Solicitará un nuevo proyecto de ley fundamentado en la libertad de las familias, la calidad educativa y el bilingüismo integrador
VITORIA, 21 Oct. (REDACCIÓN) – El Grupo Popular Vasco reclama al Gobierno Vasco la derogación de la Ley de Educación de 2023 y la presentación, en un plazo máximo de seis meses, de un nuevo proyecto de ley que garantice la libertad de elección de las familias y centre la política educativa en la mejora del aprendizaje. Así lo recoge la proposición no de ley suscrita por Muriel Larrea para su debate mañana en el pleno del Parlamento Vasco.
El actual marco educativo ha antepuesto los objetivos identitarios a la formación del alumnado. La iniciativa exige un cambio de rumbo que proteja el derecho de las familias a elegir la lengua y el centro escolar de sus hijos, refuerce los conocimientos fundamentales y permita detectar y corregir las dificultades de aprendizaje.
La portavoz popular de Educación, Muriel Larrea, ya advirtió, durante la comparecencia del pasado 10 de septiembre, de que el deterioro de los resultados educativos era “la constatación de un declive que lleva años produciéndose”. Larrea ya cuestionó las explicaciones del Departamento de Educación y alertó de las consecuencias de las dificultades de comprensión lectora para el futuro del alumnado.
La PNL propone:
- Reconocer el castellano y el euskera como lenguas vehiculares y vertebradoras en igualdad, garantizando la elección de las familias y reforzando el aprendizaje de una lengua extranjera.
- Garantizar expresamente los modelos lingüísticos diferenciados frente a cualquier esquema de inmersión única obligatoria.
- Implantar la gratuidad universal del ciclo completo de Educación Infantil, de 0 a 3 años.
- Suprimir los Consejos Educativos Municipales y el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas para canalizar estas funciones a través de la inspección educativa, las direcciones de los centros y los consejos escolares.
En materia de calidad, la PNL exige evaluaciones periódicas y objetivas, detección temprana de las dificultades de aprendizaje y medidas eficaces para corregir las deficiencias. Para ello, reclama plena independencia orgánica y funcional del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, de modo que la medición de los resultados responda a criterios técnicos.
“Pido una financiación suficiente y estable para la enseñanza concertada que proteja su coexistencia con la red pública y haga efectivo el derecho de los padres a escoger centro”, declara Muriel Larrea.
El Grupo Popular Vasco pide que el nuevo texto garantice los derechos de las familias y de la comunidad educativa en la propia ley, sin dejar aspectos esenciales a decisiones posteriores del Ejecutivo.
