PP critica que la reforma «propagandística» para endurecer controles de los campamentos vascos ya que «no aporta nada»

De Andrés afirma que «no hace falta ninguna otra ley», puesto que el Código Penal ya contempla los supuestos delitos denunciados en Bernedo

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP en Euskadi, Javier De Andrés, ha criticado la reforma «propagandística» que el Gobierno Vasco quiere efectuar en la Ley de Juventud para endurecer los controles en los campamentos juveniles, ya que «no aporta nada» y el Código Penal «ya contempla» los supuestos delitos denunciados en los pasados ‘udalekus’ de Bernedo (Álava).

En rueda de prensa en el Parlamento Vasco, De Andrés ha acusado a PNV y PSE-EE de «inventarse unos artículos que no aportan nada, ya que ya están aprobados por el Código Penal» ante su «absoluta pasividad» e «irresponsabilidad» a la hora de actuar en relación con los ‘udalekus’ de Bernedo, cuando «conocían sus actitudes inaceptables desde 2023».

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa tuvo conocimiento ese año de «conductas inadecuadas» de sus monitores y tomó la decisión de sacar a los niños, así como no volver a contratar los campamentos con esa asociación; unos hechos a los que ha sumado las denuncias que algunos padres interpusieron en 2024 y que la Ertzaintza «incluso las traslada al juez».

Tal como ha reprobado, todo esto, de lo cual ha tenido conocimiento tanto la Diputación de Gipuzkoa como el Gobierno Vasco, no da lugar a la suspensión de las actividades en el año 2025, ni a ninguna otra medida judicial que impidiera esos ‘udalekus’ y tomara las consecuencias que fueran precisas para quienes habían intervenido en ellas».

A juicio del PP vasco, los hechos denunciados en Bernedo son «una vulneración del Código Penal», por lo que «no es necesaria ninguna otra ley para impedir que se produzcan hechos como los conocidos, ya que, obviamente, la ley nacional ya establece que no puede haber ese tipo de conductas con los niños».

Por ello, Javier De Andrés ha reprochado que «las cuatro medidas» que el Ejecutivo Vasco quiere tramitar ahora de urgencia en la ley «no aportan nada al problema», porque, según ha argumentado, «ya están contempladas» en una ley orgánica, del 4 de junio de 2021 a nivel nacional, y también a nivel autonómico en otra ley orgánica de 15 de febrero de 2024.

Según ha trasladado, dichas normativas ya establecen «el asunto central» de la nueva ley que quiere tramitar el Gobierno Vasco respecto a la necesidad de presentar un certificado negativo del requisito aceptante de delincuentes sexuales y delincuentes de seres humanos, «un requisito muy frecuente para monitores de tiempo libre, entrenadores, profesores y para cualquiera que tenga relaciones con la infancia».

El presidente del PP vasco ha reiterado que la ley ya estipula comprobar que todas las personas que desempeñen actividades que impliquen contacto habitual con menores, acrediten mediante certificación negativa de registros mentales de encuentros sexuales y de tratas de seres humanos.

«ES UNA MENTIRA»

Para De Andrés, «el Gobierno Vasco está mintiendo» dentro de una «fórmula propagandística» para aprobar urgentemente una ley que ya está en vigor, porque «lo que se ha vulnerado en Bernedo es el Código Penal» y «no la reglamentación de campamentos», ya que «las obscenidades conocidas y esas actitudes tan reprobables están tipificadas en el Código Penal».

«Esta ley tan urgente, que parece que sin estas cuatro medidas que ya estaban aprobadas no se van a poder parar los ‘udalekus’ de Bernedo, ocultan la ineficacia del Gobierno Vasco para haberlos parado en 2023 y en 2024. Pretender hacer creer que es falta de una legislación por la cual no pudieron actuar anteriormente y eso es mentira. Lo que ha habido es una enorme pasividad», ha denunciado.

El PP ha señalado que el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa «tiene una responsabilidad» por «no haber hecho nada» para parar esos campamentos. «No vale que ahora tapen su ausencia, haciendo creer que no había una ley que ya impedía ese tipo de actitudes desde 2021. Lo que ya estaba en vigor desde el año 2021, lo vuelven a refritar ahora para hacer creer que toman decisiones», ha manifestado.

Por todo ello, el presidente de los populares vascos ha achacado la falta de respuesta institucional a una «absoluta pasividad». «Lo que no han hecho no ha sido porque no hubiera un soporte legislativo, era porque han tenido una absoluta pasividad que tendrían que explicar, igual en sede judicial, porque no sé cómo es posible que hayan dejado que ocurrieran las cosas que ya todos sabemos», ha zanjado.

De Andrés acusa a PNV, EH Bildu y PSE de «connivencia» con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo

Los ‘populares’ pedirán que se cree una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Vasco

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha afirmado que «indudablemente» en el campamento de verano de Bernedo (Álava) se producían casos de «exhibicionismo y agresiones sexuales» a menores de edad, y ha acusado al PNV, EH Bildu y PSE-EE de «connivencia con lo que estaba allí ocurriendo».

De Andrés, que ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, ha anunciado que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación sobre la forma en la que se ha respondido desde las instituciones a los presuntos casos de agresiones sexuales y vulneraciones de la libertad sexual cometidos contra algunos de los menores de edad que acudían a estas colonias.

De Andrés ha denunciado que pese a que las instituciones, los tribunales de justicia y la Ertzaintza tenían constancia desde 2024 de posibles agresiones sexuales en estas colonias, las medidas que se adoptaron fueron «manifiestamente insuficientes», por lo que estas presuntas prácticas habrían podido repetirse durante este último verano.

«La actuación (institucional) en su conjunto ha sido un enorme fracaso», ha afirmado el dirigente del PP, que ha criticado la «falta de protección» padecida por los menores de edad que han acudido a estos campamentos de verano.

INDOLENCIA

De Andrés ha criticado la «indolencia» de la Diputación Foral de Gipuzkoa -que envió a un menor tutelado a estas colonias-, de la Diputación Foral de Álava, del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y de los tribunales de justicia a la hora de reaccionar ante las primeras denuncias por estos supuestos hechos.

También ha censurado que «ningún partido político», salvo el PP, haya «dicho nada sobre la gravedad de estos hechos». «Ni el Partido Nacionalista Vasco, ni a EH Bildu, ni al Partido Socialista parece que les preocupe lo más mínimo este asunto», ha añadido de Andrés.

El dirigente ha llegado a acusar a estos tres partidos de «connivencia» con las prácticas que se habrían llevado a cabo contra los menores que acudían a este campamento. «Esta indolencia del PNV, del Partido Socialista, de Bildu, nosotros la interpretamos ya, realmente, como una tolerancia y una connivencia con lo que estaba allí ocurriendo», ha dicho.

De Andrés ha señalado que «no tiene otro sentido que se haya actuado desde las administraciones públicas pasando del asunto, a pesar de las denuncias, sin cortarlo de raíz, sin exigir responsabilidades judiciales, si no había una tolerancia, una connivencia con todo lo que estaba pasando allí».

En la misma línea, ha asegurado que «en el País Vasco hay gente que respalda estas formas de actuar». «Hay un triunvirato; el del PNV, PSOE y Bildu; y si resulta que a Bildu le gustan estas cosas, el PNV y el PSOE las toleran», ha subrayado.

De Andrés ha dado por hecho que en este campamento -contra cuyos organizadores se ha registrado hasta el momento una docena de denuncias que aún están siendo investigadas- se producían «indudablemente, con los datos que ya se conocen, exhibicionismo y también agresiones sexuales».

Por todo ello, el líder del PP vasco interpelará este próximo viernes al lehendakari, Imanol Pradales, en el pleno de control del Parlamento Vasco, en torno a la gestión que se ha llevado a cabo sobre este asunto. De Andrés también ha dado a conocer que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación en torno a este tema.

PP vasco acusa al PNV de «corrupción» y dice que recabará información sobre contratos de Montai para trasladarla a la Fiscalía

SAN SEBASTIÁN 14 Mar. (EUROPA PRESS) – El PP ha acusado al PNV de «corrupción estructural» y ha anunciado que va a pedir al Gobierno Vasco todos los contratos que se hayan firmado con la empresa Montai y «con todas las que se utilizaban como tapaderas para evitar que se superaran los límites del contrato menor» para «saber cuál es el alcance que tiene». Ha añadido que, una vez que dispongan de esa información, su intención es trasladarla a la Fiscalía Anticorrupción.

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, se han referido en rueda de prensa en San Sebastián a las informaciones publicadas en eldiario.es sobre la declaración en un juicio del dueño del grupo Montai, vinculado a la formación jeltzale en Gipuzkoa, en la que habría explicado que accedió a supuestos contratos irregulares en Hondarribia cuando el municipio guipuzcoano estaba gobernado por el PNV.

Larrea ha denunciado el «sistema clientelar» y la «corrupción estructural» del PNV que «se ha instalado en todas las instituciones en las que tienen representación o gobiernan durante décadas». «Un modelo de adjudicación a dedo, de contratos fraccionados, de favoritismos y de impunidad que ha permitido que los mismos de siempre se beneficien a costa del dinero de todos los vascos», ha remarcado.

A su juicio, la confesión del empresario de Montai en sede judicial ha dejado «claro que el PNV ha usado dinero público para beneficiar a los suyos, que las instituciones gobernadas por el PNV han adjudicado contratos sin concurso público una y otra vez a las empresas de su militante, miembro de su Asamblea Nacional y excandidato». «Y cuando la ley ponía límites, simplemente han cambiado de empresa o de CIF para seguir facturando», ha añadido.

Según ha destacado, lo ocurrido en Hondarribia con el grupo Montai «no es un caso puntual, es la punta del iceberg». «No estamos hablando de un caso aislado, de una simple irregularidad de un Ayuntamiento. Estamos hablando de una trama perfectamente organizada que ha funcionado en distintas instituciones con el visto bueno y la protección del PNV», ha censurado.

Según ha manifestado, en Hondarribia, se han producido «más de una década de adjudicaciones a dedo, fraccionando contratos de manera irregular y de manera ilegal, lo que les ha llenado las arcas con dos millones y medio», ha subrayado Larrea, quien ha indicado que la Diputación Foral de Gipuzkoa habría adjudicado directamente 84 contratos a «ese entramado sin licitación por más de 370.000 euros» y en el Gobierno Vasco también habría habido «contratos en Gogora, Lehendakaritza y Juventud a estas empresas vinculadas al PNV».

Así, se ha preguntado «cuántas empresas afines al PNV se han beneficiado del sistema durante años sin que nadie les pare los pies, dónde están las explicaciones del Lehendakari y dónde están las dimisiones». «No las hay, porque nunca las hay dentro del seno del PNV porque durante años han confiado en su impunidad, en que no pasará nada a pesar de los casos de corrupción que les asedian», ha dicho.

La dirigente popular ha advertido de que su formación «no va a parar hasta que esta trama corrupta quede juzgada» y ha remarcado que no quieren que «nadie quede impune». «Vamos a llegar hasta el final, vamos a investigar, pasándole a la Fiscalía todos los datos que saquemos para que la Fiscalía Anticorrupción investigue», ha asegurado.

Larrea ha señalado que pedirán que el Gobierno Vasco haga público todos los informes de la Oficina de Control sobre «los contratos con el conglomerado de Montai» y que la Fiscalía Anticorrupción «investigue si hay delitos de prevaricación, de fraude, de contratación ilegal o de tráfico de influencias».

También ha exigido que el PNV «asuma sus responsabilidades políticas» y que la presidenta del GBB, María Eugenia Arrizabalaga, explique «cómo es posible que durante años hayan permitido que esto ocurra sin hacer absolutamente nada».

«TAPADERA»

Por su parte, Javier De Andrés ha incidido en que este caso se trata de «dos millones y medio de euros en contratos menores adjudicados a dedo con varias empresas que se usaban como tapadera y que desde luego están absolutamente implicados dentro del PNV».

Tras resaltar que en este caso hay «un evidente caso de corrupción», se ha mostrado sorprendido por que la formación jeltzale actúa como «si no fuera con ella». En ese sentido, ha criticado su «grado de descaro» porque «es un tema conocido durante muchos años».

Desde la formación popular han recordado que el «escándalo» de los contratos menores adjudicados «de forma sistemática» a empresas vinculadas al empresario de Montai comenzó a destaparse entre 2015 y 2019, cuando el concejal del PP en el Ayuntamiento de Hondarribia, José Miguel Ochoteco, denunció reiteradamente en los plenos municipales «la opacidad y las irregularidades en la adjudicación de contratos a dedo» a este Grupo.

Ochoteco se hizo eco de los informes «negativos» de la interventora municipal, que alertaban sobre la presunta «ilegalidad» de estos contratos y recomendaban no proceder al pago, dado que se estaban fraccionando servicios «para eludir los procedimientos de contratación pública». «A pesar de estas advertencias», el equipo de gobierno del PNV en Hondarribia «siguió adjudicando» a este grupo, según ha denunciado el PP.