Dice que la normativa actual, que fija en 30 el número de plazas, «ha fracasado» y hace «imposible la tarea de integración y convivencia»

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno vasco a «redimensionar a la baja» la capacidad máxima que deben tener los centros de acogida de menores, porque la normativa actual, que fija en 30 el número de plazas, «ha fracasado» y hace «imposible la tarea de integración y convivencia», tanto interna en el centro como externa con los vecinos.

El presidente del PP vasco y parlamentario, Javier De Andrés, ha presentado este miércoles en Bilbao la primera iniciativa registrada por su grupo en la que se insta al nuevo Ejecutivo a «revisar y modificar» las normas de funcionamiento y los requisitos materiales de los recursos o centros de acogimiento residendial de personas menores, cualquiera que sea su origen o nacionalidad, en los que su tipología responda a programas denominados «de preparación a la emancipación», redimensionando a la baja la capacidad máxima de los mismos.

De Andrés ha precisado que el objetivo de la iniciativa del grupo popular es que estos centros «cumplan los fines y objetivos perseguidos por la Ley de Infancia y Adolescencia en relación a la figura de acogimiento residencial».

El líder del PP vasco ha considerado «urgente» poner este tema sobre la mesa porque «estamos tratando de elementos básicos de la convivencia» y de «un elemento tan relevante como son los menores» y porque «las cosas no se están haciendo bien en una materia que es un derecho fundamental y una obligación de todos los poderes públicos, como es la protección de los menores».

Javier De Andrés ha recordado que la Ley de Infancia y Adolescencia aprobada el pasado mes de febrero contempla el acogimiento residencial como «una medida de protección de carácter administrativo o judicial cuya finalidad es ofrecer atención integral en un entorno residencial a niños y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectativas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia».

Se trata de un colectivo que requiere «una atención especial» por parte de la administración para «cubrir aquellas carencias que tienen y que se consideran imprescindibles para su desarrollo personal y para su integración en el ámbito social».

En ese sentido, ha apuntado que los recursos residenciales tienen como objetivo final, «fundamental y primordial, proporcionar a la personas menor acogida un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructural y con programas específicos en el marco de un proyecto educativo».

CENTRO DE MENORES DE SOPUERTA

Sin embargo, ha asegurado que «esto no está funcionando bien» como lo demuestra, a su juicio, los «importantes problemas» que está generando el centro de menores de Sopuerta, abierto el pasado 28 de marzo, y que están afectando «a los propios usuarios» como a los propios vecinos cuando estos menores salen fueran del centro.

Estos «problemas», ha advertido, «dificultan, precisamente, la pretensión de este tipo de centros que es lograr la integración» y que los menores «tengan unas condiciones que les preparen para una vida autónoma», pero «haciéndolo desde un espacio público que tiene que tener controladas todas las circunstancias que hayan posible esta necesaria solución de emancipación de esas personas».

Asimismo, De Andrés ha advertido que lo que está ocurriendo en Sopuerta y los «conflictos que se están creando internamente en el centro y también externamente con los vecinos», no es «una cosa aislada y ya hemos visto casos semejantes en Karranza y en Arcentales».

Tras señalar que centros como el de Sopuerta deben contar con presencia «permanente» de personal educativo, el presidente de los populares vascos ha precisado que, aunque se trata de un servicio de «carácter foral», el Gobierno Vasco es competente en materia de autorización, registro, homologación e inspección de los recursos de acogimiento residencial para menores de edad.

Javier De Andrés ha considerado que la normativa actual, que señala que la capacidad máxima de estos centros para el acogimiento de estos menores es de 30 plazas, «no ha funcionando y no está respondiendo adecuadamente a su fin, que es la integración de estas personas y que su comportamiento y su vida en sociedad se haga dentro de un espacio pacífico y con capacidad para su desarrollo personal».

En ese sentido, ha considerado necesaria «una solución de carácter general» porque «el modelo de centro de acogimiento de menores no responde ni a los objetivos ni a las exigencias sociales». «Ese modelo de centros no funciona, han fracasado, tiene un número de residentes menores que hace imposible una tarea interna y externa de integración y y convivencia», ha insistido.

Por eso, ha indicado, piden en su iniciativa al Gobierno vasco que «modifique el modelo y, en vez de ser 30 el número de menores que pueden estar acogidos en un centro de este tipo, sea muy inferior» para «hacer más fácil su convivencia dentro del centro y también la convivencia de los menores con su entorno vecinal».

En cuanto al número adecuado de plazas, Javier de Andrés ha dicho que «no se puede determinar con un carácter general». «Está claro que 30 es excesivo, pero también dependen de la localización donde se encuentre y de las características» de los jóvenes acogidos, entre otras circunstancias.

«Si lo que se pretende es dar un ambiente familiar, tenemos que pensar en un módulo en el cual el número se aproxime más a una realidad familiar que no a la realidad de un colectivo residencial como son 30 plazas», ha concluido.