La parlamentaria Ana Morales explica que se trata de «introducir más equilibrio» en las adjudicaciones en favor de solicitantes con arraigo
VITORIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En rueda de prensa, la parlamentaria Ana Morales ha explicado que la PNL pretende «introducir más equilibrio en las adjudicaciones de vivienda protegida» actuales.
«La prioridad del Gobierno vasco en ese sistema de adjudicación son las personas más vulnerables, las personas de rentas más bajas. Nosotros no criticamos que esto sea así, pero vemos que, como se construye muy poco, hay segmentos de la población, sobre todo de rentas medias, que nunca van a poder alcanzar esas viviendas protegidas», ha asegurado Morales.
La parlamentaria ha recordado que en 2025 «tan solo se adjudicaron 1.013 pisos sociales para casi 100.000 demandantes inscritos en Etxebide», cifras que «no dan para atender la demanda que hay» y apunta a las «trabas que ponen PNV y PSE» a la construcción de VPO.
Así, ha afirmado que «la clase media se siente muchas veces abandonada por las instituciones, expulsados por el mercado libre, por los altos precios y sin atender, porque el Gobierno vasco tampoco ejecuta los programas de vivienda destinados específicamente a la clase media».
CLAMOR
Morales ha trasladado que la iniciativa, registrada para su debate en Pleno, pide cinco años de empadronamiento previo para poder acceder a la vivienda protegida en régimen de alquiler. «Lo pedimos porque es un clamor ya, está en la calle, los ciudadanos vascos piden priorizar el arraigo, y lo pedimos también porque consideramos que la acogida e integración de quienes vienen de fuera no puede hacerse a costa de quienes ya están aquí», ha argumentado, por lo que apuesta por «buscar un equilibrio».
Pese a ello, contempla excepciones como la vinculación laboral, ya que en el caso de quienes acrediten una actividad laboral «el empadronamiento exigible será de los últimos 3 años». «Es una forma de refuerzo en positivo de esa inmigración que nos hace mucha falta, que viene a trabajar y que se esfuerza todos los días por integrarse a través de un empleo», ha explicado.
Además, estarán exentas de plazos de arraigo las personas retornadas del extranjero a Euskadi si es su comunidad de origen y las víctimas de violencia de género o terrorismo.
INTEGRACIÓN CON EMPLEO
Por otra parte, ha denunciado que el sistema actual «no funciona para fomentar la integración a través de un empleo», y ha recordado que el 42% de quienes perciben ayudas sociales o RGI son extranjeros y el 22% «llevan diez años cobrándola». «Está claro que nuestro sistema perpetúa y cronifica a quienes cobran una ayuda social y no les ayuda a integrarse», ha criticado.
Según las cifras aportadas por Morales, el 35% de las inscripciones en Etxebide para una VPO corresponde a personas extranjeras «y la ciudad de Vitoria se lleva la palma con un 50%».
«Lo vemos también en la prestación complementaria de vivienda, la que está vinculada a la RGI, el número de beneficiarios extranjeros ha crecido más de un 33% en los últimos cinco años y los beneficiarios nacionales de esta prestación resulta que bajan», ha afirmado, para añadir que los beneficiarios extranjeros de la prestación económica de vivienda «han subido más de un 3.800%, casi el triple de lo que crecen los perceptores nacionales».
Por ello, considera Morales que debe fomentarse «esta medida de discriminación positiva» porque el Gobierno vasco, entiende, «está protegiendo y fomentando de forma insuficiente ese criterio del arraigo».
«Creemos que nuestra capacidad de acogida es limitada, que no puede ser que la integración de quienes vienen de fuera sea a costa de perjudicar a quienes ya están aquí, y creemos que un pilar fundamental de esa integración y de esa acogida debe ser la integración a través del empleo, lo que realmente va a favorecer una acogida y una integración plena», ha concluido.
