VITORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) – La parlamentaria del PP vasco Muriel Larrea ha pedido explicaciones a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, por las respuestas «genéricas, despersonalizadas e insuficientes» otorgadas por la Administración ante casos «severos» de violencia o acoso escolar.
Larrea ha registrado una pregunta parlamentaria en cuya justificación destaca que «la lucha contra el acoso escolar exige un seguimiento riguroso, continuo e individualizado de cada expediente abierto por los centros educativos».
La representante del PP añade que tiene constancia de «denuncias de familias que refieren respuestas administrativas genéricas, despersonalizadas e insuficientes ante situaciones severas de violencia o acoso escolar, incluso en casos con atención médica o psiquiátrica acreditada».
Ante esta situación, considera «imprescindible» conocer «los mecanismos reales de supervisión con los que cuenta el Departamento de Educación».
Por ese motivo, pide a Pedrosa que explique si su departamento dispone de «un registro individualizado y centralizado que permita monitorizar de forma exhaustiva la evolución técnica, psicológica y legal de cada expediente de acoso escolar abierto en la Comunidad Autónoma del País Vasco».
EFICACIA
A su vez, solicita que aclare qué protocolo o criterio técnico específico aplica Educación «para evaluar si las medidas organizativas adoptadas por la dirección de un centro escolar han protegido eficazmente a la víctima y han frenado las agresiones».
También demanda datos sobre el número de casos de acoso escolar registrados durante el último curso académico en los que el Departamento de Educación ha actuado de oficio «para intervenir, revisar o modificar las decisiones organizativas tomadas de manera interna por los centros educativos».
Larrea, asimismo, pregunta a la consejera si considera que las resoluciones denegatorias de traslados de centro en casos graves de acoso escolar notificadas mediante canales automatizados y sin firma de autoridad responsable «cumplen con los principios de transparencia, empatía y seguridad jurídica exigibles a la Administración pública».
