El PP solicita al Gobierno Vasco agilizar el pago de las ayudas para la vendimia en verde

• Se trata de unas ayudas europeas que tienen como objetivo restaurar el equilibrio entre la oferta y la demanda y paliar la pérdida de rentabilidad de la viticultura en Rioja Alavesa. Solicitadas por una de cada tres explotaciones, este año las solicitudes se han multiplicado por 5.

• Ana Morales advierte que “desde el PP vasco queremos evitar que se repita el desastre del año pasado: muchos viticultores renunciaron a solicitar las ayudas por el caos burocrático”.

• “Es urgente que los viticultores cobren esas ayudas, porque van a necesitar liquidez”.

Vitoria-Gasteiz, 13 junio.- La parlamentaria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Ana Morales, ha presentado una iniciativa en la que solicita información acerca de los resultados de la convocatoria de subvenciones de la vendimia verde. Morales también ha exigido “agilizar el pago de las ayudas para la vendimia en verde, que solicitan una de cada tres explotaaciones. Este año las solicitudes se han multiplicado por 5”.

Se trata de unas ayudas europeas que gestiona el Gobierno Vasco y que tienen como objetivo restaurar el equilibrio entre la oferta y la demanda y paliar la pérdida de rentabilidad de la viticultura en Rioja Alavesa.

Morales ha indicado que el año pasado se concedieron tan solo 70 ayudas para 114 solicitudes. Este año las solicitudes han aumentado hasta las 400, para un total de 1.100 explotaciones vitícolas. En la práctica supone que una de cada tres explotaciones han solicitado estas ayudas y que este año las solicitudes se han multiplicado por cinco. Para la parlamentaria popular, “este importante crecimiento demuestra la difícil situación que atraviesa el sector”.

Ana Morales ha denunciado que “el año pasado la eficacia de estas ayudas se vio lastrada por la excesiva burocracia y la enorme lentitud de la administración vasca”. Así, exige “mayor celeridad, simplificar la burocracia y poner en marcha procedimientos de pago y de tramitación administrativa más ágiles, para que estas ayudas europeas no naufraguen y estén al servicio del sector”. Según la parlamentaria popular, “el Gobierno Vasco tiene que aprender de sus errores y gestionar mejor este año unas ayudas que son muy necesarias para paliar las enormes dificultades que atraviesan viticultores y bodegueros en Rioja Alavesa”.

Morales ha advertido que el importante crecimiento de solicitudes para ayudas para la vendimia en verde “es fruto de las enormes dificultades que atraviesa un sector atenazado por el descenso en las ventas del vino y de las exportaciones; y ante un escenario internacional plagado de incertidumbre por la guerra de Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, que ha traído como consecuencia el incremento de los costes de producción”. Así, “este año los productores volverán a acumular más excedentes en sus bodegas por el desplome de las ventas, que ya en el último año se redujeron un 4,6%”.

Finalmente, Ana Morales ha asegurado que desde el PP vasco “queremos evitar que se repita el desastre del año pasado, cuando muchos viticultores renunciaron a solicitar estas ayudas ante el caos burocrático”. “El único rendimiento económico que van a tener muchas viñas son estas ayudas y por eso es urgente que se cobre en cuanto antes porque los viticultores van a necesitar liquidez”.

Laura Garrido: “Al PNV la sanidad vasca se le ha ido de las manos”

• La portavoz del Grupo Popular Vasco presenta distintas preguntas parlamentarias para interesarse por los recortes y cierres anunciados para el verano por el departamento de Salud.

• Se hace eco del malestar y las críticas de los profesionales sanitarios a los recortes anunciados por Osakidetza.

• Recuerda que el PP vasco ha presentado en varias ocasiones un Plan de Choque para la Atención Primaria, rechazado sistemáticamente por los nacionalistas.

VITORIA-GASTEIZ, 5 JUNIO.- La portavoz del Grupo Popular Vasco, Laura Garrido Knörr, ha criticado esta mañana en Vitoria los recortes y cierres parciales y totales en la Atención Primaria, previstos por Osakidetza para este verano y a partir de este mes de junio. Garrido ha señalado que “al PNV la sanidad vasca se le ha ido de las manos” y ha anunciado la presentación de distintas preguntas parlamentarias para conocer al detalle el alcance de estas medidas del departamento de Salud.

La portavoz popular ha recordado que “la situación de la sanidad pública es la segunda preocupación de los ciudadanos vascos; es decir: donde antes no había un problema, ahora hay un problema”. Para Laura Garrido, “en consecuencia, Osakidetza tendría que ser una absoluta prioridad para este gobierno. Y no lo es”.

Garrido ha señalado que “al menos, la adopción de esta primera decisión de relevancia no apunta en este sentido. Se considera que pueden quedarse sin cubrir cerca de 1.000 turnos de los PAC en el País Vasco; y ello se debe a una falta de planificación y de previsión del PNV en el departamento de Salud”.

Para la portavoz popular en el Parlamento Vasco, “es necesario diseñar un Plan de Choque para la Atención Primaria en Euskadi de forma inmediata, que incentive a los profesionales a trabajar en la Sanidad pública vasca. Un Plan de Choque que establezca mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios y quite barreras inexplicables, como la excesiva valoración del euskera que, por una parte, expulsan talento, y, por otra, impiden la posibilidad de atraerlo”.

Garrido, que se ha hecho eco del malestar y las críticas de los profesionales sanitarios a los recorte anunciados por Osakidetza, ha recordado que el PP vasco ha presentado en numerosas ocasiones ese Plan de Choque para la Atención Primaria, que ”ha sido rechazado sistemáticamente por los nacionalistas”. “Su autocomplacencia -ha finalizado la portavoz popular- ha llevado a la Atención Primaria a esta situación límite”.

Las previsiones de Osakidetza para este verano apuntan a que, al menos, 72 centros de salud de Atención Primaria recorten horarios; que cierren varios días 44 consultorios; y que 10 servicios permanezcan cerrados durante todo el verano.

PP vasco pide redimensionar a la baja la capacidad máxima de los centros de menores para favorecer su integración

Dice que la normativa actual, que fija en 30 el número de plazas, “ha fracasado” y hace “imposible la tarea de integración y convivencia”

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno vasco a “redimensionar a la baja” la capacidad máxima que deben tener los centros de acogida de menores, porque la normativa actual, que fija en 30 el número de plazas, “ha fracasado” y hace “imposible la tarea de integración y convivencia”, tanto interna en el centro como externa con los vecinos.

El presidente del PP vasco y parlamentario, Javier De Andrés, ha presentado este miércoles en Bilbao la primera iniciativa registrada por su grupo en la que se insta al nuevo Ejecutivo a “revisar y modificar” las normas de funcionamiento y los requisitos materiales de los recursos o centros de acogimiento residendial de personas menores, cualquiera que sea su origen o nacionalidad, en los que su tipología responda a programas denominados “de preparación a la emancipación”, redimensionando a la baja la capacidad máxima de los mismos.

De Andrés ha precisado que el objetivo de la iniciativa del grupo popular es que estos centros “cumplan los fines y objetivos perseguidos por la Ley de Infancia y Adolescencia en relación a la figura de acogimiento residencial”.

El líder del PP vasco ha considerado “urgente” poner este tema sobre la mesa porque “estamos tratando de elementos básicos de la convivencia” y de “un elemento tan relevante como son los menores” y porque “las cosas no se están haciendo bien en una materia que es un derecho fundamental y una obligación de todos los poderes públicos, como es la protección de los menores”.

Javier De Andrés ha recordado que la Ley de Infancia y Adolescencia aprobada el pasado mes de febrero contempla el acogimiento residencial como “una medida de protección de carácter administrativo o judicial cuya finalidad es ofrecer atención integral en un entorno residencial a niños y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectativas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia”.

Se trata de un colectivo que requiere “una atención especial” por parte de la administración para “cubrir aquellas carencias que tienen y que se consideran imprescindibles para su desarrollo personal y para su integración en el ámbito social”.

En ese sentido, ha apuntado que los recursos residenciales tienen como objetivo final, “fundamental y primordial, proporcionar a la personas menor acogida un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructural y con programas específicos en el marco de un proyecto educativo”.

CENTRO DE MENORES DE SOPUERTA

Sin embargo, ha asegurado que “esto no está funcionando bien” como lo demuestra, a su juicio, los “importantes problemas” que está generando el centro de menores de Sopuerta, abierto el pasado 28 de marzo, y que están afectando “a los propios usuarios” como a los propios vecinos cuando estos menores salen fueran del centro.

Estos “problemas”, ha advertido, “dificultan, precisamente, la pretensión de este tipo de centros que es lograr la integración” y que los menores “tengan unas condiciones que les preparen para una vida autónoma”, pero “haciéndolo desde un espacio público que tiene que tener controladas todas las circunstancias que hayan posible esta necesaria solución de emancipación de esas personas”.

Asimismo, De Andrés ha advertido que lo que está ocurriendo en Sopuerta y los “conflictos que se están creando internamente en el centro y también externamente con los vecinos”, no es “una cosa aislada y ya hemos visto casos semejantes en Karranza y en Arcentales”.

Tras señalar que centros como el de Sopuerta deben contar con presencia “permanente” de personal educativo, el presidente de los populares vascos ha precisado que, aunque se trata de un servicio de “carácter foral”, el Gobierno Vasco es competente en materia de autorización, registro, homologación e inspección de los recursos de acogimiento residencial para menores de edad.

Javier De Andrés ha considerado que la normativa actual, que señala que la capacidad máxima de estos centros para el acogimiento de estos menores es de 30 plazas, “no ha funcionando y no está respondiendo adecuadamente a su fin, que es la integración de estas personas y que su comportamiento y su vida en sociedad se haga dentro de un espacio pacífico y con capacidad para su desarrollo personal”.

En ese sentido, ha considerado necesaria “una solución de carácter general” porque “el modelo de centro de acogimiento de menores no responde ni a los objetivos ni a las exigencias sociales”. “Ese modelo de centros no funciona, han fracasado, tiene un número de residentes menores que hace imposible una tarea interna y externa de integración y y convivencia”, ha insistido.

Por eso, ha indicado, piden en su iniciativa al Gobierno vasco que “modifique el modelo y, en vez de ser 30 el número de menores que pueden estar acogidos en un centro de este tipo, sea muy inferior” para “hacer más fácil su convivencia dentro del centro y también la convivencia de los menores con su entorno vecinal”.

En cuanto al número adecuado de plazas, Javier de Andrés ha dicho que “no se puede determinar con un carácter general”. “Está claro que 30 es excesivo, pero también dependen de la localización donde se encuentre y de las características” de los jóvenes acogidos, entre otras circunstancias.

“Si lo que se pretende es dar un ambiente familiar, tenemos que pensar en un módulo en el cual el número se aproxime más a una realidad familiar que no a la realidad de un colectivo residencial como son 30 plazas”, ha concluido.