PP vasco presentará una Proposición No de Ley para analizar la viabilidad del soterramiento del metro en Leioa y Getxo

El PP vasco presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco para instar al Gobierno autonómico, Euskal Trenbide Sareak y al Departamento de Movilidad Sostenible a que elaboren un estudio de viabilidad técnica y económica del soterramiento del metro a su paso por Leioa y Getxo, algo que consideran «vital para la regeneración urbana de ambos municipios».

Así lo han indicado en una comparecencia ante los medios este lunes en Bilbao el concejal del PP de Leioa Jon Albisu; el apoderado del PP en Juntas Generales de Bizkaia Pablo Gómez-Guadalupe y el parlamentario vasco Santiago López.

La propuesta tiene como objetivo que se elabore «un primer estudio de viabilidad técnica y económica» porque, según ha subrayado el parlamentario Santiago López, desde el PP tienen la sensación de que «le han cerrado la puerta a un proyecto antes ni siquiera de analizarlo». De esta forma, ha añadido, en el «caso de que no lo quieran aprobar, como mínimo requiere una explicación».

En este sentido, bajo su opinión, es al Gobierno Vasco al que le corresponde explicar a los vecinos de Leioa y Getxo «por qué no se va a hacer, por qué para esto no hay dinero, por qué tampoco hay proyecto, no hay nada, no hay estudios».

«No hay estudios, no hay proyecto, no hay intención y no hay presupuesto. O sea, no hay nada. Vuelve a haber humo», ha censurado, para recordar que es el humo que han vendido constantemente con el soterramiento de la línea del metro» a su paso por los municipios vizcaínos de Leioa y Getxo.

En la misma línea, el juntero popular Pablo Gómez-Guadalupe ha detallado que «es el momento de llevar una batería de iniciativas a todas las instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Leioa, pero también ante la Diputación Foral de Bizkaia y, posteriormente, ante el Gobierno Vasco» con el objetivo de que el proyecto «tan estratégico e importante no caiga en saco roto».

«UN PASO REAL»

Bajo esa idea, el PP vasco considera que las instituciones vascas «deben dar un paso real» y han mostrado su preocupación por la respuesta que obtuvieron en el Pleno de Control de las JJGG cuando preguntaron por esta materia a la Diputación y respondió el Diputado de Infraestructuras. «El diputado que respondió a este grupo anunció que existía o que se estaba poniendo en marcha un estudio de viabilidad, únicamente ese primer paso», ha manifestado. Sin embargo «hemos conocido que el compromiso del Gobierno Vasco con este proyecto es cero», ha denunciado.

«Somos conscientes que es necesario un anteproyecto, que es necesario un proyecto constructivo, que es necesaria una declaración de impacto ambiental, que son necesarias varias licitaciones y que pueden ocurrir retrasos al respecto, pero por ello lo que queremos evitar es que transcurran 30 o 35 años hasta que se empiecen a dar los primeros pasos en materia de ejecución de este proyecto», ha destacado.

Por su parte, el concejal de Leioa Jon Albisu ha anunciado que desde su grupo municipal presentarán, «si se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento», una moción para instar «al Gobierno Vasco y a la Diputación a que se impliquen de una forma más coordinada con el Ayuntamiento de Leioa para lograr el soterramiento». Así, ha subrayado así que este proyecto es «vital para la regeneración urbana de ambos municipios».

El PP vasco propone “llegar a la excelencia partiendo de la eficiencia” de la Justicia en Euskadi

La iniciativa se debatirá en el próximo Pleno del Parlamento Vasco

· Presenta una propuesta “para instar al Gobierno Vasco a presentar al Parlamento un plan para la implantación de los Tribunales de Instancia, especificada por fases”.
 
· Pretende que el ejecutivo autónomo remita al órgano legislativo informes sobre las dotaciones de medios humanos y materiales necesarios para cada partido judicial.
 
· Santiago López: “La gestión que hace el Gobierno de Pradales de la Justicia en Euskadi es un absoluto desastre. Faltan planificación, recursos y, sobre todo, seriedad”.

VITORIA, 30 Abr. (REDACCIÓN) – El Partido Popular propone que el Gobierno Vasco presente al Parlamento un plan detallado y calendarizado para la implantación de los Tribunales de Instancia conforme a la Ley Orgánica 1/2025, especificando claramente las fases previstas. Así lo ha expresado hoy el parlamentario portavoz de Justicia del PP vasco, Santiago López, quien ha dado a conocer una Moción Consecuencia de Interpelación para su debate en el próximo Pleno del Parlamento Vasco, que pretende que “iniciativas como esta ayuden a tener la posibilidad de llegar a la excelencia partiendo de la eficiencia de la Justicia en Euskadi, cuya gestión ahora mismo por parte del Gobierno de Pradales es un absoluto desastre”.
 
En su iniciativa, el PP vasco hace referencia a la publicación en el BOE el 3 de enero de 2025 de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOSPJ), por la que, entre otras reformas organizativas y procesales, se aprueba la creación de los Tribunales de Instancia, que integrarán los actuales juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial.
 
La implementación de esta nueva regulación requiere, para Santiago López, “la actualización de los procedimientos administrativos y judiciales, la formación del personal implicado y, en muchos casos, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la gestión de los procesos”. López afirma que “esto supone un esfuerzo adicional para los profesionales de la Justicia, quienes deben adaptarse en un corto período de tiempo a cambios sustanciales con unos medios humanos y materiales que es evidente que son insuficientes a todas luces”.
 
FALTA DE PLANIFICACIÓN
 
Según datos proporcionados como respuesta a una solicitud de información presentada por el Grupo Popular Vasco, relativa a la dotación de medios humanos y materiales para la transición a los Tribunales de Instancia, la previsión representa para el PP vasco “desequilibrios significativos entre partidos judiciales”.
 
Además, según Santiago López, “existen diferencias notables en los tiempos de resolución”. “Son desigualdades que afectan a la eficiencia de la Justicia, y que generan un sistema con velocidades distintas según la ubicación del juzgado, comprometiendo el derecho de los ciudadanos vascos a una tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones”, asegura el parlamentario popular.
 
Ante este panorama, López alude a “una evidente falta de planificación y a una muy escasa evaluación de los recursos que se precisan”. Para el parlamentario popular, “en definitiva y sobre todo, nos encontramos ante una falta de rigor y seriedad del Gobierno del señor Pradales en la gestión de la Justicia en el País Vasco”.
 
El PP vasco también propone que el Gobierno Vasco remita al Parlamento, antes de cada fase de implantación, informes sobre las dotaciones de medios humanos y materiales necesarios para cada partido judicial, basados en criterios objetivos. Asimismo, pretende que el Gobierno de Pradales negocie con las organizaciones representativas del personal de Justicia sobre la nueva relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Basta ya a los continuos ninguneos a los profesionales de la Justicia en el País Vasco”, ha finalizado López.

PP vasco pide un pacto interinstutucional de Vivienda para «dejar de especular» con el suelo y fomentar procedimientos exprés para conceder licencias

De Andrés: «No complicar la construcción, no complicar el alquiler, no criminalizar a quien construye o al que tiene una vivienda en alquiler»

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha celebrado esta mañana en Bilbao una rueda de prensa con el problema de la Vivienda como motivo de la convocatoria a los medios de comunicación. En la comparecencia también han estado presentes los parlamentarios del PP vasco Santi López y Ana Morales, que han desgranado las propuestas que su partido plantea ante el problema de la vivienda en Euskadi. En primer lugar, López ha recordado que, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha descendido del 37% de 2015 al 31% en 2023, de forma que dos de cada tres no pueden independizarse.

Además, ha destacado que la primera razón para no hacerlo es que no disponen de ingresos suficientes. En este sentido, ha censurado que el Gobierno Vasco hace 40 años que tiene transferida la competencia de Vivienda, y aunque «intente echar balones fuera y poner excusas» en la Ley estatal, el porcentaje de emancipación solo ha hecho disminuir.

El parlamentario popular ha explicado que los jóvenes tienen que destinar hasta el 82% de sus ingresos al alquiler o al pago de la hipoteca. Por ello, ha advertido que no se puede solucionar esta situación «con parches o medidas que no van a resolver el problema».

Según ha remarcado, también hay 59.000 jóvenes con ingresos propios que podrían emanciparse «pero no pueden hacerlo porque no hay oferta». «Los jóvenes no queremos ayudas, no queremos un ‘papa Estado’ o un ‘papa Gobierno Vasco’ que nos haga depender constantemente de ellos. Lo que queremos es tener un poder adquisitivo suficiente y que haya suficiente mercado del alquiler para poder optar a una vivienda de condiciones, y poder ser nosotros los dueños de nuestro futuro», ha afirmado.

A su juicio, «la vivienda es el paraguas sobre el que se construye el futuro de un joven y la familia que quiera el día de mañana, y a día de hoy no se dan los requisitos para que esto sea así».

INCREMENTO «SIN FRENO» DEL PRECIO

Por su parte, Ana Morales ha profundizado en «la gravedad» del problema de la vivienda, para denunciar el incremento «sin freno» de su precio en venta y alquiler, más significativa desde la aprobación de la Ley estatal de Vivienda. Por su parte, ha resaltado que «el mercado de alquiler se va reduciendo».

Por ello, ha considerado que la situación es «cada vez más grave» y no afecta solo a los jóvenes y colectivos vulnerables, sino que perjudica «de lleno al conjunto de la clase media del País Vasco», lo que supone «un freno para la economía, para la natalidad y para atraer talento».

Morales ha manifestado que la demanda aumenta y ya hay 99.000 demandantes en Etxebide, mientras que la bajada de tipos «anima al mercado de las hipotecas», por lo que cree que se va a crear «la tormenta perfecta».

Ante ello, ha dicho que no ven al Gobierno del PNV y PSE-EE con capacidad de solucionar estos problemas, y ha pedido la «derogación inmediata o la modificación» de la Ley estatal de Viviendas. También ha reclamado una batería de medidas al Ejecutivo vasco en base a sus competencias que supongan «un revulsivo y un verdadero plan de choque porque no se puede seguir en la situación actual».

Entre las iniciativas de plantea, están el logro de un pacto interinstitucional por la vivienda para dejar de especular con el suelo y fomentar procedimientos exprés para la concesión de licencias, y el impulso de una fiscalidad más favorable.

También exige «imprimir un ritmo más ágil» en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) e impulsar el mercado del alquiler «dando más seguridad a los propietarios». Por ello, ha reclamado más protección ante los okupas, con un servicio de asesoría jurídica y gratuita para apoyarles, y que se pongan a su disposición ayudas económicas en caso de que sea necesario.

La parlamentaria del PP también ha solicitado que se suba el canon que paga el Gobierno vasco a los propietarios de viviendas que las ceden para alquilar por el programa Bizigune y «equipararlo lo más posible al precio del mercado».

Asimismo, ha planteado un programa y actuaciones específicas destinadas a jóvenes para la compra y el alquiler de vivienda compartidos. «Con las mismas recetas, el Gobierno del PNV y PSE-EE no va a poder resolver el grave problema de emergencia social que viven la clase media, los jóvenes vascos y los colectivos vulnerables. «Hay que ponerse ya las pilas para poner en marcha planes de choque que suponga un revulsivo y un giro de 180 grados en sus políticas», ha señalado.

Para concluir, Javier De Andrés ha indicado que, si hay 99.000 demandantes de vivienda en Etxebide y el Gobierno Vasco pretende hacer esta legislatura 7.000, «harían falta 14 legislaturas» para cubrir la demanda. «Tenemos las ciudades y los alquileres más caros de España. Es evidente que algo se ha hecho mal y que se pueden hacer mejor las cosas», ha aseverado.

De Andrés ha valorado que, durante los ocho años en los que Alfonso Alonso estuvo en la Alcaldía de Vitoria, «se construyeron 20.000 viviendas, el ratio que tiene que funcionar en el País Vasco».

Por ello, materializarán sus propuestas a través de iniciativas en el Parlamento Vasco «en sentido opuesto» a lo que hace el Ejecutivo vasco para «no complicar la construcción, no complicar el alquiler, no criminalizar a quien construye o al que tiene una vivienda en alquiler». «Porque toda la política del PNV y del PSE-EE es castigar a la clase media que tiene una vivienda en alquiler, lo que conduce a que haya menos oferta y que sea más cara la vivienda», ha censurado.

También ha emplazado a «liberar suelo para que se pueda construir». «El Gobierno Vasco y muchos ayuntamientos gobernados por el PNV o el PSE-EE tienen retenido mucho suelo que no se deciden a poner promoción para que se puedan construir vivienda», ha insistido.