El PP exige al Gobierno Vasco «respeto a las víctimas y transparencia» tras el tercer grado a ‘Gadafi’ y Gogeaskoetxea

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS y REDACCIÓN) – El Partido Popular vasco ha solicitado al Gobierno Vasco «de manera urgente» toda la información en relación con los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Así, ha exigido «respeto a las víctimas y transparencia».

La formación popular ha registrado una solicitud de información en el Parlamento Vasco en la que señala que han tenido conocimiento de la concesión de un nuevo tercer grado a los reclusos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, «condenado por múltiples delitos de terrorismo, que acumula condenas por su participación en al menos veinte asesinatos», y a Eneko Gogeaskoetxea.

El PP señala que, dado que a ‘Gadafi’ el Gobierno Vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado, «se plantean serias dudas sobre la legalidad y fundamento de la nueva progresión de grado acordada».

Según apunta en su escrito, «la gravedad de los hechos descritos, unida a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión penitenciaria y el respeto a los derechos de las víctimas, hace imprescindible solicitar la siguiente información a fin de ejercer adecuadamente la función de control parlamentario».

Por todo ello, solicita al Ejecutivo autonómico «una copia íntegra de los expedientes penitenciarios completos que dan lugar a la concesión del tercer grado a los internos Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’ y Eneko Gogeaskoetxea», así como de las resoluciones administrativas por la que se acuerdan las concesiones del tercer grado a los citados internos.

También reclama copia de los informes técnicos, jurídicos y penitenciarios que hayan servido de base para la adopción de dichas decisiones y la relación de los elementos de «arrepentimiento, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la justicia» efectuados por ambos «que, en su caso, hayan sido valorados».

El PP pide también el texto íntegro de las declaraciones, escritos o comunicaciones en las que los internos «hayan expresado su arrepentimiento, indicando si dichas manifestaciones han sido realizadas de forma pública o privada, y en qué fechas concretas».

Finalmente, solicita «indicación expresa de si se han tenido en cuenta antecedentes como la revocación judicial del tercer grado concedido en octubre de 2025, así como la motivación para adoptar una nueva decisión en sentido contrario» y la indicación de las diferencias sustanciales entre la situación de los internos en el momento de la revocación y en la actual concesión.

DE ANDRÉS

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, también ha reaccionado a través de sus redes sociales a los terceros grados concedidos a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea.

De Andrés asegura, sobre una fotografía de Iglesias Chouzas que recoge la noticia de su tercer grado, que «el afán del Gobierno Vasco de PNV y PSE por ir soltando a todos los etarras es impúdico. Insiste una y otra vez pese al rechazo de la Fiscalía.»

El PP vasco fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs y rechaza asignar perfil a todos los puestos

Denuncia que PNV y EH Bildu estén en «la carrera de dar una vuelta de tuerca» a la política linguística y cree «ficticio» el desmarque de PSE

VITORIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP fija en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs que se celebren en Euskadi, y rechaza, además, que se tengan que asignar perfil lingüístico a todos las plazas, de acuerdo a las enmiendas planteadas por este partido para la reforma de la Ley de Empleo Público.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, la portavoz del PP vasco en la Cámara, Laura Garrido Knörr, y el parlamentario Santiago López, han asegurado que tratan de «subsanar los atropellos lingüísticos» que se están produciendo con sus 38 enmiendas que se ajustan «a la realidad sociolingüística» de Euskadi y a las diferencias dependiendo de zonas.

López ha sido el encargado de detallar las emmiendas y ha denunciado el «espectáculo bochornoso» que, a su juicio, están ofreciendo el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. «El PNV y EH Bildu pretenden colgarse ahora la medalla de ser los que más defienden el euskera y el PSE-EE pretende arrogarse el mérito de ser quien defiende los intereses de los castellanoparlantes», ha indicado.

No obstante, ha asegurado que «no es verdad» porque estos tres partidos han llevado al «deterioro constante de la administración pública vasca» que se observa en los últimos años, porque «actúan con criterios lingüísticos ideológicos en deterioro de la administración, con una exigencia desproporcionada de euskera».

«No sé si el PNV, el PSE-EE y EH Bildu saben que tenemos un 38% de interinidad en la administración, que somos la comunidad autónoma con la interinidad más alta y que superamos en 12 puntos la media nacional. ¿Esto no les interesa?», se ha preguntado.

Frente a ello, ha defendido la «responsabilidad» del PP, con sus enmiendas. En primer lugar, según ha explicado, hay unas enmiendas técnicas «más de pura ley» como por ejemplo, la relativa a la improrrogabilidad de la resolución de las oposiciones más allá del plazo de tres años.

Asimismo, con sus iniciativas, el PP pretende introducir planes de reducción de la temporalidad en la administración, así como una agencia vasca de selección de personal directivo, porque «ya está bien del baile de directivos y de asesores entre los distintos departamentos del Gobierno Vasco». «Creemos que los puestos de directivo tienen que ser en función del mérito, de la capacidad que tengan las personas y no del partido en el que milite», ha remarcado.

ENMIENDAS DE CONTENIDO LINGÜÍSTICO

Sobre las enmiendas más de contenido lingüístico, ha señalado que, por primera vez, el PP introduce un «límite numérico y un techo cuantitativo» al porcentaje de plazas de euskera que se podrán exigir en las oposiciones de Euskadi.

En concreto, plantea que el número total de puestos de perfil lingüístico preceptivo de euskera no supere el 50% de los existentes en cada cuerpo y escala, salvo en el caso de aquellos relacionados específicamente con la política lingüística. Además, propone que la valoración del euskera como mérito no sea inferior al 5% ni superior al 20% de la puntuación máxima.

También propone retocar el «controvertido» artículo 187.5 de esta ley, que establece que todas las plazas en la administración tengan asignado perfil. En concreto, reclama que no sea necesario perfilar los puestos que, por sus funciones internas o especializadas, no requieran el uso habitual de ambas lenguas.

A su juicio, se debería hacer un estudio y atender a «criterios claros y objetivos» a la hora de decidir «dónde se fija el euskera y dónde no». Para ello, propone un nuevo artículo 187 bis que tenga en cuenta esos criterios y, entre ellos, estaría el porcentaje de interacción de la ciudadanía en euskera con la administración, la frecuencia de uso en las comunicaciones orales y escritas, y la demanda en ese ámbito territorial y funcional.

«Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y creemos que esto es sentido común, no es lo mismo Azpeitia que Barakaldo, ni tampoco es lo mismo dirigirse al departamento de Política Lingüística que dirigirse al de Agricultura», ha añadido.

Otras de las enmiendas plantean que la falta de acreditación de un perfil lingüístico o del conocimiento del euskera no constituya, por sí sola, causa de despido.

Según ha manifestado, esta «exigencia desproporcionada» del euskera crea «frustración» entre los ciudadanos que también quieren ser parte de la administración vasca y «no pueden porque no tienen un perfil lingüístico». Además, ha añadido que también genera eventualidad y, sobre todo, «fuga de talento».

Por su parte, Garrido ha destacado que las políticas lingüísticas implantadas «no están dando resultado». Según ha señalado, no se habla más euskera, aunque sí se aprende más, porque «se exige más y porque es absolutamente determinante a la hora de acceder a un empleo público». Sin embargo, a su juicio, se exige «de forma desproporcionada».

Garrido cree que ello «atenta claramente contra el principio de igualdad y de acceso a la administración pública», como han corroborado los tribunales, en concreto, el TSJPV en diferentes resoluciones.

En este contexto, ha recordado que hay dos iniciativas para reformar la Ley de Empleo Público, la del PNV y la de EH Bildu. En su opinión, el PNV, en «su competencia con EH Bildu por ver quién da una vuelta de tuerca a las políticas impositivas», se ha «equivocado de estrategia» y pensaba que su socio, el PSE-EE, «le podía acompañar, pero se ha desmarcado». No obstante, cree que ese desmarque es «un tanto ficticio» porque los socialistas vascos han sido «cómplices absolutos de todas las políticas lingüísticas que se han puesto de marcha en Euskadi».

Por ello, ha resaltado que el PP vasco se presenta, «una vez más, como «la garantía de la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos frente a los excesos lingüísticos de las políticas impositivas de los sucesivos gobiernos del PNV y PSE-EE, que cuentan con la connivencia de EH Bildu».

Frente a ello, la dirigente del PP, que ha afirmado que no se oponen a que se exija el euskera, ha asegurado que su partido reclama la política del «sentido, la que dice que la exigencia del euskera se haga de una forma proporcionada.

Garrido ha manifestado que el euskera «no puede ser un atropello a los derechos de los ciudadanos», de manera que «les impida trabajar en un empleo público por los excesos lingüísticos sistemáticos que aplica el Gobierno Vasco en sus políticas lingüísticas».

SOCIOS DEL PNV

Cuestionados por si animaría al PNV a «cambiar de socio», dadas sus últimas diferencias, y apoyar al PP en el Congreso, ha asegurado que es algo que tendrá que «dilucidar y analizar» el partido jeltzale.

En todo caso, la portavoz del PP en el Parlamento vasco cree que el PNV no tiene «ningún ánimo de cambiar de socio», a pesar de alguna «pataleta momentánea y espontánea que haya podido tener por alguna actuación del PSE-EE».

«Vemos que ese apoyo es muy férreo después de todo lo que hemos visto a lo largo de esta legislatura: casos de corrupción que salpican al Gobierno de España, al que apoya el PNV, que afectan no solo al PSOE sino a la familia del presidente; el cese del Fiscal General del Estado, la ley del solo sí en sí, la tragedia de Adamuz, el apagón y todas las políticas que se están poniendo en marcha», ha apuntado Garrido que ha citado el «enfado momentáneo» del presidente del EBB, Aitor Esteban, que pedía el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero hoy el PNV no lo ha hecho cuando se ha abordado el tema en el Parlamento vasco.

Por lo tanto, ha insistido en que ese apoyo es «muy férreo» y el PNV «va a seguir estando ahí como ha estado hasta ahora», y lo demás son «escenificaciones».

Laura Garrido dice que la crisis de PNV y PSE es «un nuevo paripé de distanciamiento ficticio porque ambos se necesitan»

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido Knörr, ha afirmado que la «crisis» entre el PNV y el PSE-EE es «un nuevo paripé de distanciamiento ficticio» porque ambos «se necesitan en Madrid y en Euskadi».

Garrido se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, que los jeltzales calificaron de «indecente».

En su opinión, estamos asistiendo a «una nueva sobreactuación del PNV que hasta ahora ha aguantado con todo: corrupción, cese del fiscal general del Estado, falta de presupuestos, tragedia de Adamuz, apagón del que se cumple ahora un año y huelga de médicos», y, ahora resulta, que «se coge una rabieta por un meme a Aitor Esteban».

Para Garrido, «es evidente que estamos ante un nuevo paripé, un distanciamiento ficticio» porque el PNV y el Partido Socialista «se necesitan tanto en Madrid como en Euskadi». «A la hora de la verdad, nacionalistas y socialistas continuarán apoyándose mutuamente como hasta ahora y el PNV seguirá siendo la muleta de Sánchez», ha asegurado.

PP pide al resto de partidos «sentido común» para reformar la ley y permitir el bingo en centros de mayores

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El PP ha pedido a los partidos con representación en el Parlamento Vasco «sentido común» para que apoyen su propuesta para modificar la ley de Juego de Euskadi con el objetivo de permitir que centros de personas mayores y otras entidades sin ánimo de lucro puedan jugar al bingo «sin el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

La parlamentaria Ainhoa Domaica, que defenderá esta iniciativa el en la Cámara vasca este próximo jueves, ha visitado este lunes, acompañada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, el hogar de jubilados de Santutxu «apercibido por jugar al bingo por 20 céntimos el cartón», situación tras la que el PP planteó su propuesta de reforma legislativa.

«La política tiene que estar para solucionar problemas, no para crearlos», ha subrayado Domaica, que ha advertido de que el «bingo social» es una actividad que «permite a muchas personas relacionarse, huir de esa soledad no deseada, tener puntos de encuentro, pasar un rato agradable».

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios «sentido común» para modificar la actual ley, del año 1991, que «ha generado un problema que no se debía haber producido».

Según ha indicado, aprobar la reforma que ha planteado el PP supondría «devolver la tranquilidad y la seguridad jurídica a las personas mayores y también a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que utilizan el bingo con un ánimo social, recreativo», y es «evidente que no hay lucro, que no hay una explotación económica».

Así, ha añadido, podrían volver a «jugar al bingo sin ninguna preocupación, gastar esos 20 céntimos con los que hacen la tarde y seguir estando con sus compañeros disfrutando de un trato agradable, como han hecho toda la vida», y no tener que «vivir el disparate de poder enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros».

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha lamentado que, pese a que lo ocurrido en el centro de jubilados de Santutxu «no tiene sentido», el Gobierno Municipal, integrado por PNV y PSE-EE, «se puso de perfil» cuando el PP trasladó este asunto al pleno.

Asimismo, ha pedido que «no vuelva a haber esta discusión» y que se deje a los centros de mayores «tranquilos» para «realizar sus actividades, que hacen muchas, lo hacen muy bien y cumplen una función social absolutamente imprescindible para toda la sociedad».

Desde la asociación de personas mayores del centro Bonaparte del barrio de Santutxu, su presidenta, Iluminada Rosa Raimundo, ha lamentado el «problema muy grande» que han sufrido por jugar al bingo «por 20 céntimos». Según ha explicado, desde «siempre», los socios del hogar van «a jugar un ratito por la tarde» para «hacer amistad» con otras personas mayores. «Esto que han hecho con nosotros no tienen derecho de hacerlo», ha denunciado.

El PP vasco pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por «incumplir la ley» y «trato de favor» a los presos de ETA

De Andrés considera que el rechazo de la Audiencia Nacional a la semilibertad de ‘Anboto’ demuestra las «mentiras» de San José

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José, al considerar que ha «incumplido la ley» al aplicar «un trato de favor» a los presos de ETA, a los que –según ha dicho– trata «con afecto» y «como amigos».

De Andrés, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido a la decisión del titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de rechazar la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al exmiembro de la banda Juan Ramón Carasatorre.

El dirigente del PP ha afirmado que la decisión del juez Castro evidencia que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco a los presos de la desaparecida organización terrorista son «una amnistía encubierta» motivada por los «compromisos» que –según ha dicho– ha adquirido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con EH Bildu » y, consecuentemente, también con ETA».

De Andrés ha afirmado que esta resolución judicial «desmiente» los argumentos que ha esgrimido hasta el momento el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

«El Departamento de Justicia había escudado toda su actuación en que estaba cumpliendo la ley, y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía», ha añadido.

«ARGUMENTARIO FALSO»

En este sentido, ha denunciado que «ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA y, consecuentemente, se demuestra que todo el argumentario del Departamento de Justicia y del Gobierno Vasco en su conjunto era falso».

De Andrés, que ha acusado al Ejecutivo vasco de actuar «en favor de los presos más criminales de ETA», ha considerado que una consejera de Justicia como Maria Jesús San José (PSE-EE) «que lleva las prisiones y que ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto».

«Indudablemente, ha incumplido la ley; no ha cumplido con aquellos compromisos que tiene con la sociedad y no ha estado trabajando para la sociedad, ha estado trabajando para los presos de ETA», ha asegurado.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que, por todo ello, San José «no puede continuar en su puesto y tiene que ser destituida», ya que «la sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco».

De Andrés ha reiterado que San José «tiene que dimitir» por una cuestión de «dignidad». Además, en referencia al responsable del centro en el que cumplen condena los presos a los que afecta esta resolución del juez Castro, ha considerado que «se tiene que destituir» al director de la prisión de Martutene.

«SALTÁNDOSE LA LEY»

A su juicio, el máximo responsable de la cárcel guipuzcoana «ha actuado también en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo». «Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo», ha añadido.

«Indudablemente no pueden continuar; el deterioro de la imagen del Gobierno Vasco es absoluto, cuando se ha estado trabajando por los terroristas y no trabajando por el conjunto de la sociedad», ha insistido.

El dirigente del PP ha reiterado que «la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo». De esa forma, ha denunciado que San José «ha actuado en favor de los terroristas, no ha pensado en la sociedad, que lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas».

De Andrés ha señalado que «no es de recibo que el Gobierno Vasco esté respaldando un modelo que se basa precisamente en el incumplimiento de la ley y mirar a los ojos de los terroristas como si fueran amigos, como si fuera un afecto personal».

El presidente de los ‘populares’ vascos ha lamentado que con este modo de actuar, el Ejecutivo esté desarrollando un modelo penitenciario que «crea un clima favorable hacia los terroristas».

El PP vasco vuelve a pedir que la Ley de Víctimas incluya sanciones por mensajes o comportamientos ofensivos para este colectivo

Laura Garrido explica que la propuesta pretende corregir una «laguna legal» que impide multar estos casos en vía administrativa

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP ha vuelto a presentar en el Parlamento Vasco una iniciativa destinada a modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi, con el fin de que incluya la posibilidad de establecer sanciones administrativas por la exhibición de mensajes o imágenes que «atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo», según ha explicado la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr.

Garrido, en una rueda de prensa en el Parlamento, ha explicado que la proposición no de ley registrada por su grupo responde al objetivo de «subsanar una disfunción normativa y una anomalía democrática», y que con ella se pretende saldar la «deuda pendiente» que, según ha dicho, sigue existiendo con las víctimas del terrorismo.

«Si nos creemos de verdad los principios de verdad, dignidad, memoria y justicia con las víctimas del terrorismo, tenemos que pasar a la acción, porque es la forma de hacer que estos principios sean efectivos y se cumplan», ha manifestado.

Laura Garrido ha denunciado que la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi «no sanciona o no recoge un régimen de infracciones y sanciones para determinados comportamientos que son lesivos y que atentan contra los derechos de las víctimas del terrorismo».

La parlamentaria ha recordado que esta «no es la primera vez» que el PP plantea esta cuestión en la Cámara vasca. «Ya lo hemos pedido en otras ocasiones, pero a día de hoy, la posibilidad de sancionar en el ámbito administrativo comportamientos que ofenden a las víctimas del terrorismo y sus familias no está reconocido en la ley», ha criticado.

«NO PUEDEN SEGUIR QUEDANDO IMPUNES»

Por ese motivo, en esta nueva proposición no de ley el PP pide modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento en 2028, con el fin de que «comportamientos que se siguen produciendo en nuestras calles, en los entornos festivos, con exhibición de imágenes, carteles, imágenes de presos de ETA no pueden seguir quedando impunes».

Garrido ha explicado que existe «una laguna legal» que el PP pretende corregir a través de esta propuesta. En este sentido, ha asegurado que se produce «una discriminación», ya que en la Ley de Memoria Histórica «hay una previsión de sancionar y se recogen unas infracciones que son sancionables cuando se atenta o se ofenden determinados derechos de las víctimas», algo que –según ha criticado– «no ocurre» con la ley de victimas del terrorismo.

La parlamentaria del PP ha criticado que, pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Vasco para combatir la exhibición de mensajes que atentan contra los derechos de las víctimas, «las palabras se las lleva el viento», de forma que hasta ahora «no se ha hecho nada» para garantizar que estos comportamientos puedan ser sancionados administrativamente. «Nos parece inadmisible que los poderes públicos no hayan pasado a la acción con esta cuestión», ha añadido.

«EXCUSAS»

«Es una cuestión de dignidad, de defender a las víctimas», ha subrayado, para añadir que espera que en esta ocasión no se pongan «excusas» para no aprobar esta propuesta y cumplir con lo que en ella se plantea.

Laura Garrido ha explicado que esta iniciativa «va en coherencia» con la propuesta para reformar la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo que el PP ha registrado en el Senado.

ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su intervención, la parlamentaria ‘popular’ ha reiterado las críticas de su partido a los ataques con pintura registrados este pasado martes contra medios de comunicación de Donostia-San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz.

Garrido ha mostrado su apoyo a la libertad de expresión y ha condenado estos ataques, sobre los que ha afirmado que son «una muestra más del radicalismo que estamos viendo en distintos ámbitos». Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de «mantener la exigencia con aquellos que se siguen poniendo de lado y no condenan este tipo de actuaciones inadmisibles en democracia».

El PP vasco condena los ataques a medios de comunicación y lamenta que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi»

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha expresado su «condena más enérgica» ante los nuevos ataques que han sufrido dos medios de comunicación en Vitoria y San Sebastián, y ha lamentado que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi».

La organización independentista Jarki ha reivindicado pintadas contra las sedes de dos medios de comunicación en las capitales guipuzcoana y alavesa, a los que acusa de ser «cómplices de la guerra imperialista y de la miseria».

A través de sus redes sociales, el PP ha lamentado que «la libertad sigue sin estar garantizada en Euskadi, el clima de hostigamiento y señalamiento es una restricción a la libertad». Asimismo, ha considerado que hay que «decir basta ya con hechos a quienes no condenen estos ataques».

De Andrés critica la «ambigüedad» del acuerdo entre Pradales y Sánchez contra las armas blancas

Critica la «falta de reacción» del Gobierno Vasco ante el «crecimiento» de la delincuencia

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha criticado la «ambigüedad» que, según ha dicho, caracteriza al acuerdo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas.

De Andrés, que ha participado en Vitoria en un acto junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha mostrado muy crítico con la posición que mantiene el PNV y el Gobierno central en materia de seguridad.

En este sentido, ha cuestionado la utilidad que pueda tener el acuerdo alcanzado el pasado 27 de marzo entre Pradales y Sánchez para reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas.

De Andrés, que ha recordado que el Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una propuesta del PP para combatir el «incremento» del uso y tenencia de este tipo de armas, ha afirmado que su partido «siempre ha estado muy preocupado» por esta cuestión y por todo lo relacionado con la seguridad.

«FALTA DE REACCIÓN» DEL GOBIERNO VASCO

El dirigente del PP ha denunciado la falta de «una reacción significativa» del Gobierno Vasco ante el «crecimiento muy importante» de la delincuencia que, según ha dicho, se ha producido en Euskadi.

Respecto al acuerdo alcanzado por Sánchez y Pradales, ha subrayado que desconoce su contenido, «más allá de que se van a prohibir todo tipo de armas blancas». Esto –según ha dicho– es «muy genérico y muy ambiguo». Además, ha lamentado que «no hay un calendario al respecto».

El líder del PP vasco también ha acusado al PNV de no haber apoyado «ninguna» de las medidas que ha propuesto su partido en Euskadi para combatir la delincuencia.

«Bien está que [el PNV] ahora sea consciente de que existe el problema; pero nosotros lo hemos hecho mucho antes, y hubiera sido mucho mejor que la reacción política y las medidas se hubieran adoptado con mucho tiempo de antelación», ha añadido.

De Andrés, que ha criticado la «ambigüedad» del acuerdo entre Sánchez y Pradales, también ha puesto en dudas las afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre que las medidas derivadas de dicho pacto se van a poner en marcha «a la mayor brevedad».

«Lo de a la mayor brevedad es algo parecido a lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, que puede pasar la legislatura completa sin que se terminen de presentar», ha ironizado.

Gamarra denuncia la «complicidad» del PNV con la «inacción» del Gobierno español en materia de seguridad

La dirigente del PP advierte de que «hay que actuar ya» para combatir el «incremento» de armas blancas

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la «complicidad» del PNV con la «inacción» del Gobierno central en materia de seguridad, y ha subrayado la necesidad de «actuar ya» para hacer frente al «incremento» del uso y tenencia de armas blancas.

Gamarra ha participado este viernes, en Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que ha defendido la proposición no de ley registrada el pasado mes de febrero por el PP para combatir el uso de armas blancas, que será debatida la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

La dirigente del PP se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de España y con el PNV, formación que esta semana también ha exigido al Ejecutivo un endurecimiento de las medidas contra el uso de armas blancas. «Hoy se rasgan las vestiduras y dicen que ahora hacen falta medidas, pero han estado durante los últimos años apoyando a este Gobierno», ha afirmado.

Gamarra ha explicado que la próxima semana el Congreso de los Diputados «tiene la oportunidad de impulsar medidas, de hacer que el Gobierno tenga que dejar de estar quieto y parado, y de que se pongan en marcha reformas legislativas para acabar con el incremento de la tenencia y el uso de las armas blancas, que está alcanzando cifras y datos que son insoportables para una sociedad».

«NO SE HA HECHO NADA»

La dirigente del PP ha manifestado que «tiene que haber tolerancia cero con la tenencia de armas blancas en el espacio público cuando no está vinculado al ejercicio de una profesión». Gamarra ha criticado que «durante los últimos ocho años no se ha hecho absolutamente nada» en este sentido por parte del Gobierno de España.

Según ha dicho, «se está normalizando el uso de las armas blancas en la sociedad», algo que «no es inocuo». Gamarra ha recordado que la proposición no de ley registrada el pasado mes de febrero por su partido, que se debatirá la próxima semana en el Congreso, reclama «más prevención, más intervención, más incautación y más sanción».

La dirigente ‘popular’ ha subrayado que es necesario aprobar «reformas» para lograr estos objetivos, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber «mirado hacia otro lado» durante toda la legislatura.

Además, en referencia al PNV, al que ha acusado de «complicidad» con la «inacción» del Ejecutivo central en materia de seguridad, ha manifestado que quienes «hoy se rasgan las vestiduras y dicen que ahora hacen falta medidas», han estado durante los últimos años «apoyando a este Gobierno». «Han estado apoyando la inacción; y es el momento de pasar a la acción», ha añadido.

Gamarra ha recordado que la proposición no de ley del PP plantea «el endurecimiento de las sanciones administrativas y las penas de aquellos delitos que se cometan con la tenencia ilegal de armas blancas».

Asimismo, propone una revisión y una actualización «de todo lo que tiene que ver con la normativa para controlar el acceso y la compra de este tipo de armas», incluido el seguimiento de las ventas ‘online’.

PLAN INTEGRAL

El Partido Popular también plantea la necesidad de «reforzar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad» a través de reformas legislativas y de los propios operativos o las instrucciones internas. Para lograr estos objetivos, el PP reclama «un plan integral» de lucha contra las armas blancas que aborde «la prevención, la intervención, la incautación y la sanción».

Gamarra ha añadido que las reformas legislativas que se puedan aprobar tienen que contemplar reformas en el reglamento sobre el uso de armas con el objetivo de «ampliar el tipo de armas que tienen que estar prohibidas y ampliar las actuaciones de lo que es la venta, contemplando de manera detallada todo lo que es la venta en el ámbito ‘online'».

Los ‘populares’ también demandan la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana «para que tengamos un régimen sancionador que permita que el uso y porte de armas blancas que no tenga como destino el ámbito profesional pueda ser sancionado de una manera severa».

Asimismo, demanda la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «para endurecer las penas en aquellos delitos que se cometen con la tenencia ilícita de armas blancas, pero también para dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de instrumentos y respaldo legal para que puedan actuar e intervenir».

MENORES

Otro de los cambios planteados en la propuesta del PP afecta a la responsabilidad de los menores. Esta proposición no de ley pide revisar la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores para abrir la posibilidad de imponerles medidas penales por la utilización armas blancas en la comisión de delitos.

Gamarra ha subrayado que es necesario «actuar ya». «No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado», ha advertido, para reiterar a continuación la necesidad de «medidas claras, contundentes e inmediatas».

En este sentido, ha avisado de que «no cabe decir que vamos a empezar a estudiar», ya que «se tiene muy claro en qué camino ir». La dirigente del PP ha advertido de que «no hay excusas para tomarse más tiempo».

El PP denuncia que el ‘Pacto Vasco de Salud’ «no ha servido para resolver los problemas» de Osakidetza

Laura Garrido critica que el informe presentado por el Gobierno «parece corta y pega» de actuaciones «ya previstas» antes del acuerdo

VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP vasco, Laura Garrido Knörr, ha denunciado que el ‘Pacto Vasco de Salud’ «no ha servido para resolver los problemas» de Osakidetza, tal y como –según ha dicho– se demuestra con las listas de espera o los casos de vacunas caducadas.

Garrido, que ha comparecido ante los medios de comunicación durante la reunión de seguimiento del ‘Pacto Vasco de Salud’, ha criticado que este acuerdo está «viciado desde el principio».

La representante del PP ha señalado que el pacto se gestó de forma «improvisada», y que se diseñó sin «mucho criterio» y tras «constantes cambios en las reglas del juego y en los criterios» para llegar a acuerdos.

A su vez, ha afirmado que el cierre del acuerdo se llevó a cabo de forma «precipitada» y que el documento definitivo tenía «poca concreción» al estar basado en «generalidades». Por ese motivo, ha recordado que el PP otorgó un «apoyo crítico» al pacto, con el que se mostró «muy escéptico».

Transcurridos nueve meses desde la firma del acuerdo, ha afirmado que se ha confirmado «la poca utilidad» de este pacto. Además, ha lamentado que el Gobierno Vasco no haya aclarado quién se ha encargado de elaborar el informe presentado para acreditar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.

«LO QUE EMPEZÓ MAL, SIGUE MAL»

Garrido ha criticado que el informe «no se basa en el contenido del pacto», y que «parece corta y pega» con actuaciones «ya previstas» anteriormente a la firma del acuerdo. Por todo ello, ha denunciado que ha quedado en evidencia que el ‘Pacto Vasco de Salud’ «no ha servido realmente para solucionar los problemas de la sanidad vasca». «Lo que empezó mal, sigue mal», ha indicado.

Como ejemplo, ha citado las listas de espera en Osakidetza y los casos de vacunas caducadas. En el primer caso, ha advertido al consejero, Alberto Martínez, de que «no vale echar balones fuera» con la huelga de médicos contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Respecto a las vacunas caducadas, ha afirmado que el pacto «tampoco ha servido» para evitar «la gran crisis de las vacunas caducadas». Garrido ha asegurado que pese al informe presentado en su día sobre este asunto por el Departamento de Salud -que cifró en un 0,15% sobre el total de vacunas administradas en 2025 el porcentaje de las que estaban caducadas– «no sabemos el alcance» de este problema, sobre el que ha asegurado que ha «sobrepasado» al departamento.