De Andrés cree que la legislatura va “muy lenta” y critica que no se haya activado tres meses después de las elecciones

Solicitará al lehendakari en la ronda de partidos “cambios importantes” en las políticas de vivienda, sanidad, educación, seguridad y RGI

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha lamentado que, tres meses después de las elecciones vascas, “no se ha activado” todavía la legislatura, que va “despacio y muy lenta” y no se han nombrado siquiera los viceconsejeros.

De Andrés ha hecho esta valoración en una comparecencia tras reunir al comité de dirección del PP vasco para analizar la situación política vasca y los temas que el partido pondrá sobre la mesa en su encuentro con el nuevo lehendakari durante su ronda con los partidos del arco parlamentario vasco.

Tras lamentar que no se haya podido aprovechar el mes de julio para comenzar a “analizar y controlar” la acción de gobierno, así como para conocer las propuestas de los diferentes Departamentos, De Andrés ha trasladado las cinco áreas en las que el PP considera “prioritario” intervenir, y sobre los que va a pedir al lehendakari, en la ronda con los grupos, “un cambio” sobre las políticas llevadas a cabo por anteriores gobiernos.

Las cinco áreas que “no funcionan” son vivienda, sanidad, educación, seguridad y el modelo actual de la RGI, materias donde el PP vasco observa “problemas a resolver” pero que fueron “los mismos gobiernos de PNV y PSE quienes son responsables de su situación”.

En este punto, el presidente del PP vasco ha anunciado que, en su encuentro con Imanol Pradales, le va a pedir “cambios importantes” en todas estas áreas, que proponga “planes concretos” y no se limite a hacer propuestas solo para “callar bocas para luego seguir haciendo lo mismo”. “Ahí, el PP no va a estar”, ha confirmado.

Desde su punto de vista, Pradales “tiene que ser consciente de que la políticas que han llevado hasta ahora PNV y PSE son las que nos han traído a este punto y no es un punto adecuado”, ha enfatizado.

Tras recordar que ambos partidos gestionan estas cinco materias desde 1986, Javier De Andrés ha trasladado que deben ser “conscientes de que las cosas no las han hecho bien y de que tiene que haber un cambio importante” en sus políticas.

En este punto ha anunciado que, “si de verdad el nuevo gobierno tiene realmente voluntad de mejorar las cosas y no de hacer un continuismo que les garantice la permanencia en el poder”, lo que tiene que hacer es “revisar todo lo que ha hecho y advertir los errores que ha cometido y corregirlos”.

Si se limitan a ello, ha proseguido, “desde luego que nosotros vamos a estar ahí para advertirlos” igual que, si realmente hay una voluntad por su parte de corregir los problemas que nos han traído hasta aquí, estaremos ahí para colaborar, contribuir y ayudar”.

En su análisis, De Andrés ha afirmado que, en materia de vivienda, se ha seguido la “línea contraria” si se quería resolver el problema, especialmente para los 60.000 jóvenes demandantes de vivienda en Euskadi y con políticas dedicadas a “contraer la oferta”, con apenas 3.000 viviendas de nueva construcción para más de 100.000 demandantes.

En Educación, ha lamentado que “se pierde calidad” año tras año, mientras que en materia de Seguridad, Euskadi tiene “un tremendo problema de inseguridad creciente”, especialmente en las tres capitales, donde se disparan los índices de delincuencia, al igual que los casos de violencia sexual, que ha calificado de muy “preocupantes”.

En Sanidad, ha apuntado como gran problema la “eventualidad” de las plantillas, que supera el 50% lo que lleva a los profesionales a irse de Euskadi y buscar empleo “fuera” donde encuentran mejores condiciones.

Por último se ha referido al modelo actual de RGI, donde ha definido como un “escándalo” los pagos indebidos detectados de 55 millones, “no por fraudes, sino por fracaso de la propia administración, que es quien ha hecho esos pagos indebidos” y confirma, a su entender, “que está pésimamente gestionada”.

De Andrés ha confirmado que pedirán a Imanol Pradales “un replanteamiento y una revisión integral del modelo de RGI actual” para que responda al motivo por el que está gestionado por Lanbide. “Convertir el modelo de ayuda social en un modelo que vaya dirigido a la integración de estas personas en el mercado laboral, del que han sido excluidas”, ha enfatizado.

EVITAR EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Por otra parte, el presidente del Partido Popular del País Vasco ha afirmado que cualquier operación para disponer de los “recursos necesarios”, como desplegar la Armada para bloquear en el mar la llegada de migrantes a España, es “adecuada” si ayuda a “evitar el tráfico de seres humanos y el drama que se está produciendo en el mar, con muertes que ni siquiera conocemos su número”.

Cuestionado por su valoración de la petición realizada por el portavoz del PP en el Congreso de desplegar la Armada para evitar la llegada de cayucos a la costa española, Javier De Andrés ha recordado que “no sería la primera vez que la Armada interviene en relación a este tipo de situaciones”.

“Yo creo que cualquier operación que disponga de los recursos que sean necesarios para evitar el tráfico de seres humanos y evitar el drama que se está produciendo en el mar, con muertes que no sabemos ni siquiera el número, es adecuada”, ha manifestado.

A su entender, estos problemas “se tienen que resolver en origen y es donde no se está haciendo nada”, ha lamentado, para añadir que, desde su punto de vista, “es precisamente el no intervenir en origen, para impedir que se produzcan esos embarques tan arriesgados y que producen tantas muertes, es lo que se tiene que corregir”.

En su opinión, “es ahí donde tendría que estar el Gobierno de España y no lo está haciendo; y eso es lo que conduce a estas situaciones deplorables”.

En este punto ha criticado las valoraciones sobre este asunto del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien ha asegurado que le da “un poco de vergüenza que se atreva él a hablar de cómo se tienen que tratar a los inmigrantes, con el historial que lleva detrás”.

A su entender, en primer lugar, Marlaska no tendría que ser ya ni ministro; precisamente por esta causa y por su responsabilidad en materia de inmigración, entre otras muchas”.

En este sentido ha añadido que, tras escucharle “dando lecciones”, en su opinión, “no está para dar lecciones a nadie porque es uno de los responsables de los dramas que hemos vivido y que no se habían producido jamás en España” y lo que tenía que haber hecho ya es atender a sus “propios errores, de los cuales tenía que haber dado cuenta hace tiempo”.

PP apuesta por una “migración legal, ordenada y vinculada al empleo”

Zarzalejos e Iturgaiz dicen que las fronteras “no pueden ser permeables”, como gusta a la izquierda

BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) – Los candidatos vascos al Parlamento europeo por el Partido Popular, Javier Zarzalejos y Carlos Iturgaiz, han afirmado que hay que actuar contra la migracion irregular y expulsar a los que “entran incumpliendo la ley”. Además, han alertado, en concreto, contra los “irregulares que vienen a distorsionar la seguridad”.

Ambos han celebrado este miércoles un acto electoral en Getxo (Bizkaia), donde el pasado fin de semana falleció un joven tras ser apuñalado mortalmente, unos hechos por los que fueron detenidos cinco menores de edad.

Carlos Iturgaiz ha iniciado su intervención, condenando lo ocurrido, y ha mostrado sus “condolencias y el dolor” y las del PP por el asesinato de este joven. Iturgaiz ha asegurado que su partido “está haciendo y va a seguir haciendo todo lo posible para que Getxo sea un espacio de libertad, de tranquilidad, de serenidad, de prosperidad”, y que no vuelvan a ocurrir en Euskadi “asesinatos terribles”.

El candidato del PP ha afirmado que existe “un reto muy importante” que es tomar medidas ante la situación de los inmigrantes irregulares que llegan al País Vasco. “El PP lo tiene muy claro, estamos a favor de la migración regulada y estamos en contra de la migración irregular. Y cuando los irregulares, además, vienen a distorsionar la seguridad y la paz en nuestra tierra, todavía con más ahínco estamos en esta decisión”, ha añadido.

Asimismo, ha indicado que “las fronteras no pueden ser permeables como le gusta a la izquierda y a la extrema izquierda”, sino que tienen que ser “delimitadas de alguna manera”.

Carlos Iturgaiz ha defendido que el Estado “tiene que regular la migración y “no lo pueden ser las mafias, ni de un lado ni del otro lado, ni las de un lado del Estrecho ni las del otro lado del Estrecho”.

Por último, ha asegurado que el PP siempre ha trasladado que los inmigrantes que han entrado “por vías no habilitadas, incumpliendo la ley y que no necesitan protección internacional deben ser devueltos y expulsados a sus países de origen”.

ZARZALEJOS

Zarzalejos también ha mostrado su pésame y condolencias a la familia del joven asesinado y ha indicado que han querido venir a Getxo a hablar de “sus respuestas” y solidarizarse “con los que han sufrido la violencia, mientras otros se dedican a montar broncas con Argentina o manipulan la causa palestina para ocultar sus problemas domésticos”.

El europarlamentario se ha referido a la inmigración y el asilo y ha querido empezar por “desmentir algunos mitos”. En este sentido, ha asegurado que España es “un país que acoge y que integra”, ya que el 17% de los residentes en España no han nacido en suelo español. “No es cierto, por tanto, que España sea un país refractario a la inmigración, más bien al contrario, tenemos una capacidad de integración muy superior a otros países”, ha añadido.

Según ha manifestado, quieren que la inmigración “siga siendo parte de la solución y no parte del problema” y ello conlleva que hay que fomentar la inmigración legal.

Javier Zarzalejos ha asegurado que hay sectores económicos que “no podrían funcionar sin la inmigración”. “Y esa es la inmigración que queremos, el de la inmensa mayoría de los inmigrantes que actúan en la legalidad, que trabajan, que buscan en España oportunidades que no han tenido en sus países de origen y colaboran con el progreso de la sociedad”, ha remarcado.

En este sentido, ha apostado por una inmigración “legal, ordenada y vinculada al empleo”. Además, ha defendido que “quien quiera la protección de la ley va a tener que cumplir con la ley y quien no cumpla con la ley, simplemente no puede formar parte de esta sociedad”.

“Y este es un principio que nosotros vamos a asentar y a hacer efectivo, gracias a que, entre otras cosas, a que por primera vez contamos con un marco jurídico, el famoso Pacto de inmigración y asilo, que va a permitir un control eficaz de nuestras fronteras, con procedimientos estrictos y breves, para saber quién entra y en qué condiciones entra, porque va a permitir que aquellos que se encuentren en situación irregular puedan ser devueltos a sus países de origen, cosa que en este momento apenas está ocurriendo”, ha añadido.

Asimismo, ha indicado que va a permitir que la UE actúe contra aquellos países que quieren utilizar la inmigración como “un arma de presión y de desestabilización, ya sea Bielorrusia o Marruecos”.

“No queremos que la inmigración legal que trabaja, que ayuda al progreso y al desarrollo de la sociedad, sea manchada por aquellos que lo que hacen al final es ser víctimas de las mafias y engordar los peores negocios. Por tanto, quien entre será identificado y sabremos quién es. Será el Estado el que decida quién entra, no las mafias”, ha manifestado.

Zarzalejos ha indicado que van a actuar sobre el negocio del tráfico de personas y favorecer que quienes “quieran realmente formar parte de la sociedad tengan todos los beneficios que la sociedad concede y que quienes quieran desafiar el orden, la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de los ciudadanos, no formen parte de una sociedad”.

En su intervención, ha destacado que el PP quiere hablar de “cosas que son relevantes para los ciudadanos y pocas cosas hay más relevantes para los ciudadanos como su seguridad”. En este sentido, ha señalado que en Europa todos los años hay 70 millones de ciudadanos europeos que son víctimas de delito.

Ante esa situación, ha manifestado que el PP puede ofrecer “una hoja de servicios” que dice “muy claramente” que su partido “ha estado en la vanguardia para reforzar todos los medios, los instrumentos y la cooperación necesaria para actuar contra la delincuencia”.

Tras apuntar que nos enfrentamos a nuevas formas de delincuencia, como la relacionada con internet y asegurar que en España los delitos están “en máximos” como el caso de las agresiones sexuales, ha manifestado que, ante esta “enorme alarma social”, han querido reforzar los mecanismos de cooperación policial en Europa y también los de cooperación judicial a través de la Euroorden y “reforzar Europol”.

Javier Zarzalejos ha señalado que cuando hablan de seguridad de lo que están hablando es de “tranquilidad y convivencia”, de que sean “los ciudadanos los dueños del espacio público, no los delincuentes o las mafias”.

Por otra parte, ha asegurado que los populares han hecho un trabajo “muy satisfactorio de acuerdo y de consenso” con los demás grupos para que haya una ley europea que prevenga e identifique y que castigue “toda la difusión de los materiales de abuso sexual infantil en la red”.

Se trata, según ha apuntado, de un “fenómeno verdaderamente terrible” contra el que hay que actuar. Por ello, el Parlamento propone una ley que “va a obligar a las compañías tecnológicas a vigilar y a responsabilizarse de que sus servicios no sirvan para difundir este tipo de material de abuso sexual infantil” y también se van a introducir obligatoriamente en los dispositivos medios de control parental para que los padres “puedan proteger a sus hijos frente a estos riesgos” y se establezcan medidas “eficaces que impidan el acceso libre de los menores a aquellas plataformas que distribuyen contenido pornográfico”.

Zarzalejos ha señalado que su partido se ha “preocupado de las víctimas” y, en este sentido, ha mostrado su satisfacción porque han liderado la nueva directiva de víctimas que, entre otras cosas, “obliga a los Estados a impedir actos de enaltecimiento de los criminales, cualquiera que sea su forma” y que “va a proteger a los más vulnerables cuando inician un procedimiento judicial”.