El Partido Popular critica que el PNV «vota sistemáticamente posiciones de Sánchez»

Nadal advierte en Vitoria que el Gobierno «pierde el tiempo» ante las oportunidades para la economía y va «en dirección contraria»

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS y REDACCIÓN) – El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha lamentado que el Partido Nacionalista Vasco «vota sistemáticamente las posiciones de Sánchez» y, de hecho, «cuando ha descarrilado una posición extrema, la ha hecho descarrilar Junts, no el PNV».

Durante su intervención en ‘Foro Capital’ en Vitoria-Gasteiz este martes, Nadal se ha pronunciado de este modo tras ser cuestionado si ve posible que su partido pueda alcanzar acuerdos en materia económica con el PNV o si comparte con el PP vasco que es una ‘muletilla’ de Pedro Sánchez.

Tras recordar los pactos logrados por gobiernos del PP en relación al Concierto o los presupuestos generales del Estado, ha señalado que actualmente en el Congreso de los Diputados «votan sistemáticamente las posiciones de Sánchez».

«Es más, cuando ha descarrilado una posición extrema por parte del Gobierno, quien la ha hecho descarrilar ha sido Junts, no ha sido el PNV», ha advertido el vicesecretario del Partido Popular, que ha dicho coincidir con sus compañeros del PP vasco en sus críticas a la postura de los jeltzales.

EFICIENCIA

Alberto Nadal ha sido presentado en ‘Foro Capital’ por el presidente del PP vasco, Javier De Andrés. Durante su intervención, De Andrés ha recordado que Nadal lideró desde la Oficina Económica del Gobierno los presupuestos en el año 2018, que estuvieron vigentes el 18, 19 y el 20. Aquellos presupuestos los aprobó el conjunto del arco parlamentario íntegramente, primero el Partido Popular cuando se presentaron inicialmente; y en la ratificación todo el resto del arco parlamentario, «una cosa que solamente tienes tú en tu haber y creo que no se volverá a repetir».

El líder de los populares vascos ha valorado que lo que Alberto Nadal hizo con aquellos presupuestos, el planteamiento que él formuló y venía haciendo ya del tiempo atrás, «es un proyecto muy ambicioso que no consiste simplemente en gastar dinero público, sino en gastarlo realmente bien, en hacer inversiones, en usar la eficiencia, que es un concepto que a veces se olvida dentro del sector público. Solamente se busca la utilidad de las decisiones y no la eficiencia. Y yo creo que él es un experto en eficiencia y conoce maravillosamente bien la economía y el mapa económico del conjunto de España».

EN DIRECCIÓN CONTRARIA

Por otra parte, durante su intervención, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido de que no es posible «un programa de modernización y desarrollo de la economía española para que su renta converja con los de los países más avanzados» con un gobierno que «va siempre en dirección contraria» y, además, «no tiene mayoría para hacer absolutamente nada». «Tenemos una grandísima oportunidad de convertir a España, por primera vez, en una zona de primer orden en la economía mundial y estamos perdiendo el tiempo miserablemente», ha lamentado.

Nadal ha analizado las claves y retos de la economía española en el actual contexto mundial en el que, ha subrayado, «solo se habla de dos cosas: energía e inteligencia artificial». «Y nosotros hablamos de Koldo y de Ábalos», ha lamentado.

Tras analizar las «ventajas» de España por su situación geográfica, sus recursos en renovables, profesionales «competitivos» o el hecho de que Internet haya hecho «romper la distancias» en la absorción de tecnología, ha confiado en que, por primera vez, el país puede «sumarse a un proceso de revolución tecnológica como lo está experimentando el mundo desde el primer momento y subirnos al carro desde el primer momento».

Entre los factores que es necesario trabajar para «ser Alemania en una generación», ha señalado la necesidad de mejorar la tasa de ocupación, según ha advertido actualmente diez puntos por debajo de Alemania pese a ser «el país de Europa que más inmigración está recibiendo».

En este sentido, ha criticado que «los incentivos de trabajar frente a no trabajar se han ido estrechando» porque se crean «sistemas de sostenimiento sin contrapartidas» y, al mismo tiempo, se «erosionan» las rentas de los que trabajan al «no actualizar» las tarifas en el IRPF. «No existen incentivos para que trabajar rente y esto hay que revertirlo de manera inmediata», ha manifestado.

Nadal ha apostado por «ir a un modelo de crecimiento basado en la productividad», para el que, ha advertido, se necesita atraer inversión con una rentabilidad «mucho más alta». En esta línea, ha abogado por reducir impuestos, especialmente los relacionados con la atracción de capital, retención de talento y la tecnología.

Asimismo, ha apuntado que, dado que la población está envejeciendo con el consiguiente incremento del gasto en pensiones y sanidad, y hay que «acomodar» el gasto en defensa, es preciso «hacer crecer el gasto mucho más despacio de lo que crece la economía, al contrario de lo que se ha hecho hasta ahora». Para ello, ha añadido, es necesario «un esfuerzo continuo» de eficiencia en el gasto público.

En otro orden de cosas, ha apelado a una política energética «sensata» que equilibre la seguridad de suministro, la cuestión medioambiental y el coste. En este ámbito, se ha mostrado partidario de «revertir el calendario de cierre» de las centrales nucleares y ha señalado la importancia de «más demanda y más generación del sistema».

Por otro lado, ha criticado que España cuenta con «un sistema económico con un exceso de regulación que muchas veces ya ni se acuerda por qué está la regulación o simplemente se utiliza para mantener cuerpos burocráticos que ya han dejado de tener sentido». Al respecto, ha cuestionado también «la lentitud» del sistema judicial, así como la existencia, actualmente, de «órganos reguladores mediatizados políticamente».

Nadal ha planteado la necesidad de actuar en la formación con la FP como «clave» e impulsar la inversión en tecnología e introducirla en el aparato productivo y crear «nuestro propio nicho de mercado dentro del proceso de transformación de la economía mundial que supone la IA».

«Por primera vez tenemos una oportunidad de subirnos al carro desde el principio, los instrumentos para que España forme parte de una revolución tecnológica, lo que hace falta es poner los medios adecuados, la lesgislación adecuada y la flexibilidad adecuada para que esto se vaya a hacer», ha señalado.

Sin embargo, a su entender, «un programa de modernización y desarrollo de la economía española para que su renta converja con los de los países más avanzados y elevar de verdad y de forma sostenible nuestro nivel de vida, y al mismo tiempo tener una política medioambiental sensata, no es posible con un gobierno que lo que hace va siempre en dirección contraria» y, además, «no tiene legislatura».

«Más que lo que hace, que ya es suficientemente grave, es lo que no hace. Y lo que no hace es imposible que lo haga cuando se mantiene a trancas y barrancas con un parlamento al que no se atreve a enviarle ni un proyecto de ley y todos son reales decretos a susto o muerte. Este gobierno tiene solo un objetivo, cada día durar un día más, no tiene ningún objetivo de modernización del país ni ningún objetivo a largo plazo porque no tiene mayoría para hacer absolutamente nada», ha criticado.

Según ha advertido, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede mandar una sola ley a la Cámara, no tiene presupuesto y tiene que hacer chapuzas contables continuamente para sobrevivir», el mundo «está cambiando a una velocidad de vértigo».

«Tenemos una grandísima oportunidad de convertir a España, a su sector industrial a sus regiones punteras por primera vez en zonas de primer orden en la economía mundial y estamos perdiendo el tiempo miserablemente», ha lamentado.

Entre las medidas que considera más urgentes si su partido gobierna el país, el responsable de Economía del PP ha citado la necesidad de «revertir la extracción de renta brutal» a las clases medias que ha hecho la Hacienda Pública y que «hace daño especialmente a aquellas familias de clase media que han hecho un esfuerzo en su vida para formarse o para tener experiencia y sobre todo a las que tienen hijos».

Asimismo, ha señalado que «tiene que haber un plan de urgencia, máximo 12-18 meses, para resolver los problemas de acceso a la red eléctrica» porque está «asfixiando» la inversión e, incluso, la entrega de viviendas.

Por lo que respecta al problema de vivienda, ha apostado también por «un plan de choque normativo para agilizar los trámites» y ha advertido de que «no es que no haya suelo, lo que no hay es suelo urbanizable en cantidades suficientes». Según ha precisado, «el precio no es el culpable de la escasez, es la consecuencia de la escasez».

SUICIDIO

Asimismo, preguntado por la posibilidad de que la actual coyuntura mundial derive en una crisis, ha admitido que «no es nada bueno la elevación de los precios de la energía como consecuencia de un conflicto».

Según ha indicado, si es temporal, es preciso «sostener las rentas de aquellos que son más afectados» pero, si es permanente por «destrucción de infraestructura energética en el Golfo Pérsico», es preciso «acelerar los procesos de sustitución de hidrocarburos por alternativas para hacer menos dependiente la economía».

En este marco, ha planteado que «Europa necesita su proceso de descarbonización y hay que mantener la línea estratégica de descarbonizar no sólo por motivos medioambientales, sino por motivos geoestratégicos». «Desengancharnos de los hidrocarburos es como un seguro», ha señalado.

En su opinión, «la pregunta es cuánto estamos dispuestos a invertir para hacer eso frente al coste de la volatilidad, sabiendo que el resto del mundo ya no nos sigue». En este sentido, ha apuntado que Europa tiene que «mantener esa línea estratégica» pero «al ritmo que la demanda y la tecnología permite».

«No podemos acelerar los procesos de manera ideológica, sin tener la tecnología disponible, sin haber la demanda disponible, creando un suicidio para nuestra agricultura y para nuestra industria», ha concluido.

De Andrés apela al PNV para la moción de censura después de que el Gobierno les niegue «datos de regularización»

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha dicho que no sabe cómo el PNV y Junts «no están pidiendo al Partido Popular, de una vez, una moción de censura para quitar» a Pedro Sánchez» del Gobierno después de haberse conocido que ha «declarado secretos» documentos sobre la regularización de migrantes, que, a su juicio, puede incidir en los votos en elecciones y llevar a «una situación irreversible a Euskadi, a Cataluña y al conjunto de España».

De Andrés, en un vídeo su cuenta de X, señala que el Gobierno ha declarado «secretos documentos relativos a la regularización masiva de migrantes». «No nos quieren dar ni el número, ni los datos de delitos que hubieran podido cometer, ni los antecedentes policiales», ha indicado.

A su juicio, «esto ya no solamente afecta a los servicios, a la seguridad», sino que también «puede afectar al voto en España hasta un punto irreversible».

«Yo no sé cómo de verdad el PNV y Junts, que dicen querer tanto a su tierra, no están pidiendo al Partido Popular de una vez una moción de censura para quitar a Sánchez y este peligro que, además, puede conducir a una situación irreversible para Euskadi, para Cataluña y para el conjunto de España», ha indicado.

El PP vasco presenta su respeto a Garaikoetxea que puso en marcha las principales instituciones en una época con «todo por hacer»

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) – La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido Knörr, ha presentado «sus respetos» a exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, que «puso en marcha las principales instituciones» en una época con «todo por hacer».

Garrido, junto al diputado en el Congreso Carmelo Barrio, se ha acercado al Palacio de Ajuria Enea, donde se ha instalado este miércoles la capilla ardiente con los restos mortales del exlehendakari Carlos Garaikoetxea para mostrar su «respeto a la figura institucional de quien fue el primer Lehendakari de la democracia».

La representante popular ha recordado que a Garaikoetxea «le tocó una época en la que estaba todo por hacer, todo por construir». «Y se construyó la comunidad autónoma actual, con la aprobación previamente del Estatuto de Gernika del año 79», ha dicho.

Ha destacado que puso en marcha «las principales instituciones», como la Ertzaintza o EiTB y, en su mandato, «se aprobó la ley del concierto económico».

Laura Garrido ha destacado que Carlos Garaikoetxea «fue capaz también de tener esa visión del momento trascendental», que también estuvo «marcado por el terrorismo de ETA de forma muy virulenta, con un centenar de asesinados en el año 1980».

También considera que conformó «un buen equipo» integrado con «personas de reconocida valía» que «primó el valor de la palabra, del entendimiento, del diálogo, del consenso y del acuerdo».

La parlamentaria popular ha citado al presidente del Gobierno de España en aquella época, Adolfo Suárez, que «entendió perfectamente lo que suponía e implicaba el desarrollo de la autonomía en Euskadi».

«Por ello, porque creemos que el desarrollo del autogobierno, de nuestra autonomía, es algo compartido, hemos querido estar aquí presentando nuestro respeto y reconocimiento a quien fue el primer lehendakari de la democracia», ha concluido.

El PP exige al Gobierno Vasco «respeto a las víctimas y transparencia» tras el tercer grado a ‘Gadafi’ y Gogeaskoetxea

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS y REDACCIÓN) – El Partido Popular vasco ha solicitado al Gobierno Vasco «de manera urgente» toda la información en relación con los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Así, ha exigido «respeto a las víctimas y transparencia».

La formación popular ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco en la que señala que han tenido conocimiento de la concesión de un nuevo tercer grado a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, «condenado por múltiples delitos de terrorismo, que acumula condenas por su participación en al menos veinte asesinatos», y a Eneko Gogeaskoetxea.

El PP señala que, dado que a ‘Gadafi’ el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado, «se plantean serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada».

Según apunta en su escrito, «la gravedad de los hechos descritos, unida a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas, hace imprescindible solicitar la siguiente información a fin de ejercer adecuadamente la función de control parlamentario».

Por todo ello, solicita al Ejecutivo autonómico «una copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercer grado a los internos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’ y Eneko Gogeaskoetxea», así como de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos.

También reclama copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones y la relación de los elementos de «arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia» efectuados por ambos «que, en su caso, hayan sido valorados».

El PP pide también el texto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos «hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas».

Finalmente, solicita «indicación expresa de si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, así como la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario» y la indicación de las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.

DE ANDRÉS

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, también ha reaccionado a través de sus redes sociales a los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea.

De Andrés asegura, sobre una fotografía de Iglesias Chouzas que recoge la noticia de su tercer grado, que «el afán del Gobierno Vasco de PNV y PSE por ir soltando a todos los etarras es impúdico. Insiste una y otra vez pese al rechazo de la Fiscalía.»

El PP vasco fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs y rechaza asignar perfil a todos los puestos

Denuncia que PNV y EH Bildu estén en «la carrera de dar una vuelta de tuerca» a la política linguística y cree «ficticio» el desmarque de PSE

VITORIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs que se celebren en Euskadi, y rechaza, además, que se tengan que asignar perfil lingüístico a todos las plazas, de acuerdo a las enmiendas planteadas por este partido para la reforma de la Ley de Empleo Público.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, la portavoz del PP vasco en la Cámara, Laura Garrido Knörr, y el parlamentario Santiago López, han asegurado que tratan de «subsanar los atropellos lingüísticos» que se están produciendo con sus 38 enmiendas que se ajustan «a la realidad sociolingüística» de Euskadi y a las diferencias dependiendo de zonas.

López ha sido el encargado de detallar las emmiendas y ha denunciado el «espectáculo bochornoso» que, a su juicio, están ofreciendo el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. «El PNV y EH Bildu pretenden colgarse ahora la medalla de ser los que más defienden el euskera y el PSE-EE pretende arrogarse el mérito de ser quien defiende los intereses de los castellanoparlantes», ha indicado.

No obstante, ha asegurado que «no es verdad» porque estos tres partidos han llevado al «deterioro constante de la administración pública vasca» que se observa en los últimos años, porque «actúan con criterios lingüísticos ideológicos en deterioro de la administración, con una exigencia desproporcionada de euskera».

«No sé si el PNV, el PSE-EE y EH Bildu saben que tenemos un 38% de interinidad en la administración, que somos la comunidad autónoma con la interinidad más alta y que superamos en 12 puntos la media nacional. ¿Esto no les interesa?», se ha preguntado.

Frente a ello, ha defendido la «responsabilidad» del PP, con sus enmiendas. En primer lugar, según ha explicado, hay unas enmiendas técnicas «más de pura ley» como por ejemplo, la relativa a la improrrogabilidad de la resolución de las oposiciones más allá del plazo de tres años.

Asimismo, con sus iniciativas, el PP pretende introducir planes de reducción de la temporalidad en la administración, así como una agencia vasca de selección de personal directivo, porque «ya está bien del baile de directivos y de asesores entre los distintos departamentos del Gobierno Vasco». «Creemos que los puestos de directivo tienen que ser en función del mérito, de la capacidad que tengan las personas y no del partido en el que milite», ha remarcado.

ENMIENDAS DE CONTENIDO LINGÜÍSTICO

Sobre las enmiendas más de contenido lingüístico, ha señalado que, por primera vez, el PP introduce un «límite numérico y un techo cuantitativo» al porcentaje de plazas de euskera que se podrán exigir en las oposiciones de Euskadi.

En concreto, plantea que el número total de puestos de perfil lingüístico preceptivo de euskera no supere el 50% de los existentes en cada cuerpo y escala, salvo en el caso de aquellos relacionados específicamente con la política lingüística. Además, propone que la valoración del euskera como mérito no sea inferior al 5% ni superior al 20% de la puntuación máxima.

También propone retocar el «controvertido» artículo 187.5 de esta ley, que establece que todas las plazas en la administración tengan asignado perfil. En concreto, reclama que no sea necesario perfilar los puestos que, por sus funciones internas o especializadas, no requieran el uso habitual de ambas lenguas.

A su juicio, se debería hacer un estudio y atender a «criterios claros y objetivos» a la hora de decidir «dónde se fija el euskera y dónde no». Para ello, propone un nuevo artículo 187 bis que tenga en cuenta esos criterios y, entre ellos, estaría el porcentaje de interacción de la ciudadanía en euskera con la administración, la frecuencia de uso en las comunicaciones orales y escritas, y la demanda en ese ámbito territorial y funcional.

«Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y creemos que esto es sentido común, no es lo mismo Azpeitia que Barakaldo, ni tampoco es lo mismo dirigirse al departamento de Política Lingüística que dirigirse al de Agricultura», ha añadido.

Otras de las enmiendas plantean que la falta de acreditación de un perfil lingüístico o del conocimiento del euskera no constituya, por sí sola, causa de despido.

Según ha manifestado, esta «exigencia desproporcionada» del euskera crea «frustración» entre los ciudadanos que también quieren ser parte de la administración vasca y «no pueden porque no tienen un perfil lingüístico». Además, ha añadido que también genera eventualidad y, sobre todo, «fuga de talento».

Por su parte, Garrido ha destacado que las políticas lingüísticas implantadas «no están dando resultado». Según ha señalado, no se habla más euskera, aunque sí se aprende más, porque «se exige más y porque es absolutamente determinante a la hora de acceder a un empleo público». Sin embargo, a su juicio, se exige «de forma desproporcionada».

Garrido cree que ello «atenta claramente contra el principio de igualdad y de acceso a la administración pública», como han corroborado los tribunales, en concreto, el TSJPV en diferentes resoluciones.

En este contexto, ha recordado que hay dos iniciativas para reformar la Ley de Empleo Público, la del PNV y la de EH Bildu. En su opinión, el PNV, en «su competencia con EH Bildu por ver quién da una vuelta de tuerca a las políticas impositivas», se ha «equivocado de estrategia» y pensaba que su socio, el PSE-EE, «le podía acompañar, pero se ha desmarcado». No obstante, cree que ese desmarque es «un tanto ficticio» porque los socialistas vascos han sido «cómplices absolutos de todas las políticas lingüísticas que se han puesto de marcha en Euskadi».

Por ello, ha resaltado que el PP vasco se presenta, «una vez más, como «la garantía de la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos frente a los excesos lingüísticos de las políticas impositivas de los sucesivos gobiernos del PNV y PSE-EE, que cuentan con la connivencia de EH Bildu».

Frente a ello, la dirigente del PP, que ha afirmado que no se oponen a que se exija el euskera, ha asegurado que su partido reclama la política del «sentido, la que dice que la exigencia del euskera se haga de una forma proporcionada.

Garrido ha manifestado que el euskera «no puede ser un atropello a los derechos de los ciudadanos», de manera que «les impida trabajar en un empleo público por los excesos lingüísticos sistemáticos que aplica el Gobierno Vasco en sus políticas lingüísticas».

SOCIOS DEL PNV

Cuestionados por si animaría al PNV a «cambiar de socio», dadas sus últimas diferencias, y apoyar al PP en el Congreso, ha asegurado que es algo que tendrá que «dilucidar y analizar» el partido jeltzale.

En todo caso, la portavoz del PP en el Parlamento vasco cree que el PNV no tiene «ningún ánimo de cambiar de socio», a pesar de alguna «pataleta momentánea y espontánea que haya podido tener por alguna actuación del PSE-EE».

«Vemos que ese apoyo es muy férreo después de todo lo que hemos visto a lo largo de esta legislatura: casos de corrupción que salpican al Gobierno de España, al que apoya el PNV, que afectan no solo al PSOE sino a la familia del presidente; el cese del Fiscal General del Estado, la ley del solo sí en sí, la tragedia de Adamuz, el apagón y todas las políticas que se están poniendo en marcha», ha apuntado Garrido que ha citado el «enfado momentáneo» del presidente del EBB, Aitor Esteban, que pedía el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero hoy el PNV no lo ha hecho cuando se ha abordado el tema en el Parlamento vasco.

Por lo tanto, ha insistido en que ese apoyo es «muy férreo» y el PNV «va a seguir estando ahí como ha estado hasta ahora», y lo demás son «escenificaciones».

Laura Garrido dice que la crisis de PNV y PSE es «un nuevo paripé de distanciamiento ficticio porque ambos se necesitan»

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido Knörr, ha afirmado que la «crisis» entre el PNV y el PSE-EE es «un nuevo paripé de distanciamiento ficticio» porque ambos «se necesitan en Madrid y en Euskadi».

Garrido se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, que los jeltzales calificaron de «indecente».

En su opinión, estamos asistiendo a «una nueva sobreactuación del PNV que hasta ahora ha aguantado con todo: corrupción, cese del fiscal general del Estado, falta de presupuestos, tragedia de Adamuz, apagón del que se cumple ahora un año y huelga de médicos», y, ahora resulta, que «se coge una rabieta por un meme a Aitor Esteban».

Para Garrido, «es evidente que estamos ante un nuevo paripé, un distanciamiento ficticio» porque el PNV y el Partido Socialista «se necesitan tanto en Madrid como en Euskadi». «A la hora de la verdad, nacionalistas y socialistas continuarán apoyándose mutuamente como hasta ahora y el PNV seguirá siendo la muleta de Sánchez», ha asegurado.

PP pide al resto de partidos «sentido común» para reformar la ley y permitir el bingo en centros de mayores

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP ha pedido a los partidos con representación en el Parlamento Vasco «sentido común» para que apoyen su propuesta para modificar la ley de Juego de Euskadi con el objetivo de permitir que centros de personas mayores y otras entidades sin ánimo de lucro puedan jugar al bingo «sin el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

La parlamentaria Ainhoa Domaica, que defenderá esta iniciativa el en la Cámara vasca este próximo jueves, ha visitado este lunes, acompañada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, el hogar de jubilados de Santutxu «apercibido por jugar al bingo por 20 céntimos el cartón», situación tras la que el PP planteó su propuesta de reforma legislativa.

«La política tiene que estar para solucionar problemas, no para crearlos», ha subrayado Domaica, que ha advertido de que el «bingo social» es una actividad que «permite a muchas personas relacionarse, huir de esa soledad no deseada, tener puntos de encuentro, pasar un rato agradable».

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios «sentido común» para modificar la actual ley, del año 1991, que «ha generado un problema que no se debía haber producido».

Según ha indicado, aprobar la reforma que ha planteado el PP supondría «devolver la tranquilidad y la seguridad jurídica a las personas mayores y también a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que utilizan el bingo con un ánimo social, recreativo», y es «evidente que no hay lucro, que no hay una explotación económica».

Así, ha añadido, podrían volver a «jugar al bingo sin ninguna preocupación, gastar esos 20 céntimos con los que hacen la tarde y seguir estando con sus compañeros disfrutando de un trato agradable, como han hecho toda la vida», y no tener que «vivir el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha lamentado que, pese a que lo ocurrido en el centro de jubilados de Santutxu «no tiene sentido», el Gobierno Municipal, integrado por PNV y PSE-EE, «se puso de perfil» cuando el PP trasladó este asunto al pleno.

Asimismo, ha pedido que «no vuelva a haber esta discusión» y que se deje a los centros de mayores «tranquilos» para «realizar sus actividades, que hacen muchas, lo hacen muy bien y cumplen una función social absolutamente imprescindible para toda la sociedad».

Desde la asociación de personas mayores del centro Bonaparte del barrio de Santutxu, su presidenta, Iluminada Rosa Raimundo, ha lamentado el «problema muy grande» que han sufrido por jugar al bingo «por 20 céntimos». Según ha explicado, desde «siempre», los socios del hogar van «a jugar un ratito por la tarde» para «hacer amistad» con otras personas mayores. «Esto que han hecho con nosotros no tienen derecho de hacerlo», ha denunciado.

El PP vasco pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por «incumplir la ley» y «trato de favor» a los presos de ETA

De Andrés considera que el rechazo de la Audiencia Nacional a la semilibertad de ‘Anboto’ demuestra las «mentiras» de San José

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José, al considerar que ha «incumplido la ley» al aplicar «un trato de favor» a los presos de ETA, a los que –según ha dicho– trata «con afecto» y «como amigos».

De Andrés, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido a la decisión del titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de rechazar la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al exmiembro de la banda Juan Ramón Carasatorre.

El dirigente del PP ha afirmado que la decisión del juez Castro evidencia que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco a los presos de la desaparecida organización terrorista son «una amnistía encubierta» motivada por los «compromisos» que –según ha dicho– ha adquirido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con EH Bildu » y, consecuentemente, también con ETA».

De Andrés ha afirmado que esta resolución judicial «desmiente» los argumentos que ha esgrimido hasta el momento el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

«El Departamento de Justicia había escudado toda su actuación en que estaba cumpliendo la ley, y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía», ha añadido.

«ARGUMENTARIO FALSO»

En este sentido, ha denunciado que «ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA y, consecuentemente, se demuestra que todo el argumentario del Departamento de Justicia y del Gobierno Vasco en su conjunto era falso».

De Andrés, que ha acusado al Ejecutivo vasco de actuar «en favor de los presos más criminales de ETA», ha considerado que una consejera de Justicia como Maria Jesús San José (PSE-EE) «que lleva las prisiones y que ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto».

«Indudablemente, ha incumplido la ley; no ha cumplido con aquellos compromisos que tiene con la sociedad y no ha estado trabajando para la sociedad, ha estado trabajando para los presos de ETA», ha asegurado.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que, por todo ello, San José «no puede continuar en su puesto y tiene que ser destituida», ya que «la sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco».

De Andrés ha reiterado que San José «tiene que dimitir» por una cuestión de «dignidad». Además, en referencia al responsable del centro en el que cumplen condena los presos a los que afecta esta resolución del juez Castro, ha considerado que «se tiene que destituir» al director de la prisión de Martutene.

«SALTÁNDOSE LA LEY»

A su juicio, el máximo responsable de la cárcel guipuzcoana «ha actuado también en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», ha añadido.

«Indudablemente no pueden continuar; el deterioro de la imagen del Gobierno Vasco es absoluto, cuando se ha estado trabajando por los terroristas y no trabajando por el conjunto de la sociedad», ha insistido.

El dirigente del PP ha reiterado que «la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo». De esa forma, ha denunciado que San José «ha actuado en favor de los terroristas, no ha pensado en la sociedad, que lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas».

De Andrés ha señalado que «no es de recibo que el Gobierno Vasco esté respaldando un modelo que se basa precisamente en el incumplimiento de la ley y mirar a los ojos de los terroristas como si fueran amigos, como si fuera un afecto personal».

El presidente de los ‘populares’ vascos ha lamentado que con este modo de actuar, el Ejecutivo esté desarrollando un modelo penitenciario que «crea un clima favorable hacia los terroristas».

El PP vasco vuelve a pedir que la Ley de Víctimas incluya sanciones por mensajes o comportamientos ofensivos para este colectivo

Laura Garrido explica que la propuesta pretende corregir una «laguna legal» que impide multar estos casos en vía administrativa

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP ha vuelto a presentar en el Parlamento Vasco una iniciativa destinada a modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi, con el fin de que incluya la posibilidad de establecer sanciones administrativas por la exhibición de mensajes o imágenes que «atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo», según ha explicado la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr.

Garrido, en una rueda de prensa en el Parlamento, ha explicado que la proposición no de ley registrada por su grupo responde al objetivo de «subsanar una disfunción normativa y una anomalía democrática», y que con ella se pretende saldar la «deuda pendiente» que, según ha dicho, sigue existiendo con las víctimas del terrorismo.

«Si nos creemos de verdad los principios de verdad, dignidad, memoria y justicia con las víctimas del terrorismo, tenemos que pasar a la acción, porque es la forma de hacer que estos principios sean efectivos y se cumplan», ha manifestado.

Laura Garrido ha denunciado que la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi «no sanciona o no recoge un régimen de infracciones y sanciones para determinados comportamientos que son lesivos y que atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo».

La parlamentaria ha recordado que esta «no es la primera vez» que el PP plantea esta cuestión en la Cámara vasca. «Ya lo hemos pedido en otras ocasiones, pero a día de hoy, la posibilidad de sancionar en el ámbito administrativo comportamientos que ofenden a las víctimas del terrorismo y sus familias no está reconocido en la ley», ha criticado.

«NO PUEDEN SEGUIR QUEDANDO IMPUNES»

Por ese motivo, en esta nueva proposición no de ley el PP pide modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2028, con el fin de que «comportamientos que se siguen produciendo en nuestras calles, en los entornos festivos, con exhibición de imágenes, carteles, imágenes de presos de ETA no pueden seguir quedando impunes».

Garrido ha explicado que existe «una laguna legal» que el PP pretende corregir a través de esta propuesta. En este sentido, ha asegurado que se produce «una discriminación», ya que en la Ley de Memoria Histórica «hay una previsión de sancionar y se recogen unas infracciones que son sancionables cuando se atenta o se ofenden determinados derechos de las víctimas», algo que –según ha criticado– «no ocurre» con la ley de victimas del terrorismo.

La parlamentaria del PP ha criticado que, pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco para combatir la exhibición de mensajes que atentan contra los derechos de las víctimas, «las palabras se las lleva el viento», de forma que hasta ahora «no se ha hecho nada» para garantizar que estos comportamientos puedan ser sancionados administrativamente. «Nos parece inadmisible que los poderes públicos no hayan pasado a la acción con esta cuestión», ha añadido.

«EXCUSAS»

«Es una cuestión de dignidad, de defender a las víctimas», ha subrayado, para añadir que espera que en esta ocasión no se pongan «excusas» para no aprobar esta propuesta y cumplir con lo que en ella se plantea.

Laura Garrido ha explicado que esta iniciativa «va en coherencia» con la propuesta para reformar la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo que el PP ha registrado en el Senado.

ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su intervención, la parlamentaria ‘popular’ ha reiterado las críticas de su partido a los ataques con pintura registrados este pasado martes contra medios de comunicación de Donostia-San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz.

Garrido ha mostrado su apoyo a la libertad de expresión y ha condenado estos ataques, sobre los que ha afirmado que son «una muestra más del radicalismo que estamos viendo en distintos ámbitos». Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de «mantener la exigencia con aquellos que se siguen poniendo de lado y no condenan este tipo de actuaciones inadmisibles en democracia».

El PP vasco condena los ataques a medios de comunicación y lamenta que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi»

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha expresado su «condena más enérgica» ante los nuevos ataques que han sufrido dos medios de comunicación en Vitoria y San Sebastián, y ha lamentado que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi».

La organización independentista Jarki ha reivindicado pintadas contra las sedes de dos medios de comunicación en las capitales guipuzcoana y alavesa, a los que acusa de ser «cómplices de la guerra imperialista y de la miseria».

A través de sus redes sociales, el PP ha lamentado que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi, el clima de hostigamiento y señalamiento es una restricción a la libertad». Asimismo, ha considerado que hay que «decir basta ya con hechos a quienes no condenen estos ataques».