar mucho» la tipificación de ciertos delitos, y, en relación a la multirreincidencia, se han introducido modificaciones pero luego hay una serie de requisitos que hace que sea «muy difícil que se pueda aplicar».

COMISARIO

El comisario de la Ertzaintza, Xabier Peña, ha indicado que hay un alza de las tasas delincuenciales «año tras año» y ha recordado que Euskadi hace unos años tenía «de los mejores números que había a nivel nacional», pero «poco a poco», han ido subiendo y se han ido igualando con la tasa de la media del Estado.

Ha añadido que todos los estudios apuntan que lo que «más alarma de inseguridad» genera en la ciudadanía son los delitos contra la libertad sexual y todos los delitos contra el patrimonio, con o sin violencia.

Asimismo, el comisario ha señalado que el uso de armas blancas es una «variable de riesgo» y para la Ertzaintza es «prioritario». También ha aludido a los «multirreincidentes» porque, de cada diez personas que se detienen, cuatro lo son porque tienen cinco, diez, 15 o 20 detenciones. «Le tienes allí unas horas, al día siguiente pasa el juez y vuelve a quedar libre», ha agregado.

El comisario de la Ertzaintza ha añadido que los medios materiales y humanos tienen que mejorar en todos los ámbitos, no solo en el policial, sino también en el jurídico. En el ámbito policial, ha citado la necesidad de llegar los 8.000 ertzinas y la pistola taser.

Según ha valorado, ahora no están los 8.000 agentes previstos y ha indicado que el día que lleguen a esa cifra se deberá hacer un debate sobre «si es el número ajustado o hay que ampliar la plantilla».

Asimismo, ha indicado que hay que concienciar a los jóvenes porque siguen teniendo «unos valores machistas» que perpetúan «el sistema de maltrato».

Por su parte, Ainhoa Domaica, parlamentaria del PP, ha señalado que, según los datos, se ha dado un «incremento muy importante de delitos en Euskadi» y cree que no se puede permitir que haya un Gobierno Vasco que hable de «percepción de inseguridad». Por ello, ha acusado al Ejecutivo de «minimizar» los datos.

Domaica ha instado a abordar el problema del uso de las armas blancas y a introducir modificiaciones legislativas en este ámbito. Asimismo, ha señalado que tiene que haber un compromiso del Gobierno vasco por dotar a la Ertzaintza con los 8.000 agentes previstos y de pistolas taser, y ha reprochado al Gobierno vasco que «este empeñado en asumir más competencias con una Ertzaintza que no llega con las competencias que tiene actualmente».

«Creo que hay veces que hay que endurecer las leyes para que el que vaya a hacer algo piense que no le sale gratis y aquí ya no haya tanta impunidad como había hasta ahora», ha concluido.