El PP acusa a PNV y PSOE de haber paralizado la construcción de vivienda en Euskadi con sus leyes restrictivas

· Los populares valoran los datos de la construcción del primer semestre como “catastróficos”, afirman que “constituyen una debacle” y auguran constantes subidas de precio en la vivienda ante la falta de oferta suficiente.
 
· Según Ana Morales, “estamos sufriendo las consecuencias de las leyes diseñadas por PNV y PSE que impiden construir y dilatan los plazos, pero nunca hacen autocrítica y siempre culpan a otros”.
 
· Para el PP vasco, “urge avanzar hacia un nuevo modelo que permita construir vivienda protegida para los colectivos vulnerables y vivienda asequible para la clase media, la gran olvidada por las instituciones”.

21 Jul. 2025 (REDACCIÓN) – El PP ha valorado hoy el último informe EVIT publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda (OVV), en el que se aprecia un desplome del 97,2 % en el inicio de viviendas por parte del ámbito privado, pasando de 430 en 2024 a solo 12 este año. Además, el número total de viviendas públicas protegidas iniciadas pasó de 558 en el segundo trimestre de 2024 a 143 en 2025, lo que representa una caída del 74,4%.

La parlamentaria vasca del PP y portavoz popular de vivienda, Ana Morales, asegura que estos datos “representan la muestra más clara del enorme fracaso de la legislación que han ido imponiendo PNV y PSE en los 40 años que llevan gobernando en el País Vasco”. Según Morales, “la regulación que se aplica en Euskadi es la más invasiva y exhaustiva de toda España y nos ha llevado a que la vivienda sea inalcanzable para la clase media y los jóvenes y se haya convertido en el mayor problema de las familias vascas”. La parlamentaria acusa a PNV y PSOE de “haber paralizado la construcción de vivienda en Euskadi con sus leyes restrictivas porque las empresas apenas pueden construir y tardan décadas en desarrollar vivienda por un laberinto de leyes y plazos interminables”. Además, advierte que “la única solución que plantean PNV y PSE consiste en persistir y ahondar en unas medidas y un modelo que lleva 40 años fracasando. Su proposición de ley en el Parlamento Vasco continúa con el modelo más restrictivo de España y de la UE y no facilita la actividad del sector”.

Frenazo a la construcción

Según el PP vasco, “el frenazo en la construcción ha sido constante y paulatino desde hace décadas, pero la actividad se ha terminado de desplomar justo cuando más se necesitan viviendas para afrontar la creciente demanda. “Con más de 100.000 vascos en listas de espera de pisos protegidos porque no hay vivienda asequible en el mercado, estamos en una situación de emergencia y con la construcción que ha caído en picado no habrá oferta y seguirán creciendo los precios sin control y sin fin. El Gobierno Vasco no es consciente de la gravedad de la situación, generada por sus propias políticas, que impiden construir por las enormes trabas y restricciones de todo tipo en la hiperregulación más invasiva y exhaustiva de toda España, cuyas consecuencias estamos sufriendo ya en un momento de creciente demanda”.

Por todo ello, explica Ana Morales, las nuevas medidas que PNV y PSE han llevado al Parlamento “no van a ser útiles porque hace falta un cambio de rumbo de 180º”. Por ello, los populares vascos piden “un revulsivo y avanzar hacia un nuevo modelo que permita construir vivienda protegida para los colectivos vulnerables y vivienda asequible para la clase media, la gran olvidada por las instituciones”.

Por otra parte, la prohibición de nuevas licencias de viviendas turísticas “tampoco va a solucionar nada”. Morales afirma que “el Gobierno Vasco y PNV y PSE muestran una enorme cobardía al buscar chivos expiatorios a quien culpar del fracaso de sus medidas en vez de afrontar el problema desde la autocrítica. La culpa siempre es de otros”.

Okupas e inquiokupas

Para la portavoz popular de vivienda, “nos encontramos ante la tormenta perfecta, que se va a llevar por delante los sueños y aspiraciones de varias generaciones de vascos, ya que junto a este modelo vasco que bloquea la construcción de pisos, las leyes del gobierno de Pedro Sánchez han dinamitado el mercado del alquiler con tantas medidas favorables a okupas e inquiokupa”.

En este sentido, Ana Morales ha recordado que “todos los días conocemos casos de propietarios que no quieren alquilar sus pisos porque han sido víctimas de okupas e inquiokupas, que tienen, gracias a PSOE y PNV, una legislación benévola que les permite campar a sus anchas. Venimos conociendo por los medios de comunicación casos sangrantes en Portugalete, Bermeo y Bilbao, que son solo la punta del iceberg”. “Los propietarios se refugian en el alquiler temporal, que antes era residual y ahora no para de crecer, con lo cual el alquiler residencial tiene menos oferta y con precios cada vez más inalcanzables”, ha finalizado Morales.

El PP vasco acusa al PNV de amañar la adjudicación de amarres y pide el cese de la cúpula de EKP

Ana Morales: “La sentencia del TSJPV es demoledora y el Gobierno Vasco tiene que asumir responsabilidades políticas de inmediato”.
 
Considera que “la situación de EKP es insostenible, ya que la directora es burukide del PNV guipuzcoano y sigue imputada por prevaricación”.
 
El PP vasco asegura que no se pueden consentir “irregularidades tan descaradas como que desaparezcan solicitantes de plazas de amarre mientras otros aparecen varias veces, o modificar las condiciones del procedimiento cuando ya ha empezado”.

Vitoria-Gasteiz, 17 Jul. (REDACCIÓN) – La parlamentaria vasca del Partido Popular Ana Morales se ha referido hoy a la sentencia del TSJPV que acepta dos recursos contra la adjudicación de plazas de amarre en el puerto de Donostia-San Sebastián. A su juicio, “se trata de una sentencia demoledora que da la razón a dos amarristas, pero también abre la puerta a la nulidad de todo el procedimiento”. Para Morales “queda en evidencia que el Gobierno Vasco ha convertido la adjudicación de plazas de amarre de los puertos deportivos vascos en un auténtico caos y laberinto jurídico”.

A la luz de la sentencia, la parlamentaria popular considera que “el Gobierno Vasco amañó la adjudicación de amarres”. Así, ha pedido el “cese inmediato de la cúpula de EKP, liderada por su directora, Edurne Egaña, que es un alto cargo del PNV guipuzcoano”. Para Ana Morales “los dirigentes de esta sociedad pública no pueden continuar ni un minuto más; ya era inaudito que se mantuviera a Egaña, que sigue imputada por prevaricación en este procedimiento, pero este nuevo revés judicial para EKP es un antes y un después”. El PP vasco asegura que no se pueden consentir “irregularidades tan descaradas como que desaparezcan solicitantes de plazas de amarre, mientras otros aparecen varias veces, o modificar las condiciones del procedimiento cuando ya ha empezado”.

Ana Morales advierte que el Gobierno Vasco “tiene que asumir responsabilidades políticas por las irregularidades y los amaños en un procedimiento que está causando graves daños tanto en los puertos deportivos vascos, que están bloqueados; como, además, en la propia sociedad pública EKP, que está dejando de ingresar importantes cuantías económicas al tener vacías numerosas plazas de amarre; y, también, en los usuarios de los puertos, que sufren la arbitrariedad y las prácticas mafiosas de la dirección de EKP”.

En este sentido, la parlamentaria popular ha vuelto a exigir que se permita usar los servicios a los usuarios del puerto de Donostia-San Sebastián, “una medida de presión que fue impuesta por EKP” tras la presentación de varios recursos contra el procedimiento de adjudicación de amarres.

El PP vasco acusa al PNV de “comprar” el modelo del PSOE en vivienda, “que restringe la oferta y hace subir los precios”

Los populares critican además “la malísima gestión del Gobierno Vasco que tiene 1.190 pisos sociales vacíos cuando hay más de 100.000 demandantes en Etxebide”.

La parlamentaria Ana Morales exige al Gobierno Vasco que impulse más vivienda protegida, ya que en 2024 “Visesa tan solo ejecutó inversiones para 1.628 viviendas y cerró el año con 11,5 millones de euros sin utilizar”.

“Pradales no ha sabido impulsar ninguna medida para paliar las graves consecuencias de las leyes de Sánchez, que han tensionado el mercado del alquiler residencial, con un auge del 17,15% del alquiler de temporada”.

Bilbao, 14 Jul. (REDACCIÓN) – Durante el primer año de legislatura del lehendakari Pradales, la vivienda se sitúa “en los mismos niveles que en la burbuja de 2007, como la primera preocupación de los vascos y los precios en vivienda nueva crecen ya a más ritmo que entonces, un 14%”. Así lo ha explicado la parlamentaria del PP Ana Morales, que hoy ha hecho un balance del primer año de legislatura.

A su juicio, “los vascos están hoy aún peor en materia de vivienda ya que, desde la llegada de Pradales, entre junio de 2024 a junio de 2025 (según los portales inmobiliarios) el incremento de precios ha sido de un 10,6% en compra y de un 6,5% en alquiler, de media en la Comunidad Autónoma Vasca”. Y además, los precios de la vivienda nueva crecen aún más que en la burbuja de 2007, más de un 14% en el primer trimestre de 2025. Los precios en compra subieron de media un 12,5%.

Según Morales, el mercado del alquiler “está más tensionado que nunca: la oferta se reduce por la fuga de pisos al alquiler temporal, que crece un 17,15%, por las leyes restrictivas de Sánchez que apoyan PNV y PSOE, sin que el lehendakari haya impulsado este año medidas para paliar estas consecuencias, como mayor seguridad para arrendadores, como viene pidiendo el PP vasco”.

Y todo esto, se debe, según el PP, “a que el gobierno de Sánchez y el propio Gobierno Vasco están aplicando las recetas equivocadas”. Ana Morales critica que “el PNV ha comprado el modelo de Sánchez y está aplicando las medidas de la izquierda radical en materia de vivienda, lo que está arrastrando a los vascos a una espiral de subida de precios, que perjudica a las clases medias y a los jóvenes”. “Solo imponen restricciones que impiden que haya más oferta y por tanto, los precios seguirán subiendo sin parar”, asegura la parlamentaria popular.

El PP vasco denuncia, además, lo que considera “nefasta gestión del Gobierno Vasco del parque público de vivienda protegida, ya que tiene 1.190 vacíos y sin adjudicar, a pesar de que ya hay 100.000 demandantes de pisos sociales en la listas de Etxebide”. Para Morales, “es una enorme irresponsabilidad y un agravio hacia los vascos que están esperando un piso social y que están pasando enormes dificultades”.

La parlamentaria popular considera que el Gobierno Vasco “no está a la altura del enorme reto que debe afrontar y que requiere de mayor responsabilidad y ambición en la gestión”. Así, Morales exige más actividad a VISESA, que en 2024 “tan solo ejecutó inversiones para 1.628 viviendas, habiendo 100.000 vascos esperando un piso protegido”. “A este ritmo de ejecución, harían falta 60 años para responder a toda la demanda de vivienda social que hay en Euskadi”, según la política popular. “Pero además, esta sociedad pública aprobó un contrato programa para la promoción de 467 pisos, cifra absolutamente insuficiente. Con tan poca actividad, cerró 2024 con un saldo de 11,5 millones de euros sin utilizar, que podían haber impulsado más actividad y más vivienda, ya que nos encontramos en una situación de auténtica emergencia social”, asegura Ana Morales.

Los populares advierten que en esta legislatura “el problema se va a agravar si no hay un cambio de rumbo de 180º con medidas más valientes. Facilitar que se pueda construir más, con trámites simplificados. Y en el mercado del alquiler hay que dar más seguridad a los propietarios, apoyo ante morosos e inquiokupas”.

Morales concluye advirtiendo que “PNV-PSE están hipotecando el futuro de varias generaciones y el PP vasco no quiere que esta legislatura de Pradales pase también en blanco”. Y pide un nuevo modelo en vivienda “más eficaz”, para aumentar la oferta y bajar los precios.

El PP vasco pregunta cuántos casos de conflictos de intereses se han producido en Alokabide similares al recientemente conocido

Ana Morales: “La información es necesaria para eliminar cualquier tipo de sospecha sobre Alokabide”

Señala que “el crédito y la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de su grado de transparencia”

VITORIA 25 Jun.(REDACCIÓN) – La parlamentaria popular en la Cámara Vasca, Ana Morales, ha registrado una solicitud de información para que el Gobierno Vasco rinda cuentas sobre la situación que está atravesando la sociedad pública Alokabide, dependiente del Departamento de Vivienda,  una vez que ayer se conociera que el ejecutivo había trasladado a la Fiscalía del País Vasco un expediente relacionado con la actuación de una persona técnica por la posible existencia de un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones.
 
“Queremos que se elimine cualquier tipo de sospecha sobre Alokabide, de ahí que hayamos presentado esta batería de preguntas poque la exigencia de transparencia, añade Morales, es clave en aras a la salvaguarda de la imagen y la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.”
 
Entre la información que Ana Morales solicita al ejecutivo precisa la remisión de expedientes similares que se hayan producido en Alokabide en los últimos cinco años, desglosando por tipo de irregularidad y medidas adoptadas.
 
La parlamentaria popular hace un llamamiento “a no bajar la guardia”, de ahí que, asegura, “queramos asimismo conocer si, tras la detección de este caso, se han adoptado desde la dirección de Alokabide medidas de refuerzo para mejorar la prevención y detección de conflictos de intereses”.

PP pide «depurar, atajar y subsanar las irregularidades» en la gestión de concesiones de amarres de los puertos vascos

Exige «responsabilidades políticas» con «ceses y dimisiones en la cúpula y en los dirigentes» de EKP

SAN SEBASTIÁN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP pide «depurar, atajar y subsanar todas las irregularidades que se vienen produciendo desde hace casi ya una década» en la gestión de las concesiones de los amarres de los puertos vascos y para ello «remodelar y reestructurar» el personal directivo y la plantilla de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, EKP.

En una rueda de prensa en el náutico de San Sebastián, la parlamentaria del PP en el Parlamento Vasco, Ana Morales, acompañada del portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas, ha dado cuenta de la moción consecuencia de interpelación presentada por su partido en la Cámara vasca relativa al procedimiento de otorgamiento y al régimen de las concesiones de plazas de amarre en los puertos vascos.

Morales ha recordado que este mes se cumplen «cuatro años de la situación de bloqueo que viven el conjunto de los puertos deportivos vascos y, en especial, el puerto de San Sebastián», donde hay «más de 3.000 personas solicitantes esperando una adjudicación en lista de espera y, además, hay plazas vacías».

«Nadie se explica a qué obedece toda esta mala gestión», ha subrayado. Tras trasladar su «solidaridad y apoyo a los usuarios de los puertos deportivos vascos que están siendo víctimas de una malísima gestión por parte del PNV y del Gobierno Vasco» con «sospechas de clientelismo y con muchísimas irregularidades», la parlamentaria vasca ha indicado que en el caso de la capital guipuzcoana se han registrado «más de 300 irregularidades que dieron lugar a cerca de 80 procedimientos judiciales que, a día de hoy, siguen vivos» desde que hace cuatro años se inició la renovación de las concesiones de amarres.

«Desaparecieron cerca de 60 solicitudes y otras, en cambio, aparecían dos o tres veces», ha denunciado, para incidir, a continuación que «había matrículas de barcos que aparecieron duplicadas y otras que habían desaparecido». A su juicio, existe una «clara sospecha de amiguismo y de intentar adjudicar a dedo» los amarres.

Por eso, en el Pleno de Control del pasado 7 de marzo el PP interpeló al Ejecutivo Vasco «exigiendo autocrítica y también soluciones a este problema que lleva para cuatro años». «Nos encontramos con cero autocrítica por parte de la consejera, pero sí que es cierto que, al finalizar el Pleno de Control, desde la consejería se repartió una nota de prensa a los medios de comunicación, en la que se comprometían a publicar este mismo año un nuevo decreto para cambiar el proceso de adjudicación de los amarres», ha recordado.

En este contexto, ha explicado que ahora el PP quiere «marcar unos plazos» al Gobierno Vasco para que «esto sea prioritaria» y, por ello, los populares han presentado la moción que se debatirá este jueves en el Parlamento Vasco.

En ella solicitan al Gobierno Vasco que «en el plazo de tres meses se haga ese nuevo Decreto de procedimiento para adjudicar las plazas de amarres» y que «no se vayan dando largas», así como «una solución dialogada, consensuada con los usuarios y con el conjunto de quienes están implicados para la solución de bloqueo».

A juicio de Morales, «el Gobierno Vasco no se puede quedar de brazos cruzados esperando que los tribunales resuelvan los 80 procedimientos judiciales abiertos», sino que «tiene que mover ficha, remangarse, salir del despacho, negociar y consensuar con los usuarios del puerto deportivo de San Sebastián una solución».

RESPONSABILIDADES

Además, el PP exige «responsabilidades políticas, porque no puede salir gratis haber gestionado tan mal la sociedad de puertos deportivos vascos». «Gestionar mal en el Gobierno Vasco tiene que tener consecuencias políticas y, por eso, pedimos la remodelación completa de esa sociedad pública, pedimos ceses y dimisiones en la cúpula y en los dirigentes de la sociedad que dirige los puertos deportivos vascos», ha añadido.

Corominas, por su parte, ha añadido que el PP «está liderando la defensa de los amarristas de todo el País Vasco» ante la «gestión clientelista y patrimonialista que lleva a cabo el PNV, que todo lo trata de controlar de una manera clientelar».

El PP vasco solicita más medidas contra el fraude en la VPO de alquiler

Denuncia que las inspecciones han disminuido casi un 30%

· Preresentará una iniciativa parlamentaria debido al aumento de las irregularidades detectadas, que en el último año se han multiplicado por 3.
 
· Pretende que se ponga en marcha un teléfono antiFraude, para denunciar de forma anónima fraudes en la VPO de alquiler.
 
· Otra de las propuestas del PP vasco es actualizar los importes de las sanciones.

BILBAO 17 mar. (REDACCIÓN) – El Partido Popular del País Vasco ha solicitado al Gobierno Vasco más medidas contra el “fraude” en las VPO de alquiler. Así lo ha expresado hoy la portavoz parlamentaria de Vivienda del PP vasco, Ana Morales, quien además ha denunciado que las inspecciones “han disminuido un 30%” y ha presentado una batería de propuestas que realizará al ejecutivo autónomo.

Morales, en rueda de prensa celebrada esta mañana en Bilbao, ha afirmado que Euskadi vive una situación de auténtica emergencia en relación con la vivienda. “Muchas familias y muchos jóvenes viven un drama. Son ya casi 100.000 los vascos que demandan una VPO en las listas de Etxebide, porque o bien no pueden emanciparse, o porque los altos alquileres les suponen una merma en poder adquisitivo y en su calidad de vida”.

Según los datos oficiales, el 80% de los demandantes, es decir, 80.000 vascos, piden una VPO de alquiler. Ana Morales considera que, por ello, “la gestión que haga el Gobierno Vasco en esta materia debe ser lo más rigurosa y eficaz posible”. Según la parlamentaria popular, esa es la razón que ha llevado a su formación a fijarse en el fraude que pueda producirse en esta materia, ya que “supone un agravio y una injusticia hacia quienes están a la espera de un piso social”.

DATOS

Apoyada en tres gráficos, Ana Morales ha presentado los datos de la respuesta del Gobierno Vasco a una pregunta parlamentaria por escrito, unos datos que reflejan una disminución del número de inspecciones entre 2022 y 2024 del 27,3% (de 9.872 en 2022 a 7565 en 2023; y a 7178 en 2024).

El segundo gráfico evidencia una bajada en el número de sanciones de 44 en 2022 a 20 en 2023; y a 6 en 2024. Morales ha añadido que la mayoría de las sanciones se producen por mantener el inmueble vacío. Pero que también hay sanciones por realquilar de manera fraudulenta y a terceros una VPO adjudicada en alquiler, que son un porcentaje menor.

Finalmente, el tercer gráfico se refiere al número de irregularidades, de 416 en 2022 a 369 en 2023; y a 1.102 en 2024. A la vista de estos datos, Ana Morales ha asegurado que “en el último año se han multiplicado por tres el número de irregularidades detectadas, a pesar de que se han realizado menos inspecciones”.

PROPUESTAS

La parlamentaria popular ha querido “que quede claro nuestro rechazo y nuestra condena al fraude en los pisos sociales de alquiler. Son para quienes de verdad los necesitan y con la grave falta de vivienda que sufrimos no se puede ni tolerar ni mirar a otro lado”. Morales ha anunciado que “el PP presentará una iniciativa en el Parlamento Vasco para pedir más medidas para detectar y atajar estas irregularidades, pero también para disuadir y evitarlas”.

Así, el Partido Popular propone que el Gobierno Vasco impulse un mayor número de inspecciones, “porque las está reduciendo”. Además, poner en marcha un teléfono antiFraude, para denunciar de forma anónima fraudes en la VPO de alquiler. Finalmente, solicitará actualizar los importes de las sanciones.

Ana Morales considera que “el Gobierno Vasco debe tener una actitud más proactiva contra el fraude en el alquiler de pisos sociales y más compromiso con una serie de medidas disuasorias. Los 80.000 vascos que están a la espera de un piso social de alquiler no entenderían que se relaje la inspección y lucha contra el fraude”, ha finalizado.

El PP propone un plan vasco contra okupas e inquiokupas y denuncia el abandono institucional que sufren los afectados en Euskadi

· La iniciativa se debatirá en Pleno en el Parlamento Vasco.

· La propuesta incluye elaborar un censo de okupas e inquiokupas, asesoramiento jurídico gratuito a los afectados, ayudas económicas y más acción policial.

· Ana Morales: “El PNV en el Congreso votó a favor del decreto ómnibus que ampara a okupas e inquiokupas y en Euskadi no mueve un dedo por apoyar a quienes sufren esta lacra».

27 enero, 2025 (REDACCIÓN) – El Partido Popular del País Vasco ha denunciado el abandono institucional que sufren las víctimas de okupas e inquiokupas en Euskadi. Así lo ha expresado hoy la parlamentaria y portavoz de vivienda del PP vasco, Ana Morales, quien ha dado a conocer una Proposición No de Ley que su formación ha registrado en el Parlamento Vasco con el objeto de “paliar este abandono y poner las cosas más difíciles a los que pretendan okupar e inquiokupar viviendas, pisos y/o locales”. Por eso, la portavoz popular asegura que “no es de extrañar la inacción del Gobierno contra esta lacra, ya que el PNV en el Congreso votó a favor del decreto ómnibus que ampara a okupas e inquiokupas y en Euskadi no mueve un dedo por apoyar a quienes lo sufren, aunque esto esté reduciendo el número de pisos que salen al mercado del alquiler. Para el PNV, su palacete es más importante que los problemas de los vascos”.

Morales advierte que “los afectados por okupaciones no son solo los propietarios, sino también los vecinos, porque los okupas traen delitos como robos con fuerza, amenazas y trapicheo de drogas”. “Esto ya lo están sufriendo barrios como Coronación en Vitoria, Martutene y Herrera en San Sebastián y las naves vacías de Zorrozaurre en Bilbao, entre otros lugares, porque estas prácticas proliferan de forma importante, al calor del desinterés institucional y de una legislación vergonzosa que les ampara”, relata la parlamentaria del PP vasco.

A juicio de Ana Morales, “el Gobierno Vasco está mirando a otro lado y actúa con un total desinterés con este grave problema, que afecta a barrios enteros de nuestras capitales”. “Parece como si este tema no fuera con ellos y hay muchas medidas que el Gobierno Vasco puede adoptar dentro de sus competencias para poder atajar esta lacra que está atemorizando a muchos vecinos y dañando la convivencia”.

En este sentido, los populares consideran urgente elaborar un estudio-censo de los okupas e inquiokupas que hay en estos momentos en Euskadi para tener un buen diagnóstico del problema. Morales hace hincapié en que “el desinterés del Ejecutivo de Lakua es tal que no hay datos certeros de la situación de la inquiokupación, una nueva modalidad de okupación, que no solo perturba la convivencia, sino que está suponiendo un lastre para el mercado del alquiler, hasta el punto de haber causado un descenso en la oferta de pisos para alquilar por el temor de los propietarios”.

El PP vasco pide también asesoría jurídica gratuita desde el primer momento para los afectados, así como apoyo económico y psicológico gratuito para quienes lo necesiten, “que son cada vez más ante el aumento de la agresividad de los okupas, como sucede en el barrio de Coronación de Vitoria, donde han llegado a robar a los vecinos y a amenazar con violar a una mujer cuando no haya presencia policial”. “No es de recibo que esto se consienta y que las instituciones sigan como si esto no fuera con ellos”, advierte la parlamentaria popular.

Otra de las medidas que plantean los populares es reforzar la acción policial, aunque en el PP vasco están convencidos de que “el instrumento más eficaz para la lucha contra estas lacras de la okupación e inquiokupación son las modificaciones legislativas que deben abordarse en el Congreso de los Diputados”. En este sentido, Ana Morales ha recordado que “el Partido Popular registró en el Congreso una ley muy dura contra los okupas, pero los socialistas la mantienen paralizada sin tramitar desde hace un año para evitar que salga aprobada”.

Ana Morales: «La consejera tiene que dar explicaciones de cuánto nos ha costado todo este proceso a los vascos»

El Gº Vasco no recurrirá la sentencia del TSJPV que rechaza la creación de la marca Viñedos de Álava

  • «El PNV ha sido muy irresponsable alentando esta aventura a ninguna parte».
  •  «Renuncian a recurrir porque por fin se han dado cuenta de que están en un callejón sin salida».
  • «Debiéramos estar hablando de los problemas reales del sector, que son muy graves con el cambio de los hábitos del consumidor».

3 diciembre, 2024 (REDACCIÓN) – El Gobierno Vasco no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que rechaza la creación de la marca Viñedos de Álava. La parlamentaria alavesa del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Ana Morales, ha asegurado que “renuncian a recurrir porque por fin se han dado cuenta de que están en un callejón sin salida, al que querían llevar al sector con el dinero de todos los vascos”.
 
Morales ha exigido a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaya Barredo, “explicaciones de cuánto nos han costado todos estos trámites jurídicos y administrativos, que la asociación ABRA lleva pagando con el dinero que le da el Gobierno Vasco y que el PNV viene financiando desde todas las instituciones donde gobierna”.
 
Ana Morales critica la nota que acerca de su renuncia a presentar un recurso ha emitido el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Asegura que “mientras dice que su actuación ha sido objetiva y transparente, desde el Partido Popular vasco le decimos que ha sido de todo menos objetiva y transparente”.
 
Para Morales, esa actuación del Gobierno Vasco “no ha sido objetiva, porque su único interés impulsando una nueva Denominación de Origen ha sido trasladar el ideario nacionalista de ruptura al sector del vino”. “Y no ha sido transparente, porque todavía no nos han contado cuánto dinero público han gastado y han invertido en esta aventura fracasada. Tampoco dijeron nunca ni cuántas bodegas ni cuáles eran, ni con qué peso contaban en el sector, las que estaban interesadas en marcharse de una Denominación de Origen segura, como la de Rioja, para embarcarse en esta aventura”.
 
Según Ana Morales, “el PNV ha sido muy irresponsable alentando esta aventura a ninguna parte, que ha perjudicado la imagen del sector y ha generado incertidumbre».
 
Para la parlamentaria popular, “los experimentos se hacen con gaseosa y no con el sector del vino que da de comer a miles de familias en Rioja Alavesa. Debiéramos estar hablando de los problemas reales del sector, que son muy graves con el cambio de los hábitos del consumidor», ha finalizado.

PP vasco pide un pacto interinstutucional de Vivienda para «dejar de especular» con el suelo y fomentar procedimientos exprés para conceder licencias

De Andrés: «No complicar la construcción, no complicar el alquiler, no criminalizar a quien construye o al que tiene una vivienda en alquiler»

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha celebrado esta mañana en Bilbao una rueda de prensa con el problema de la Vivienda como motivo de la convocatoria a los medios de comunicación. En la comparecencia también han estado presentes los parlamentarios del PP vasco Santi López y Ana Morales, que han desgranado las propuestas que su partido plantea ante el problema de la vivienda en Euskadi. En primer lugar, López ha recordado que, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha descendido del 37% de 2015 al 31% en 2023, de forma que dos de cada tres no pueden independizarse.

Además, ha destacado que la primera razón para no hacerlo es que no disponen de ingresos suficientes. En este sentido, ha censurado que el Gobierno Vasco hace 40 años que tiene transferida la competencia de Vivienda, y aunque «intente echar balones fuera y poner excusas» en la Ley estatal, el porcentaje de emancipación solo ha hecho disminuir.

El parlamentario popular ha explicado que los jóvenes tienen que destinar hasta el 82% de sus ingresos al alquiler o al pago de la hipoteca. Por ello, ha advertido que no se puede solucionar esta situación «con parches o medidas que no van a resolver el problema».

Según ha remarcado, también hay 59.000 jóvenes con ingresos propios que podrían emanciparse «pero no pueden hacerlo porque no hay oferta». «Los jóvenes no queremos ayudas, no queremos un ‘papa Estado’ o un ‘papa Gobierno Vasco’ que nos haga depender constantemente de ellos. Lo que queremos es tener un poder adquisitivo suficiente y que haya suficiente mercado del alquiler para poder optar a una vivienda de condiciones, y poder ser nosotros los dueños de nuestro futuro», ha afirmado.

A su juicio, «la vivienda es el paraguas sobre el que se construye el futuro de un joven y la familia que quiera el día de mañana, y a día de hoy no se dan los requisitos para que esto sea así».

INCREMENTO «SIN FRENO» DEL PRECIO

Por su parte, Ana Morales ha profundizado en «la gravedad» del problema de la vivienda, para denunciar el incremento «sin freno» de su precio en venta y alquiler, más significativa desde la aprobación de la Ley estatal de Vivienda. Por su parte, ha resaltado que «el mercado de alquiler se va reduciendo».

Por ello, ha considerado que la situación es «cada vez más grave» y no afecta solo a los jóvenes y colectivos vulnerables, sino que perjudica «de lleno al conjunto de la clase media del País Vasco», lo que supone «un freno para la economía, para la natalidad y para atraer talento».

Morales ha manifestado que la demanda aumenta y ya hay 99.000 demandantes en Etxebide, mientras que la bajada de tipos «anima al mercado de las hipotecas», por lo que cree que se va a crear «la tormenta perfecta».

Ante ello, ha dicho que no ven al Gobierno del PNV y PSE-EE con capacidad de solucionar estos problemas, y ha pedido la «derogación inmediata o la modificación» de la Ley estatal de Viviendas. También ha reclamado una batería de medidas al Ejecutivo vasco en base a sus competencias que supongan «un revulsivo y un verdadero plan de choque porque no se puede seguir en la situación actual».

Entre las iniciativas de plantea, están el logro de un pacto interinstitucional por la vivienda para dejar de especular con el suelo y fomentar procedimientos exprés para la concesión de licencias, y el impulso de una fiscalidad más favorable.

También exige «imprimir un ritmo más ágil» en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) e impulsar el mercado del alquiler «dando más seguridad a los propietarios». Por ello, ha reclamado más protección ante los okupas, con un servicio de asesoría jurídica y gratuita para apoyarles, y que se pongan a su disposición ayudas económicas en caso de que sea necesario.

La parlamentaria del PP también ha solicitado que se suba el canon que paga el Gobierno vasco a los propietarios de viviendas que las ceden para alquilar por el programa Bizigune y «equipararlo lo más posible al precio del mercado».

Asimismo, ha planteado un programa y actuaciones específicas destinadas a jóvenes para la compra y el alquiler de vivienda compartidos. «Con las mismas recetas, el Gobierno del PNV y PSE-EE no va a poder resolver el grave problema de emergencia social que viven la clase media, los jóvenes vascos y los colectivos vulnerables. «Hay que ponerse ya las pilas para poner en marcha planes de choque que suponga un revulsivo y un giro de 180 grados en sus políticas», ha señalado.

Para concluir, Javier De Andrés ha indicado que, si hay 99.000 demandantes de vivienda en Etxebide y el Gobierno Vasco pretende hacer esta legislatura 7.000, «harían falta 14 legislaturas» para cubrir la demanda. «Tenemos las ciudades y los alquileres más caros de España. Es evidente que algo se ha hecho mal y que se pueden hacer mejor las cosas», ha aseverado.

De Andrés ha valorado que, durante los ocho años en los que Alfonso Alonso estuvo en la Alcaldía de Vitoria, «se construyeron 20.000 viviendas, el ratio que tiene que funcionar en el País Vasco».

Por ello, materializarán sus propuestas a través de iniciativas en el Parlamento Vasco «en sentido opuesto» a lo que hace el Ejecutivo vasco para «no complicar la construcción, no complicar el alquiler, no criminalizar a quien construye o al que tiene una vivienda en alquiler». «Porque toda la política del PNV y del PSE-EE es castigar a la clase media que tiene una vivienda en alquiler, lo que conduce a que haya menos oferta y que sea más cara la vivienda», ha censurado.

También ha emplazado a «liberar suelo para que se pueda construir». «El Gobierno Vasco y muchos ayuntamientos gobernados por el PNV o el PSE-EE tienen retenido mucho suelo que no se deciden a poner promoción para que se puedan construir vivienda», ha insistido.

El PP vasco pide al Gobierno autonómico que aplace el canon del agua y estudie exonerar de este gravamen a determinados usuarios

Ana Morales reclama que sustituya la aplicación de un canon «genérico» por otro diferenciado en el que se premie el uso sostenible de este recurso

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – El PP vasco ha registrado una moción en el Parlamento Vasco en la que insta al Gobierno autonómico a establecer una moratoria en la aplicación del canon del agua y estudie la posibilidad de exonerar de este gravamen a usuarios que establezcan medidas frente a las sequías o crecidas.

La iniciativa, que se debatirá en el pleno de este próximo jueves, ha sido presentada este lunes, en una rueda de prensa en la Cámara vasca, por la parlamentaria Ana Morales y por el juntero alavés Borja Monje.

A través de esta moción, el PP insta al Gobierno Vasco a aprobar una moratoria en la aplicación del canon del agua, «al objeto de establecer, de la mano del sector, unos criterios objetivos y cuantificables para vincular este canon con el cumplimiento de los objetivos concretos que establece la Directiva Marco Europea sobre el Agua».

Con ese fin, solicita al Ejecutivo vasco que determine «qué actividades son contaminantes y en qué medida», así como que «sustituya la aplicación de un canon genérico por otro diferenciado, en el que se premie el uso sostenible del agua en función de unos criterios de dotaciones máximas por cultivo y uso ganadero».

El PP también pide que se estudie la posibilidad de exonerar del canon a aquellos usuarios «que ya estén contribuyendo a los objetivos de la directiva marco europea a través del uso y fomento de balsas de acumulación, puesto que están mitigando los efectos de las crecidas y garantizando el suministro de agua en épocas de sequías».

A su vez, se demanda al Gobierno que adopte «todas las medidas necesarias para que URA-Agencia Vasca del Agua sea quien gestione directamente la liquidación y el cobro del canon, así como la implantación, mantenimiento y gestión de los contadores necesarios, al objeto de evitar a los usuarios toda la carga administrativa y burocrática posible».

«CAFÉ PARA TODOS»

Morales ha reclamado que el canon del agua «no sea un café para todos, sino que se module en función de unas medidas y del cumplimiento de unos objetivos».

Además, ha denunciado que se esté «criminalizando» a los agricultores al considerarles «agentes contaminantes», por lo que ha reclamado «un replanteamiento total» de este tipo de medidas.

«No puede ser que el Gobierno Vasco esté poniendo zancadillas y creando más carga de trabajo para el sector de los agricultores y los ganaderos», ha añadido.