Critica que tomara esta decisión pese al «desfavorable» informe de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) – El PP ha pedido el cese o dimisión del viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Ricardo Ituarte, por adjudicar cuando era viceconsejero de Administración y Servicios el contrato de adquisición de 300 vehículos BMW X1 para la Ertzaintza, pese al informe «demoledor» de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco, que fue «desfavorable pero no suspensivo».

En una rueda de prensa en Vitoria, la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha aludido a ese contrato de vehículos destinados a labores de protección ciudadana y Brigada Móvil para la Ertzaintza, que se adjudicó por un importante de 21 millones con financiación de los fondos Next Generation.

Tras subrayar que es un contrato en el que ha habido «importantes retrasos» en su entrega «incumpliendo» el plazo del contrato, ha recordado que este contrato inició su andadura en la anterior legislatura, el 3 de noviembre de 2023 y ha finalizado el pasado 24 de mayo de 2024.

Según ha precisado, el 30 de abril tuvieron conocimiento de la revocación del jefe de división del parque móvil de la Ertzaintza «aparentemente por la gestión de este contrato, por los retrasos y las incidencias del mismo», lo que le llevo a su grupo a adoptar una «posición beligerante».

Ainhoa Domaica ha indicado que pidieron una comparecencia del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que tuvo lugar el pasado 18 de junio en el Parlamento vasco, para que «diera información precisa» sobre este contrato «para despejar las sospechas que se estaban generando en torno a esta contratación y también para explicar los motivos de ese cese imprevisto de una persona que llevaba trabajando 38 años en el Departamento».

A su juicio, en esa comparecencia quedó «clara» cuál era la posición de la Oficina de Control Económico en la tramitación de este contrato y ha destacado que, en respuesta a sus preguntas, se desveló que el informe económico-fiscal de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco fue desfavorable, aunque «no tenía carácter suspensivo».

Según ha explicado, el 20 de marzo de 2024 se produjo una mesa de contratación donde el representante de la Oficina de intervención expresó «su voto particular a cómo se estaba gestionando este contrato». Ha añadido, que, por tanto, en esa mesa se decidió suspender la elevación de la propuesta de adjudicación.

Posteriormente el 8 de abril en la mesa de contratación se da cuenta de un informe del Departamento de Seguridad «muy somero» en el que se da respuesta a los planteamientos de la Intervención, si bien el interventor siga manteniendo su voto particular sin perjuicio de emitir posteriormente un informe de fiscalización».

Domaica ha indicado que ese mismo día y, con ese informe «minúsculo» del Departamento de Seguridad, se eleva la propuesta de adjudicación y el 24 de mayo el viceconsejero de Administración y Servicios, Ricardo Ituarte, actualmente el viceconsejero de Seguridad resuelve este contrato y se adjudica a una empresa de Asturias, Automóviles Oviedo, que fue el único licitador.

ADJUDICACIÓN

Según ha denunciado, en esa resolución de adjudicación se hace referencia a que se emite el informe preceptivo de la Oficina de Control Económico, pero «no se informa del sentido del informe de la Oficina de Intervención», que era desfavorable con efecto no suspensivo.

En este sentido, Ainhoa Domaica ha hecho público el contenido de ese informe de la Oficina de Control Económico, al que tuvieron acceso este martes, en el que se hacen «afirmaciones importantes» que, son «graves» y cree que es «demoledor» porque «cuestiona el precio, la concurrencia y los requisitos exigidos para realizar esta contratación para la adquisición de 300 coches para la Ertzaintza».

En concreto, ha indicado que, en ese informe, se alude a que «la concurrencia de pequeñas y medianas empresas queda en cuestión cuando el objeto de un contrato es tan grande como el actual».

«Se han dado circunstancias que dificultaban o al menos no facilitaban la presentación de otros licitadores», ha indicado Domaica que recoge el expediente.

Además, ha señalado que, en otro punto del informe, se cuestiona la valoración económica, las características técnicas y, en especial, la motorización de los vehículos por los que apuesta el Departamento. También ha añadido que se afirma «rotundamente que el Departamento de Seguridad no expone cuáles son las ventajas que aportan los criterios de adjudicación elegidos, que no se motivan y justifican».

Respecto a si los pliegos son «demasiado exigentes y limitadores» para que puedan presentarse otras licitadoras, la Oficina de Control Económica señala que les «parecen excesivamente detalladas las exigencias de la base técnica que pueden estar, o al menos parecer, dirigidas a un modelo concreto de vehículo».

Por lo tanto, Domaica ha destacado que se van haciendo consideraciones por parte de la Oficina de Control Económico en relación con unas bases dirigidas «a un determinado modelo y a la dificultad para garantizar la concurrencia de otros licitadores».

Por otro lado, ha señalado, sobre precios, que la Oficina de Control Económico, que «se ha ido a valores de mercado de un rango excesivamente alto». «El importe máximo establecido por vehículos supera con mucho los importes que otras policías han establecido como máximo en sus contrataciones», señala el texto.

Por ello, ha exigido «responsabilidades políticas» porque «el tiempo de las explicaciones políticas y técnicas se debía haber producido el pasado 18 de junio» cuando compareció Bingen Zupiria en el Parlamento.

En este sentido, ha solicitado, con carácter inmediato, el cese o dimisión viceconsejero de Seguridad o su dimisión «por haber tomado la decisión de adjudicar un contrato de 21 millones con un informe demoledor de la Oficina de Control Económico».

A su juicio, ha hecho «oídos sordos» de ese informe que pone «blanco sobre negro estas sospechas que se estaban teniendo sobre cómo se había tramitado este contrato».