PP vasco cree que la Fiscalía confirma que PNV y PSE conceden «una amnistía encubierta» a los presos de ETA

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP vasco cree que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, «están dando los beneficios penitenciarios como una amnistía encubierta» a los presos de ETA.

Los populares se han referido, de esta forma, al rechazo de la Fiscalía a la concesión del régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al hecho de que apunte a la «conversión encubierta» de su actual situación penitenciaria a un tercer grado a través de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

A través de las redes sociales, el PP de Euskadi ha dicho que era «lógico» que el Ministerio público recurriera la autorización a Iparragirre por parte del Ejecutivo vasco para salir de prisión de lunes a viernes en aplicación del artículo 100.2, que permite la flexibilización de la situación penitenciaria de los reclusos.

PNV y PSOE están dando los beneficios penitenciarios como una amnistía encubierta a ETA», ha asegurado, a lo que la parlamentaria de los populares Laura Garrido Knörr ha añadido que «se está cumpliendo escrupulosamente el acuerdo que anunció» el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, con el PSOE de «presos por presupuestos».

El también representante del PP en la Cámara autonómica Santiago López ha señalado que «el Gobierno Vasco está aplicando de manera torticera el artículo 100.2 para otorgar terceros grados encubiertos», como «pone de manifiesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional». «A ver ahora cómo lo explican el PNV y el PSE-EE», ha retado.

Fiscalía rechaza la semilibertad de la exdirigente de ETA ‘Anboto‘

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un informe al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que manifiesta su oposición a la concesión del régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y ha apuntado a la «conversión encubierta» de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.

El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la AN, Carlos García-Berro, apunta a un «uso indebido» del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que establece los parámetros de la flexibilización del cumplimiento de las condenas de cárcel, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.

El representante del Ministerio público argumenta que el mencionado artículo «no puede funcionar» para otorgar un «tercer grado anticipado por vía reglamentaria» y recuerda que tampoco puede habilitar «actividades ordinarias de reinserción social externas», sino que debe funcionar como «mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas e incompatibles» con el régimen penitenciario ordinario.

El PP cree «grave» la gestión del Gobierno Vasco de la situación de presos de ETA y pide datos al Ejecutivo central

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) – El diputado del PP vasco Carmelo Barrio ha alertado este martes de que «algo grave» pasa con la gestión del Gobierno Vasco de la situación penitenciaria de los presos de ETA, a los que, según ha asegurado, concede «permisos, grados y beneficios injustificados», sin que exista «arrepentimiento», y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ofrezca datos de las flexibilizaciones de las condenas y las aplicaciones de terceros grados.

A través de las redes sociales, Barrio ha lamentado que el Ejecutivo autómico, que gestiona los centros penitenciarios de Euskadi desde el 1 de octubre de 2021, reduzca «los tiempos de cumplimientos» de las penas de los reclusos de la banda.

Precisamente, Carmelo Barrio, junto a la también diputada vasca del Partido Popular, Bea Fanjul, ha presentado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez, en las que le pide datos sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que posibilita implementar un régimen flexible en la ejecución de las penas, combinando elementos de diferentes grados de clasificación siempre bajo la supervisión judicial, y que se ha aplicado a reclusos de la banda.

En concreto, los representantes del PP preguntan cuántas aplicaciones del artículo 100.2 fueron autorizadas o validadas a condenados por terrorismo y en concreto a los de ETA, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2021 –es decir, antes de que la gestión de las cárceles se traspasara a Euskadi–, y en cuántas ocasiones se concedieron terceros grados.

A continuación, solicita que le facilite estos mismos datos a partir del 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco ya gestionaba las prisiones.

SUPERVISIÓN POR EL GOBIERNO CENTRAL

En su iniciativa, también exigen que se aclaren los «mecanismos de coordinación y supervisión» que mantiene el Gobierno central «para garantizar que la aplicación del artículo 100.2 y del tercer grado a condenados por terrorismo responde estrictamente a criterios técnicos y no a decisiones políticas».

Por último, pide al Ejecutivo que aclare si «considera aceptable utilizar la política penitenciaria del Estado en favor de los intereses políticos del presidente del Ejecutivo y del PSOE, y en detrimento del Estado de Derecho y del respeto a las víctimas del terrorismo».

LA INICIATIVA DEL PP REGISTRADA

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PP vasco cree que Sánchez desclasifica ahora los archivos del 23-F para «desviar la atención»

Garrido denuncia que existe «una estrategia» para que el Gobierno Vasco otorgue beneficios penitenciarios a presos de ETA

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido Knörr, ha considerado que «no es una casualidad» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido desclasificar ahora los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y que lo hace paea «desviar la atención» ya que se encuentra «en un momento crítico».

En una entrevista concedida a ETB1, Garrido ha afirmado que hay «amplia información» sobre el golpe del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero y que, por lo tanto, no sabe si «habrá novedades o no» entre los archivos que se van a desclasificar este mismo miércoles.

«Pero la cuestión es por qué se hace ahora. Sánchez lleva gobernando ocho años y lo decide hacer ahora por casualidad, cuando está en un momento crítico, rodeado de corrupción y con el Gobierno paralizado. Lo ha hecho para desviar la atención, porque tiene muchas cuestiones encima de la mesa y ya sabemos que Sánchez hace este tipo de cosas para llevar la atención a otro sitio», ha indicado.

La dirigente popular ha insistido en que desclasificar en estos momentos archivos relacionados con el 23F «no es casualidad», ya que, según ha dicho, «lleva ocho años en el Gobierno y decide hacerlo justo en este momento, cuando está en una situación débil, tiene muchas cuentas encima de la mesa y no da ninguna explicación».

«No sé si habrá mucha información o no (en los archivos desclasificados). Lo que sé es que sobre el Gobierno de Sánchez no tenemos demasiada información, porque siempre oculta cosas y ese no es el camino. No tiene mayoría, no tiene presupuestos y se mantiene en el Gobierno porque tiene la ayuda totalmente incomprensible de algunos. El Gobierno de Sánchez no es bueno para Euskadi, y ahí están PNV y Bildu permitiendo y ayudando sus políticas a diario», ha criticado.

En este sentido, ha considerado que los votantes del PNV «estarán llenos de dudas», ya que, en su opinión, «votaron a un partido para hacer ciertas cosas, y al final el PNV hace políticas de izquierda tanto en Euskadi como en Madrid». «El ámbito del centro lo representa claramente el PP», ha añadido.

PRESOS ETA

Por otro lado, Laura Garrido ha denunciado que en Euskadi existe «una estrategia» para que el Gobierno Vasco otorgue beneficios penitenciarios a presos de ETA, y que «el mismo Otegi lo dijo claramente: presos a cambio de presupuestos».

La portavoz parlamentaria del PP vasco ha criticado que, desde que el Ejecutivo autonómico asumiera la gestión de las cárceles vascas, el Gobierno Vasco «ha otorgado el tercer grado a 113 presos y de los 35 casos en los que se ha dado la semilibertad, 30 son de presos de ETA».

«No es ninguna casualidad. Está claro que aquí hay una estrategia para otorgar beneficios penitenciarios, y Otegi lo dijo claramente: presos a cambio de presupuestos. Lo que dijo se está cumpliendo, y está claro que blanquean a Bildu, porque el objetivo es que Sánchez se mantenga en la Moncloa y en el poder, y para eso vale cualquier cosa», ha asegurado.

El PP logra que el Congreso pide la liberación inmediata de los dos vascos presos en Venezuela, José Mª Basoa y Andrés Martínez


Fanjul: “han sido acusados de espionaje, pero no existe ninguna prueba que avale tal acusación, desmentida por el propio ministro Albares”

  • “Venezuela , ha dicho, se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es una dictadura de hoy en día”
  • La PNL aprobada Insta al gobierno a que actúe diplomáticamente ante el régimen de Maduro para garantizar su libertad inmediata e incondicional

19 diciembre, 2024.- La diputada vasca en el Congreso de los Diputados, Beatriz Fanjul, ha conseguido que saliera adelante su proposición no de ley en la que se solicita la liberación inmediata de los dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos de forma irregular por el régimen de Nicolas Maduro. “José María y Andrés, ha dicho Fanjul, se suman a otros ciudadanos españoles que permanecen presos en las cárceles de terror de Venezuela”.  

En su intervención, la diputada vasca ha indicado que los dos vascos detenidos han sido acusados de espionaje, “pero no existe ninguna prueba que avale tal acusación. Las acusaciones del régimen han sido desmentidas por el propio ministro Albares y siguen encerrados entre barrotes sin derecho a defensa alguna”.

“Venezuela, ha subrayado Beatriz Fanjul, se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es una dictadura de hoy en día. No existe la libertad, no existe la justicia, la legalidad, sólo existe Maduro, quienes les sostienen -dentro y fuera de Venezuela- y sus decisiones arbitrarias. Y el caso de José María y Andrés, responde a un patrón de persecución a aquellos que no apoyan el régimen de Maduro”.  Y esto pone de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que se comenten día tras día en Venezuela.

Ante esta situación, Fanjul señala que el Gobierno de España tiene la responsabilidad de “actuar con firmeza para proteger a sus ciudadanos y garantizar su libertad.”

En la PNL propuesta por Fanjul y finalmente aprobada, se insta al gobierno a intervenir diplomáticamente ante el régimen de Maduro para garantizar la libertad inmediata e incondicional de José María Basoa y Andrés Martínez; denunciar públicamente las condiciones de represión y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela; que se garantice la asistencia consular a la que tienen derecho mientras permanecen en prisión; y una condena internacional contra la política represiva del régimen de Nicolás Maduro, entre otras consideraciones.