El PP vasco propone sancionar los ataques contra la memoria de las víctimas del terrorismo en Euskadi

La iniciativa se debatirá el jueves en Pleno en el Parlamento Vasco

·  Presenta esta propuesta “para revisar en profundidad y modificar en su caso la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”.

· Pretende determinar las acciones y elementos contrarios a la memoria de las víctimas y adoptar las medidas necesarias para su retirada.

· Laura Garrido: “Basta ya de continuos ataques a la dignidad y a los derechos de las víctimas que salen gratis a quienes los realizan. El Gobierno Vasco no puede seguir mirando hacia otro lado”.

VITORIA, 8 ab. (REDACCIÓN) – El Partido Popular del País Vasco propone la modificación de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, con el fin de que incluya y regule un régimen sancionador. Así lo ha expresado hoy la portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido Knörr, quien ha dado a conocer una Proposición No de Ley para su debate este jueves en el Pleno del Parlamento Vasco, que pretende “salvaguardar la memoria y el derecho a la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo”.

En su iniciativa, el PP vasco se apoya en la regulación del régimen sancionador que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi sí tiene, pero del que carece la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Este deberá contemplar la existencia y tipificación de infracciones y sanciones de carácter administrativo en materia de vulneración de los derechos de Justicia, Dignidad y Reparación de las víctimas del terrorismo que la Ley les reconoce.

Tomando como ejemplo la Ley de Memoria, la iniciativa popular aboga porque “se implemente un sistema o régimen sancionador de naturaleza administrativa que complemente y satisfaga los derechos a la verdad, justicia, reconocimiento y reparación plena  a los que tienen derecho las víctimas del terrorismo de ETA por cuanto que vieron vulnerados sus derechos humanos fundamentales, sufriendo daños físicos, morales, psicológicos y patrimoniales por actos cometidos por una organización que trató de implantar un régimen totalitario en el País Vasco”.

La portavoz parlamentaria del PP vasco ha recordado en este sentido que “la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que sí contempla un régimen sancionador para las personas reconocidas como destinatarios de la misma, no ampara sin embargo a las víctimas del terrorismo de ETA. Con nuestra iniciativa pretendemos que se solvente un evidente e injusto agravio a estas últimas”.

Así, la propuesta del Partido Popular del País Vasco dice en su primer punto que este mismo año “y en cooperación y coordinación con las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, el Gobierno Vasco presente un “Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 4/2008, de 19 de Junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo” para su tramitación parlamentaria, en el que necesariamente se incluya el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones similar al contenido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi”.

Finalmente, Laura Garrido ha querido poner de manifiesto que “basta ya de continuos ataques a la dignidad y a los derechos de las víctimas que salen gratis a quienes los realizan”. “El Gobierno Vasco no puede seguir mirando hacia otro lado”, ha finalizado.

PP pide «depurar, atajar y subsanar las irregularidades» en la gestión de concesiones de amarres de los puertos vascos

Exige «responsabilidades políticas» con «ceses y dimisiones en la cúpula y en los dirigentes» de EKP

SAN SEBASTIÁN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP pide «depurar, atajar y subsanar todas las irregularidades que se vienen produciendo desde hace casi ya una década» en la gestión de las concesiones de los amarres de los puertos vascos y para ello «remodelar y reestructurar» el personal directivo y la plantilla de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, EKP.

En una rueda de prensa en el náutico de San Sebastián, la parlamentaria del PP en el Parlamento Vasco, Ana Morales, acompañada del portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas, ha dado cuenta de la moción consecuencia de interpelación presentada por su partido en la Cámara vasca relativa al procedimiento de otorgamiento y al régimen de las concesiones de plazas de amarre en los puertos vascos.

Morales ha recordado que este mes se cumplen «cuatro años de la situación de bloqueo que viven el conjunto de los puertos deportivos vascos y, en especial, el puerto de San Sebastián», donde hay «más de 3.000 personas solicitantes esperando una adjudicación en lista de espera y, además, hay plazas vacías».

«Nadie se explica a qué obedece toda esta mala gestión», ha subrayado. Tras trasladar su «solidaridad y apoyo a los usuarios de los puertos deportivos vascos que están siendo víctimas de una malísima gestión por parte del PNV y del Gobierno Vasco» con «sospechas de clientelismo y con muchísimas irregularidades», la parlamentaria vasca ha indicado que en el caso de la capital guipuzcoana se han registrado «más de 300 irregularidades que dieron lugar a cerca de 80 procedimientos judiciales que, a día de hoy, siguen vivos» desde que hace cuatro años se inició la renovación de las concesiones de amarres.

«Desaparecieron cerca de 60 solicitudes y otras, en cambio, aparecían dos o tres veces», ha denunciado, para incidir, a continuación que «había matrículas de barcos que aparecieron duplicadas y otras que habían desaparecido». A su juicio, existe una «clara sospecha de amiguismo y de intentar adjudicar a dedo» los amarres.

Por eso, en el Pleno de Control del pasado 7 de marzo el PP interpeló al Ejecutivo Vasco «exigiendo autocrítica y también soluciones a este problema que lleva para cuatro años». «Nos encontramos con cero autocrítica por parte de la consejera, pero sí que es cierto que, al finalizar el Pleno de Control, desde la consejería se repartió una nota de prensa a los medios de comunicación, en la que se comprometían a publicar este mismo año un nuevo decreto para cambiar el proceso de adjudicación de los amarres», ha recordado.

En este contexto, ha explicado que ahora el PP quiere «marcar unos plazos» al Gobierno Vasco para que «esto sea prioritaria» y, por ello, los populares han presentado la moción que se debatirá este jueves en el Parlamento Vasco.

En ella solicitan al Gobierno Vasco que «en el plazo de tres meses se haga ese nuevo Decreto de procedimiento para adjudicar las plazas de amarres» y que «no se vayan dando largas», así como «una solución dialogada, consensuada con los usuarios y con el conjunto de quienes están implicados para la solución de bloqueo».

A juicio de Morales, «el Gobierno Vasco no se puede quedar de brazos cruzados esperando que los tribunales resuelvan los 80 procedimientos judiciales abiertos», sino que «tiene que mover ficha, remangarse, salir del despacho, negociar y consensuar con los usuarios del puerto deportivo de San Sebastián una solución».

RESPONSABILIDADES

Además, el PP exige «responsabilidades políticas, porque no puede salir gratis haber gestionado tan mal la sociedad de puertos deportivos vascos». «Gestionar mal en el Gobierno Vasco tiene que tener consecuencias políticas y, por eso, pedimos la remodelación completa de esa sociedad pública, pedimos ceses y dimisiones en la cúpula y en los dirigentes de la sociedad que dirige los puertos deportivos vascos», ha añadido.

Corominas, por su parte, ha añadido que el PP «está liderando la defensa de los amarristas de todo el País Vasco» ante la «gestión clientelista y patrimonialista que lleva a cabo el PNV, que todo lo trata de controlar de una manera clientelar».

El PP vasco solicita más medidas contra el fraude en la VPO de alquiler

Denuncia que las inspecciones han disminuido casi un 30%

· Preresentará una iniciativa parlamentaria debido al aumento de las irregularidades detectadas, que en el último año se han multiplicado por 3.
 
· Pretende que se ponga en marcha un teléfono antiFraude, para denunciar de forma anónima fraudes en la VPO de alquiler.
 
· Otra de las propuestas del PP vasco es actualizar los importes de las sanciones.

BILBAO 17 mar. (REDACCIÓN) – El Partido Popular del País Vasco ha solicitado al Gobierno Vasco más medidas contra el “fraude” en las VPO de alquiler. Así lo ha expresado hoy la portavoz parlamentaria de Vivienda del PP vasco, Ana Morales, quien además ha denunciado que las inspecciones “han disminuido un 30%” y ha presentado una batería de propuestas que realizará al ejecutivo autónomo.

Morales, en rueda de prensa celebrada esta mañana en Bilbao, ha afirmado que Euskadi vive una situación de auténtica emergencia en relación con la vivienda. “Muchas familias y muchos jóvenes viven un drama. Son ya casi 100.000 los vascos que demandan una VPO en las listas de Etxebide, porque o bien no pueden emanciparse, o porque los altos alquileres les suponen una merma en poder adquisitivo y en su calidad de vida”.

Según los datos oficiales, el 80% de los demandantes, es decir, 80.000 vascos, piden una VPO de alquiler. Ana Morales considera que, por ello, “la gestión que haga el Gobierno Vasco en esta materia debe ser lo más rigurosa y eficaz posible”. Según la parlamentaria popular, esa es la razón que ha llevado a su formación a fijarse en el fraude que pueda producirse en esta materia, ya que “supone un agravio y una injusticia hacia quienes están a la espera de un piso social”.

DATOS

Apoyada en tres gráficos, Ana Morales ha presentado los datos de la respuesta del Gobierno Vasco a una pregunta parlamentaria por escrito, unos datos que reflejan una disminución del número de inspecciones entre 2022 y 2024 del 27,3% (de 9.872 en 2022 a 7565 en 2023; y a 7178 en 2024).

El segundo gráfico evidencia una bajada en el número de sanciones de 44 en 2022 a 20 en 2023; y a 6 en 2024. Morales ha añadido que la mayoría de las sanciones se producen por mantener el inmueble vacío. Pero que también hay sanciones por realquilar de manera fraudulenta y a terceros una VPO adjudicada en alquiler, que son un porcentaje menor.

Finalmente, el tercer gráfico se refiere al número de irregularidades, de 416 en 2022 a 369 en 2023; y a 1.102 en 2024. A la vista de estos datos, Ana Morales ha asegurado que “en el último año se han multiplicado por tres el número de irregularidades detectadas, a pesar de que se han realizado menos inspecciones”.

PROPUESTAS

La parlamentaria popular ha querido “que quede claro nuestro rechazo y nuestra condena al fraude en los pisos sociales de alquiler. Son para quienes de verdad los necesitan y con la grave falta de vivienda que sufrimos no se puede ni tolerar ni mirar a otro lado”. Morales ha anunciado que “el PP presentará una iniciativa en el Parlamento Vasco para pedir más medidas para detectar y atajar estas irregularidades, pero también para disuadir y evitarlas”.

Así, el Partido Popular propone que el Gobierno Vasco impulse un mayor número de inspecciones, “porque las está reduciendo”. Además, poner en marcha un teléfono antiFraude, para denunciar de forma anónima fraudes en la VPO de alquiler. Finalmente, solicitará actualizar los importes de las sanciones.

Ana Morales considera que “el Gobierno Vasco debe tener una actitud más proactiva contra el fraude en el alquiler de pisos sociales y más compromiso con una serie de medidas disuasorias. Los 80.000 vascos que están a la espera de un piso social de alquiler no entenderían que se relaje la inspección y lucha contra el fraude”, ha finalizado.

PP vasco acusa al PNV de «corrupción» y dice que recabará información sobre contratos de Montai para trasladarla a la Fiscalía

SAN SEBASTIÁN 14 Mar. (EUROPA PRESS) – El PP ha acusado al PNV de «corrupción estructural» y ha anunciado que va a pedir al Gobierno Vasco todos los contratos que se hayan firmado con la empresa Montai y «con todas las que se utilizaban como tapaderas para evitar que se superaran los límites del contrato menor» para «saber cuál es el alcance que tiene». Ha añadido que, una vez que dispongan de esa información, su intención es trasladarla a la Fiscalía Anticorrupción.

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, se han referido en rueda de prensa en San Sebastián a las informaciones publicadas en eldiario.es sobre la declaración en un juicio del dueño del grupo Montai, vinculado a la formación jeltzale en Gipuzkoa, en la que habría explicado que accedió a supuestos contratos irregulares en Hondarribia cuando el municipio guipuzcoano estaba gobernado por el PNV.

Larrea ha denunciado el «sistema clientelar» y la «corrupción estructural» del PNV que «se ha instalado en todas las instituciones en las que tienen representación o gobiernan durante décadas». «Un modelo de adjudicación a dedo, de contratos fraccionados, de favoritismos y de impunidad que ha permitido que los mismos de siempre se beneficien a costa del dinero de todos los vascos», ha remarcado.

A su juicio, la confesión del empresario de Montai en sede judicial ha dejado «claro que el PNV ha usado dinero público para beneficiar a los suyos, que las instituciones gobernadas por el PNV han adjudicado contratos sin concurso público una y otra vez a las empresas de su militante, miembro de su Asamblea Nacional y excandidato». «Y cuando la ley ponía límites, simplemente han cambiado de empresa o de CIF para seguir facturando», ha añadido.

Según ha destacado, lo ocurrido en Hondarribia con el grupo Montai «no es un caso puntual, es la punta del iceberg». «No estamos hablando de un caso aislado, de una simple irregularidad de un Ayuntamiento. Estamos hablando de una trama perfectamente organizada que ha funcionado en distintas instituciones con el visto bueno y la protección del PNV», ha censurado.

Según ha manifestado, en Hondarribia, se han producido «más de una década de adjudicaciones a dedo, fraccionando contratos de manera irregular y de manera ilegal, lo que les ha llenado las arcas con dos millones y medio», ha subrayado Larrea, quien ha indicado que la Diputación Foral de Gipuzkoa habría adjudicado directamente 84 contratos a «ese entramado sin licitación por más de 370.000 euros» y en el Gobierno Vasco también habría habido «contratos en Gogora, Lehendakaritza y Juventud a estas empresas vinculadas al PNV».

Así, se ha preguntado «cuántas empresas afines al PNV se han beneficiado del sistema durante años sin que nadie les pare los pies, dónde están las explicaciones del Lehendakari y dónde están las dimisiones». «No las hay, porque nunca las hay dentro del seno del PNV porque durante años han confiado en su impunidad, en que no pasará nada a pesar de los casos de corrupción que les asedian», ha dicho.

La dirigente popular ha advertido de que su formación «no va a parar hasta que esta trama corrupta quede juzgada» y ha remarcado que no quieren que «nadie quede impune». «Vamos a llegar hasta el final, vamos a investigar, pasándole a la Fiscalía todos los datos que saquemos para que la Fiscalía Anticorrupción investigue», ha asegurado.

Larrea ha señalado que pedirán que el Gobierno Vasco haga público todos los informes de la Oficina de Control sobre «los contratos con el conglomerado de Montai» y que la Fiscalía Anticorrupción «investigue si hay delitos de prevaricación, de fraude, de contratación ilegal o de tráfico de influencias».

También ha exigido que el PNV «asuma sus responsabilidades políticas» y que la presidenta del GBB, María Eugenia Arrizabalaga, explique «cómo es posible que durante años hayan permitido que esto ocurra sin hacer absolutamente nada».

«TAPADERA»

Por su parte, Javier De Andrés ha incidido en que este caso se trata de «dos millones y medio de euros en contratos menores adjudicados a dedo con varias empresas que se usaban como tapadera y que desde luego están absolutamente implicados dentro del PNV».

Tras resaltar que en este caso hay «un evidente caso de corrupción», se ha mostrado sorprendido por que la formación jeltzale actúa como «si no fuera con ella». En ese sentido, ha criticado su «grado de descaro» porque «es un tema conocido durante muchos años».

Desde la formación popular han recordado que el «escándalo» de los contratos menores adjudicados «de forma sistemática» a empresas vinculadas al empresario de Montai comenzó a destaparse entre 2015 y 2019, cuando el concejal del PP en el Ayuntamiento de Hondarribia, José Miguel Ochoteco, denunció reiteradamente en los plenos municipales «la opacidad y las irregularidades en la adjudicación de contratos a dedo» a este Grupo.

Ochoteco se hizo eco de los informes «negativos» de la interventora municipal, que alertaban sobre la presunta «ilegalidad» de estos contratos y recomendaban no proceder al pago, dado que se estaban fraccionando servicios «para eludir los procedimientos de contratación pública». «A pesar de estas advertencias», el equipo de gobierno del PNV en Hondarribia «siguió adjudicando» a este grupo, según ha denunciado el PP.

PP vasco propone al Gobierno de Pradales un nuevo Plan Oncológico de Euskadi y «avanzar en la mejora» de los programas de cribado

La iniciativa se debatirá mañana jueves en Pleno en el Parlamento Vasco

· Presenta esta propuesta “para rebajar la incidencia y mejorar la supervivencia del cáncer en el País Vasco”.
· Laura Garrido: “Hay que incidir en la importancia de la prevención, un diagnóstico temprano, el tratamiento, la curación y, sobre todo, la investigación”.
· Un nuevo Plan Oncológico “es una prioridad para la sociedad vasca, es una prioridad para todos y el PP vasco presenta esta iniciativa para que sea una realidad”

12 marzo, 2025 (REDACCIÓN) El Partido Popular del País Vasco propone un nuevo Plan Oncológico de Euskadi, una vez finalizada la vigencia del anterior de 2018-2023. Así lo ha expresado hoy la portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido Knörr, quien ha dado a conocer una Proposición No de Ley para su debate mañana en el Pleno del Parlamento Vasco con el objeto de “seguir dando pasos para rebajar la incidencia y mejorar la supervivencia del cáncer”.

Del cáncer, una enfermedad que es la principal causa de mortalidad en Euskadi, se diagnostican 14.000 nuevos casos en el País Vasco cada año. Garrido advierte que “es necesaria la elaboración y puesta en marcha de un nuevo Plan Oncológico, que sea ambicioso y que permita diseñar estrategias más eficaces para que el cáncer afecte al menor número de personas posible”.

Entre estas estrategias, la iniciativa popular apuesta por “seguir haciendo hincapié en promover hábitos de vida saludables, el control de los factores de riesgo y el diagnóstico precoz”. Además, “un tratamiento adecuado para la rehabilitación funcional y mejorar la calidad de vida de los enfermos, reducir la carga de la enfermedad relacionada con los tumores, promover un abordaje integral y multidisciplinar, aumentar el grado de conocimiento e información de la población, seguir promoviendo un cultura activa de la formación de los profesionales, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías”.

La portavoz parlamentaria del PP vasco ha señalado en este sentido “la importancia de la prevención, un diagnóstico temprano, el tratamiento, la curación y, sobre todo, la investigación”. La Proposición No de Ley solicita que el Gobierno Vasco elabore este nuevo Plan Oncológico de Euskadi en un plazo de seis meses y que “facilite el desarrollo de estructuras y circuitos asistenciales con equipos multidisciplinares que garanticen la mejor atención al paciente y poder avanzar en la mejora de los programas de cribado implantados”.

Finalmente, Laura Garrido ha querido poner de manifiesto que “todos conocemos el cáncer o bien porque lo padecemos en primera persona o porque conocemos a alguien que lo ha sufrido”. Un nuevo Plan Oncológico “es una prioridad para la sociedad vasca, es una prioridad para todos y en el PP vasco trabajamos para que sea una realidad”, ha finalizado.

PP pide una Ponencia parlamentaria para el estudio y seguimiento de las pruebas de nivel del alumnado vasco

Reclama al Departamento de Educación del Gobierno vasco «evaluaciones rigurosas» y «transparencia en los resultados»

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) – El PP ha pedido este lunes en el Parlamento Vasco la creación de una Ponencia permanente para el estudio y seguimiento de las pruebas de nivel del alumnado vasco, ante la «ocultación de datos» por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco al que ha reclamado «evaluaciones rigurosas» y «transparencia en los resultados».

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, la parlamentaria del PP Muriel Larrea ha presentado esta iniciativa ya que ha defendido que «la educación no puede ser un experimento ni un territorio sin control».

«No podemos gestionar la enseñanza de nuestros hijos con ocultismo, con falta de datos y tan sólo con decisiones políticas. Necesitamos evaluaciones rigurosas, necesitamos transparencia en los resultados y medidas efectivas para corregir las dificultades que se detecten», ha reclamado.

En este sentido, ha denunciado la «falta de transparencia, falta de información y el desprecio absoluto a la rendición de cuentas que debe prestar el Gobierno Vasco en el Parlamento».

Por ello, el PP ha presentado esta iniciativa que pide la creación de una Ponencia permanente para el estudio y seguimiento de las pruebas de evaluación del nivel del alumnado vasco.

«ESTÁ EN PROBLEMAS»

Larrea ha afirmado que «el sistema educativo vasco está en problemas» y cree que, por ello, el lehendakari anunció a finales del año pasado la creación de un comité de expertos. «Es un comité de expertos del que no sabemos quiénes son y qué decisiones toman. Lo que deberían decirnos es quiénes son los expertos que forman parte de ese comité de para analizar el Sistema Educativo Vasco», ha insistido.

Para el PP, «si se crea un comité de expertos es porque realmente el Sistema Educativo Vasco tiene problemas y está en problemas» y ha reclamado «transparencia».

«Nos estamos jugando el futuro de toda una generación y no nos lo podemos jugar a trileros, a no aceptar la realidad, a ocultar datos. Aquí lo que hace falta es transparencia; esto es lo que le falta a este Gobierno para no reconocer que existe un problema», ha reiterado.

Paloma Martín denuncia que la conjunción de políticas de Sánchez y PNV han llevado a una ley de Vivienda «coja»

Javier De Andrés apuesta por «fomentar la oferta de manera que conduzca a que haya más disponibilidad y, consecuentemente, a un mejor precio»

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – La senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha denunciado que la «conjunción entre las políticas del Gobierno de España y las que desarrolla el PNV y, por lo tanto, el Gobierno Vasco», han llevado a una ley de Vivienda «coja, que no resuelve los problemas» y es «un fracaso más que suma el Gobierno y el PNV».

En una rueda de prensa este miércoles en Bilbao, acompañada por el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, Paloma Martín ha afirmado que, para los populares, la vivienda es «una cuestión de Estado, dada la situación de emergencia en la que nos encontramos en estos momentos», y ha advertido que «en España se requiere de medidas urgentes que hay que poner ya encima de la mesa para dar la vuelta a un mercado inmobiliario que está roto» y que «se ha convertido en la primera preocupación de los españoles».

Paloma Martín, que ha atribuido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el «mérito de haber convertido la vivienda en la primera preocupación de los españoles», ha advertido de que «falta oferta de vivienda y crece la demanda», porque «se construyen 100.000 viviendas al año en España, cuando el Banco de España ha dicho que son necesarias la construcción de 600.000 viviendas» y «se ha incrementado un 37% el precio del alquiler y de compra», además de que «la ocupación alcanza cifras récord, con 80.000 viviendas ocupadas en España en estos momentos y 25.000 son inquiocupaciones».

Martín ha afirmado que el mercado de la vivienda está «roto» por «la inseguridad jurídica que ha generado el gobierno de España con sus iniciativas y con la aprobación de una Ley de Vivienda perversa, que ha provocado el hundimiento de la oferta y que se hayan disparado los precios».

La responsable popular ha criticado que «el modelo de vivienda del Gobierno de Sánchez, y también el que se sigue aquí, en el País Vasco, donde gobiernan PNV y PSE, es el de la intervención del mercado del alquiler, donde se banaliza la vulnerabilidad y donde los ocupas tienen más derechos que los propietarios».

Sin embargo, ha asegurado que en el Partido Popular están «para hacer política que sirve» y, en este sentido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, «ha presentado un plan de vivienda con el que se propone dar la vuelta a la situación de la vivienda en España en este momento, apostando por la construcción de vivienda y la rehabilitación, luchando contra la ocupación y haciendo rebajas fiscales importantes».

En el Partido Popular, ha subrayado, «defendemos la propiedad privada, no banalizamos la vulnerabilidad y apoyamos a las familias que son vulnerables pero no a los que usando la justificación de la vulnerabilidad prolongan ‘sine die’ la posesión de una vivienda».

Asimismo, ha apostado por la colaboración público-privada y, en esa línea, ha dicho que la administración «tiene que hacer esfuerzos poniendo suelo en el mercado para que se pueda construir tanto vivienda libre como protegida».

Tras asegurar que el plan de vivienda de Núñez Feijóo está orientado a «atender a esta situación de excepcionalidad y de urgencia», Martín ha repasado todas las medidas recogidas en la propuesta de los populares y ha denunciado la «conjunción entre las políticas del Gobierno de España y las políticas que desarrolla el PNV y, por lo tanto, el Gobierno Vasco», que han llevado a una ley de Vivienda «coja, que no resuelve los problemas». «Es un fracaso más que suma el gobierno y el PNV en su deriva hacia una política que se ha demostrado fracasada», ha manifestado.

Según ha señalado, hay «dos modelos, el del PNV y el Gobierno de España y el PSOE, que se centra en la intervención del mercado, genera inseguridad jurídica, demoniza al propietario y da más derechos a los okupas», y el del Partido Popular que «hace política que sirve» y presenta una Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda que es «la que en estos momentos necesita España para dar la vuelta a la situación en la que nos encontramos».

DEMANDA DE 100.000 VIVIENDAS EN EUSKADI

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha advertido que la vivienda se ha convertido «en el primero de los problemas de los ciudadanos y, particularmente, de aquellos más jóvenes que se están teniendo que buscar alternativas nada fáciles para encontrar una forma de emanciparse».

En el caso de Euskadi, ha recordado que, «según el Observatorio Vasco de la Vivienda, hay una demanda de más de 100.000 vascos que necesitan un lugar en el que vivir», y, ante ello, el Gobierno Vasco «se ha comprometido a que en esta legislatura sacaría 7.000 adelante, lo que significa que harían falta 15 legislaturas para resolver el problema si lo dejamos en manos del Gobierno Vasco».

Javier De Andrés ha defendido que hay «otra alternativa», que pasa por «fomentar la oferta de manera que conduzca a que haya más disponibilidad y consecuentemente también a un mejor precio».

«Es como funciona la ley de la oferta y la demanda a la que la izquierda suele hacer muy poco caso», ha remarcado, para añadir que, «sobre todo, hace falta que haya «una oportunidad para aquellos que están deseando hacer vivienda, para que no tengan las trabas burocráticas que se encuentran en el País Vasco con la prolongación de las dificultades de los planes generales y de todas las tramitaciones administrativas».

En ese sentido, se ha referido a la Ley de Medidas para acelerar la construcción de vivienda y proteger el mercado de alquiler, anunciada este miércoles por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, para asegurar que «lo que vaya en la línea de liberalizar, de desregular y de comprimir todo lo que sea la actividad en el mundo de la vivienda es lo conveniente y necesario».

«Ahí es donde estamos nosotros, pero ahí no es donde ha estado el Partido Socialista. Lo veremos con la letra pequeña», ha añadido, en referencia a esta ley que Itxaso espera aprobar este año y que contempla medidas como la posibilidad de rebajar la exigencia de construcción de vivienda protegida al 60% o reducir los plazos administrativos de los trámites urbanísticos hasta en un 50%.

Según ha apuntado, «la realización de una vivienda nueva en Euskadi lleva entre 10 y 15 años de trámites administrativos, con lo cual podemos decir que las cosas que se están anunciando hoy en relación con modificaciones legislativas en materia de vivienda es posible que podamos ver que eso se plasma dentro de 10 años».

De Andrés asegura que en la reforma fiscal se verá «quién manda entre PNV y PSE» y reitera «la mano tendida» del PP vasco

Lamenta que no tiene «noticia» sobre las propuestas de su partido aunque «el lehendakari diga que tienen la puerta abierta a hablar»

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reiterado que su partido tiene «la mano tendida» para negociar la reforma fiscal, pero no tiene «noticia» sobre las propuestas que ha planteado, pese a que «el lehendakari diga que tienen la puerta abierta para hablar». En este sentido, ha señalado que esta negociación será «una oportunidad» para ver «quién es el que manda entre el PNV y el PSE» en las diputaciones.

En una comparecencia en Bilbao, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para dar a conocer los asuntos tratados en la Junta Directiva Regional, Javier De Andrés ha asegurado que el PP tiene «la mano tendida y la voluntad de avanzar» con sus propuestas en la negociación de la revisión fiscal que se está abordando en los tres territorios vascos.

«Lo que esperamos es que la decisión que adopten los gobiernos del PNV y el PSE sea en favor de las familias y ahí, desde luego, van a tener el encuentro con el PP», ha asegurado. Por contra, ha añadido, «si lo que hacen es lo que está planteando la parte de más izquierda» y se inclinan «por otro tipo de acuerdos», lo que harán será «seguir castigando a las clases medias».

De Andrés ha pedido que se trabaje en la misma línea que permitió alcanzar un acuerdo entre su partido, jeltzales y socialistas en la última reforma del Impuesto de Sociedades, y, de este modo, también en el caso de la actual revisión fiscal se tengan «en consideración algunas de las propuestas que hace el Partido Popular».

«Esta misma mañana, en el Parlamento vasco, el lehendakari me decía que tenían la mano tendida y la puerta abierta para hablar con el PP, pero nosotros hemos presentado las enmiendas y todavía no tenemos noticia de cuál es el efecto que les ha causado o si les parece que puede estar en la línea de lo que ellos también quieren», ha comentado.

En esta línea, ha denunciado que «la posición del PNV inicialmente era muy receptiva» a sus propuestas, «hasta que llegó Eneko Andueza y dijo que con el PP, nada» y parece «como que se han frenado las cosas», aunque «a la vez nos dicen que tienen la puerta abierta».

En todo caso, ha insistido en que el Partido Popular sigue teniendo «la mano tendida» y ha advertido de que esta negociación de la revisión fiscal «va a ser también una oportunidad para ver quién es el que manda entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista» en los gobiernos de coalición que mantienen en las diputaciones.

«Si el que manda es el PNV, que mostraba voluntad de llegar a acuerdos con el PP, pues nos entenderemos en favor de las familias» ha reiterado. Si, finalmente, «la posición de obstrucción del PSE es la que domina», ha asegurado que se verán «cosas diferentes», que son «desgraciadamente las mismas que se están viendo constantemente en el Congreso de los Diputados por ese apoyo permanente del PNV al PSOE con los socios de la izquierda más radical de Europa como son Bildu, Podemos, etcétera».

PROPUESTAS DEL PP CON TÉRMINOS «BIEN CONOCIDOS»

En relación a las propuestas que plantea el PP vasco, su presidente ha subrayado que los términos «son bien conocidos». Entre otras materias, ha mostrado su preocupación por el «declive permanente en el número de personas que se dedican a la actividad privada por su cuenta propia» y ha sostenido que creen que los autónomos «tienen que tener un tratamiento mucho más favorable para mantener esa parte que es fundamental de la economía».

«Una cosa que en el País Vasco nos ha caracterizado es el respeto a la empresa, el valor que tiene la industria, la actividad privada y la generación de riqueza que esto conlleva», ha insistido. Por ello, ha considerado que no se puede «despreciar» los «puntos de bienestar» conseguidos, sino que hay que «seguir alentando, apoyando y animando para que sigan trabajando y contribuyan al desarrollo de sus propias familias y del conjunto de la sociedad».

El presidente del PP vasco ha explicado que han propuesto «una serie de beneficios fiscales que contrarresten la pérdida de capacidad adquisitiva que está teniendo la sociedad vasca».

Según ha destacado, la recaudación por tributos concertados de las haciendas vascas en 2014 fue de 12.300 millones, mientras que para este año 2025 la previsión es que sea de 19.700 millones. «Estamos hablando de 7.400 millones más, es decir, más de la mitad de lo que se recaudó en el año 2014», ha explicado, lamentando que «la recaudación fiscal sí que va como un tiro pero la situación de las familias, no».

Ha añadido además que el número de personas cotizantes es el mismo en el periodo mencionado, por lo que «están soportando un 60% más de aportación a las haciendas forales y, consecuentemente, a todas las administraciones públicas de que operan en Euskadi».

A su entender, esta cifra es «reveladora de la presión fiscal que se está viviendo» y de que Euskadi «está entrando en la dinámica del infierno fiscal que está viviendo España».

Una situación, según ha criticado, que se debe a que, por un lado, «en el Congreso de los Diputados PSOE y PNV, con sus socios, se alinean para subir el IVA y para seguir subiendo una serie de impuestos que afectan al conjunto de España».

Por otro lado, ha censurado que, en los tributos concertados, «lo que sucede en Euskadi es que también el PNV y el PSE se alinean para seguir haciendo subidas fiscales», entre las que ha mencionado la «no deflactación de la tarifa o no ajustar las tarifas del IRPF al crecimiento del coste de la vida» en una comunidad en la que el IPC «es el más alto de España con un 3,6%».

En este sentido, desde el PP han defendido que «lo razonable, lo conveniente, es que las familias tengan la oportunidad de recuperar aquellas rentas, ese dinero que han ganado con su trabajo y que recuperen en parte de la capacidad adquisitiva que han perdido por todas estas circunstancias de la presión fiscal a la que se ven sometidos desde los últimos 6-7 años».

VIVIENDA

Por otra parte, ha denunciado que los costes de vivienda en Euskadi están entre los más altos de España y ha mencionado, especialmente, el caso de San Sebastián y Zarautz (Gipuzkoa), que están entre las diez más caras de España.

En la misma línea, respecto al coste de emancipación «ya sea en propiedad o en alquiler», ha mencionado que Euskadi es la segunda comunidad con más coste, por lo que «tiene que haber un apoyo particularmente a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda».

Desde el PP, ha asegurado, se han presentado iniciativas «sobre las mesas de los responsables de las haciendas forales desde hace ya más de una semana», pero sobre las que no han «recibido noticias».

PP vasco pide a PNV y PSE-EE que «aclaren entre ellos qué es lo que quieren» en la reforma fiscal

Laura Garrido dice que el Gobierno Vasco está haciendo «una enmienda a la totalidad» a sus políticas anteriores en sanidad

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS Y REDACCIÓN) – La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido Knörr, ha afirmado este martes que la reforma fiscal es «una oportunidad importante» y el momento para decidir si «incrementar la presión fiscal o ayudar a las familias», por lo que ha instado a PNV y a PSE-EE a que «aclaren entre ellos qué es lo que quieren».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Garrido ha señalado que el PNV «debe elegir con quien quiere llegar a un acuerdo», y se ha mostrado dispuesta a pactar la reforma fiscal, tras la negativa de EH Bildu a acordar la revisión planteada por los partidos en el Gobierno y la del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, a pactar la reforma con el PP.

«Creemos que tenemos una oportunidad importante y que es el momento de decidir si subir la presión fiscal o ayudar a las familias. El PNV tiene que elegir con quien quiere acordar, porque, por un lado, EH Bildu ya ha dicho que no va a estar en el acuerdo y, por otro, Eneko Andueza ha dicho que no quiere acordar con el PP. Pero necesitan el PP, especialmente en Álava y Gipuzkoa, porque no tienen mayoría», ha explicado.

Así, la dirigente del PP vasco ha recordado que presentaron la pasada semana su planteamiento de reforma fiscal, con propuestas que incluyen una deflactación del 3,6% para recuperar el poder adquisitivo perdido y rebaja de tipos en todos los tramos del IRPF, y que, en su opinión, «ayudan a los trabajadores y a las clases medidas».

Laura Garrido ha asegurado que la reforma planteada por el PP «es una reforma para darle la vuelta a la situación», ya que, según ha dicho, la situación económica en Euskadi «no es nada buena».

«Hemos puesto en marcha ese modelo en todas las comunidades autónomas que gobernamos y las cosas van bien. Cuando en Euskadi se crea un puesto de trabajo, en Madrid se crean diez. No hay más que mirar cómo están Andalucía, Aragón o Galicia. Hemos hecho una apuesta decidida por bajar impuestos y da resultados. Esas son las recetas que quieren impulsar el PP, ha destacado.

Por ello, ha asegurado que «nuestra mano está tendida» al acuerdo en la reforma fiscal, «pero ellos son los que deben decidir». En su opinión, el PNV tiene «un problema evidente», ya que su socio de gobierno «ya ha dicho que hacer la reforma con el PP es imposible».

«Sería conveniente que aclaren entre ellos cuanto antes qué es lo que quieren, y, conforme a eso, nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando y acordar», ha asegurado.

En todo caso, ha advertido de que el PP tiene sus «líneas rojas» y que la reforma debe ser «integral y profunda», ya que, según ha dicho, «los trabajadores han perdido poder adquisitivo y tenemos una gran oportunidad de devolverles el dinero, porque además es una cuestión de justicia social».

SALUD

Por otro lado, Laura Garrido ha considerado que el actual Departamento de Salud del Gobierno Vasco está haciendo «una enmienda a la totalidad» a las políticas llevadas a cabo hasta ahora por dicho departamento.

Garrido se ha referido así a las reaperturas del PAC de San Martín y de las Urgencias del Hospital de Santiago en Vitoria-Gasteiz, rectificando así las decisiones del anterior Departamento de Salud.

«Están haciendo una enmienda a la totalidad a las políticas hechas antes. En la anterior legislatura se tomaron muchas decisiones que no fueron buenas, se cerraron servicios básicos y de calidad, como las Urgencias de Santiago, y al final el tiempo nos ha dado la razón», ha asegurado.

La portavoz parlamentaria del PP vasco ha destacado que «el cambio es evidente» y que espera que sean «para bien», aunque ha criticado que «en el Gobierno están los mismos partidos y no se puede gobernar haciendo cambios tan profundos, un día defendiendo una cosa y otro día la contraria».

Asimismo, ha considerado que, tras acordar el diagnóstico, los principios y los valores en la Mesa del Pacto Vasco de Salud, «ahora entramos en la fase crítica», ya que, según ha dicho, «debemos concretar estrategias y, especialmente, las medidas para responder a los problemas y retos que tenemos».

«Nosotros vamos con ánimo constructivo. Veremos cual es la voluntad del Gobierno Vasco, aunque destacaría que el talante ha cambiado por completo y que hay una vía para el diálogo. Con la anterior consejera era muy difícil dialogar», ha asegurado.

EDUCACIÓN

Para la portavoz popular en el Parlamento Vasco, las cosas «se están haciendo muy mal en materia educativa, como reflejan distintos informes en cuanto al nivel de los alumnos vascos. «Esto merece una reflexión, pero ya merecía una reflexión desde hace tiempo». Según Garrido, «perdimos una gran oportunidad con la Ley de Educación».

INDEPENDENCIA

Laura Garrido ha cuestionado, por otra parte, si de verdad la independencia es una «prioridad» para los vascos, a tenor del último sociómetro y de una tendencia mantenida en el tiempo que refleja que «cada vez son menos las personas que están a favor de la independencia. No creo que esta sea una prioridad».

«Las prioridades, las preocupaciones, los problemas de los vascos son la vivienda, el desempleo, la salud, la economía, la seguridad y la inmigración. Y con esas preocupaciones está también el PP vasco».

De Andrés denuncia la utilización del Estatuto con «perspectiva identitaria» y una gestión que «permite la coacción»

Reclama cambios «muy proactivos que vayan a la recuperación, crecimiento, desarrollo y promoción de la industria» en Euskadi

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, ha denunciado que se está dando una utilización del Estatuto con «perspectiva identitaria» y una gestión del mismo que «permite la coacción» de los vascos.

En una entrevista a Radio Euskadi, se ha referido, de esta manera, a las conversaciones con distintos partidos impulsadas por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, sobre autogobierno, y ha indicado que, en el caso del PP, se mantuvo una única reunión.

A su juicio, hay elementos que se podrían incorporar al Estatuto para mejorarlo. «Los vascos necesitamos más libertad, menos coacción, más garantías de muchas cosas, particularmente, de libertad. No ser coaccionados, porque entendemos que el Estatuto se ha utilizado con una perspectiva también identitaria que ha perjudicado a los vascos», ha manifestado.

Javier De Andrés ha precisado que la gestión del Estatuto «permite la coacción» a los vascos. «¿Quién iba a pensar que en Vitoria o en Laguardia no se iba a poder estudiar en castellano?. El Estatuto se hizo para que todo el mundo tuviera libertad de acceder al modelo educativo que quisiera. La realidad es que eso se ha transformado en que, en este momento, no se puede estudiar en el idioma oficial que quieras, y tienes que aceptar el modelo que se ha impuesto», ha agregado, para considerar que sería «muy bueno que el Estatuto recogiera elementos de libertad para los ciudadanos vascos».

DECLIVE

Según el dirigente del PP vasco, no por el Estatuto en sí, pero sí por su gestión, se ha derivado en la actual situación que se vive en Euskadi, con un «declive» en la industria y una pérdida de peso en el ámbito cultural y demográfico.

Javier De Andrés cree que hay aspectos que se deberían modificar «para dar otro estímulo y recuperar la posición y el peso económico» que tuvo Euskadi. «La realidad es que hoy en día, en vez de ser atractivos para que venga talento a Euskadi, nuestros jóvenes se marchan fuera de aquí», ha apuntado De Andrés, que ha añadido que «no viene capital, no viene inversión» y es «estremecedor y demoledor» que, de la inversión extranjera, Euskadi solo recibe el 0,7%.

Precisamente, el presidente del PP vasco cree que la constitución en Euskadi de un Grupo para la Defensa Industrial es «expresivo por el nombre en sí mismo» de la situación que se está viviendo.

«Ya no estamos en la promoción de la industria, en el desarrollo de la industria, en el crecimiento de la industria. Estamos en la defensa de la industria porque vemos que la industria se está marchando, no viene inversión, muchas empresas se cierran, otras se deslocalizan. Estamos en posición de defensa. La defensa es ir a por el 5, y si vas a por un 5, todos sabemos que sacas un cuatro», ha asegurado.

Por tanto, ha reclamado una serie de cambios «muy proactivos que vayan a la recuperación, al crecimiento, al desarrollo, y a la promoción de la industria».

CONGRESO

Por otra parte, ha indicado que son «evidentes» las razones que «hay ahora y antes no había» para que el PP apoye el decreto que se lleva este miércoles al Congreso, ya que lleva «un tercio del contenido que tenía el anterior», denominado ónmibus, e incluye la parte «más sustancial», en la que se estaba de acuerdo que era la subida de las pensiones, así como las ayudas por la DANA y otras materias relevantes. «No hay que darle más vueltas. El decreto ha cambiado sustancialmente y lo que queda de ese decreto es compartido por el PP», ha dicho.

Ante el hecho de que se siga manteniendo la devolución del edificio de París al PNV, ha indicado que el PP ha pedido la tramitación como proyecto de ley. «Ahora se aprueba como decreto, si se acepta la tramitación como proyecto de ley, eso conduciría a que habría una tramitación en la que cabrían enmiendas y se podría revisar también esa materia del famoso palacete», ha añadido.

Javier De Andrés ha insistido que su partido defiende, «como lo han hecho no solamente los tribunales sino también los historiadores, que lo pagó el Gobierno vasco, no el PNV y, consecuentemente, a quien tendría que revertir es al Gobierno vasco».

«Lo que tendría que hacer Pradales es ir y reclamar el edificio para el Gobierno vasco, indudablemente. Y sería muy difícil que la justicia no le diera la razón porque ya hay cuatro sentencias que dicen que fue pagado por el Gobierno vasco ese inmueble», ha añadido.

Cuestionado por las diferencias que ha suscitado este tema entre PNV y PP y si ello es compatible con que puedan llegar a acuerdos, ha manifestado que el PNV «tiene un acuerdo de largo alcance con el PSOE» y están «unidos, porque uno le debe los votos en Madrid y otro se los debe en el Parlamento de Vitoria». «Consecuentemente, eso va a seguir siendo así», ha manifestado.

Por tanto, ha asegurado que no se va a producir una aproximación del PNV al PP porque el partido jeltzale está «enganchado al PSOE más que nunca», especialmente, en este momento, de «blanqueamiento de la izquierda abertzale de EH Bildu». Eso haría posible, a su juicio, que si al PNV, de repente, le da «un ataque de ética y le parece que es insostenible seguir apoyando a Sánchez, el PSOE lo que haría sería alinearse con Bildu y dejar al PNV fuera de todos los órganos de poder».

El líder del PP vasco ha indicado que saben que el PNV «no es un partido que tenga libertad para mantener una posición política propia y es dependiente del PSOE». Según ha señalado, seguirán hablando con los jeltzales, pero sabiendo «dónde está cada uno y que el PNV tiene un contrato con el PSOE que no le va a permitir tener autonomía».

Sobre el proceso interno del PNV, Javier De Andrés ha indicado que no se quiere meter «en asuntos de familia». «Cuando lo resuelvan, haremos una valoración del resultado de lo que propongan y digan y hayan resuelto. Pero, vamos, en todo este proceso yo creo que se está viendo claramente que esto es cuestión de familias», ha señalado.

Por otra parte, ante la celebración este miércoles de los III Encuentros Transfronterizos en la localidad vasco-francesa de Baiona, con la presencia del Lehendakari, Imanol Pradales, ha indicado que hablar «siempre es positivo» y también que «haya colaboración y entendimiento».

No obstante, ha reconocido que no entiende que se vea «ese valor de la unidad en determinadas áreas y en otras se olvida o se considera que es mejor separarse constantemente». Javier de Andrés ha indicado que la unidad nos hace «más fuertes, y en el conjunto de Europa, indudablemente».

Javier De Andrés ha añadido que, en el actual momento político y económico, es «muy relevante» esa aunion en Europa y cree que para Euskadi «también es muy importante formar parte de España».

«En este momento, es muy importante que plantemos cara a nuestros retos de futuro en unidad, no soy de los que cree que la separación, la fractura, la división sea algo positivo, puede haber elementos de autogobierno que son positivos, indudablemente, pero eso no significa que no sea muy importante la unión y ahora mismo es importante estar en el seno del conjunto de España, que nos da peso como una de las grandes economías europeas», ha añadido.

Tras indicar que Europa tiene que volver a tener «la fuerza que tuvo», ha manifestado, cuestionado por lo que puede hacer Euskadi ante las nuevas políticas de Donald Trump, que «la forma en la que se tiene que plantar cara a esta cuestión es en el conjunto de Europa». A su juicio, ahora es donde se tiene que ver el valor de la Unión Europea en esta disputa arancelaria».

De Andrés ha señalado que no se puede hacer solo «entre los vascos» y «ni siquiera en el conjunto de España», sino que se tiene que «ir una fórmula europea».