Javier De Andrés apuesta por «fomentar la oferta de manera que conduzca a que haya más disponibilidad y, consecuentemente, a un mejor precio»

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – La senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha denunciado que la «conjunción entre las políticas del Gobierno de España y las que desarrolla el PNV y, por lo tanto, el Gobierno Vasco», han llevado a una ley de Vivienda «coja, que no resuelve los problemas» y es «un fracaso más que suma el Gobierno y el PNV».

En una rueda de prensa este miércoles en Bilbao, acompañada por el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, Paloma Martín ha afirmado que, para los populares, la vivienda es «una cuestión de Estado, dada la situación de emergencia en la que nos encontramos en estos momentos», y ha advertido que «en España se requiere de medidas urgentes que hay que poner ya encima de la mesa para dar la vuelta a un mercado inmobiliario que está roto» y que «se ha convertido en la primera preocupación de los españoles».

Paloma Martín, que ha atribuido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el «mérito de haber convertido la vivienda en la primera preocupación de los españoles», ha advertido de que «falta oferta de vivienda y crece la demanda», porque «se construyen 100.000 viviendas al año en España, cuando el Banco de España ha dicho que son necesarias la construcción de 600.000 viviendas» y «se ha incrementado un 37% el precio del alquiler y de compra», además de que «la ocupación alcanza cifras récord, con 80.000 viviendas ocupadas en España en estos momentos y 25.000 son inquiocupaciones».

Martín ha afirmado que el mercado de la vivienda está «roto» por «la inseguridad jurídica que ha generado el gobierno de España con sus iniciativas y con la aprobación de una Ley de Vivienda perversa, que ha provocado el hundimiento de la oferta y que se hayan disparado los precios».

La responsable popular ha criticado que «el modelo de vivienda del Gobierno de Sánchez, y también el que se sigue aquí, en el País Vasco, donde gobiernan PNV y PSE, es el de la intervención del mercado del alquiler, donde se banaliza la vulnerabilidad y donde los ocupas tienen más derechos que los propietarios».

Sin embargo, ha asegurado que en el Partido Popular están «para hacer política que sirve» y, en este sentido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, «ha presentado un plan de vivienda con el que se propone dar la vuelta a la situación de la vivienda en España en este momento, apostando por la construcción de vivienda y la rehabilitación, luchando contra la ocupación y haciendo rebajas fiscales importantes».

En el Partido Popular, ha subrayado, «defendemos la propiedad privada, no banalizamos la vulnerabilidad y apoyamos a las familias que son vulnerables pero no a los que usando la justificación de la vulnerabilidad prolongan ‘sine die’ la posesión de una vivienda».

Asimismo, ha apostado por la colaboración público-privada y, en esa línea, ha dicho que la administración «tiene que hacer esfuerzos poniendo suelo en el mercado para que se pueda construir tanto vivienda libre como protegida».

Tras asegurar que el plan de vivienda de Núñez Feijóo está orientado a «atender a esta situación de excepcionalidad y de urgencia», Martín ha repasado todas las medidas recogidas en la propuesta de los populares y ha denunciado la «conjunción entre las políticas del Gobierno de España y las políticas que desarrolla el PNV y, por lo tanto, el Gobierno Vasco», que han llevado a una ley de Vivienda «coja, que no resuelve los problemas». «Es un fracaso más que suma el gobierno y el PNV en su deriva hacia una política que se ha demostrado fracasada», ha manifestado.

Según ha señalado, hay «dos modelos, el del PNV y el Gobierno de España y el PSOE, que se centra en la intervención del mercado, genera inseguridad jurídica, demoniza al propietario y da más derechos a los okupas», y el del Partido Popular que «hace política que sirve» y presenta una Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda que es «la que en estos momentos necesita España para dar la vuelta a la situación en la que nos encontramos».

DEMANDA DE 100.000 VIVIENDAS EN EUSKADI

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha advertido que la vivienda se ha convertido «en el primero de los problemas de los ciudadanos y, particularmente, de aquellos más jóvenes que se están teniendo que buscar alternativas nada fáciles para encontrar una forma de emanciparse».

En el caso de Euskadi, ha recordado que, «según el Observatorio Vasco de la Vivienda, hay una demanda de más de 100.000 vascos que necesitan un lugar en el que vivir», y, ante ello, el Gobierno Vasco «se ha comprometido a que en esta legislatura sacaría 7.000 adelante, lo que significa que harían falta 15 legislaturas para resolver el problema si lo dejamos en manos del Gobierno Vasco».

Javier De Andrés ha defendido que hay «otra alternativa», que pasa por «fomentar la oferta de manera que conduzca a que haya más disponibilidad y consecuentemente también a un mejor precio».

«Es como funciona la ley de la oferta y la demanda a la que la izquierda suele hacer muy poco caso», ha remarcado, para añadir que, «sobre todo, hace falta que haya «una oportunidad para aquellos que están deseando hacer vivienda, para que no tengan las trabas burocráticas que se encuentran en el País Vasco con la prolongación de las dificultades de los planes generales y de todas las tramitaciones administrativas».

En ese sentido, se ha referido a la Ley de Medidas para acelerar la construcción de vivienda y proteger el mercado de alquiler, anunciada este miércoles por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, para asegurar que «lo que vaya en la línea de liberalizar, de desregular y de comprimir todo lo que sea la actividad en el mundo de la vivienda es lo conveniente y necesario».

«Ahí es donde estamos nosotros, pero ahí no es donde ha estado el Partido Socialista. Lo veremos con la letra pequeña», ha añadido, en referencia a esta ley que Itxaso espera aprobar este año y que contempla medidas como la posibilidad de rebajar la exigencia de construcción de vivienda protegida al 60% o reducir los plazos administrativos de los trámites urbanísticos hasta en un 50%.

Según ha apuntado, «la realización de una vivienda nueva en Euskadi lleva entre 10 y 15 años de trámites administrativos, con lo cual podemos decir que las cosas que se están anunciando hoy en relación con modificaciones legislativas en materia de vivienda es posible que podamos ver que eso se plasma dentro de 10 años».