La crisis en la Educación concertada ya dibuja un nuevo escenario de huelga que amenaza con hacer perder 21 días lectivos a más de 120.000 estudiantes. 147 horas menos de clase. 9.000 docentes afectados. Los números ponen de relieve la preocupante situación, pero no inciden en la responsabilidad de quien por omisión de su responsabilidad ha contribuido a que la situación requiera que sindicatos y patronal haya acabado designando a un mediador que trate de abrir una cerradura cuya llave guarda en un cajón del Departamento vasco de Educación el Gobierno de PNV y PSE. Sí, el Ejecutivo autonómico, que lleva años colocándose de perfil en un conflicto que debe solucionar el problema con recursos públicos.
Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y Steilas han convocado una huelga de un mes que, si nada lo remedia, arrancará el próximo 7 de noviembre y concluirá el 5 de diciembre. Y advierten: continuarán con los paros “si las demandas de los trabajadores [de la Educación Concertada] siguen sin respuesta”. Las AMPAS de la red, por su parte, hicieron púbico recientemente un comunicado en el que expresaron su “malestar” por una nueva huelga que supondrá “una nueva pérdida de horas lectivas” para decenas de miles de niños y jóvenes vascos.
Toca hacer memoria para entender cómo hemos llegado a un nuevo anuncio de huelga después de años de problemas irresueltos en la Educación concertada vasca. La Educación concertada en Euskadi representa al 50% de los alumnos, un porcentaje que en Bizkaia es incluso mayor. Pese a ello, recibe 614 millones de euros menos al año que la red pública; es decir, se queda con un 34% de la financiación global. En este punto es importante destacar algunos matices. El primero de ellos, que la Educación pública no sería viable económicamentesin la red concertada. El segunda, que el coste por alumno es casi el doble en la pública que en la concertada. El tercero, que los datos evidencian que los profesores de la red concertada cobran menos sus compañeros de la red pública pese a trabajar más horas para garantizar el servicio.
En este contexto se ha gestado una nueva huelga en la que patronal y sindicatos ha sacado a relucir argumentos conocidos por todos y que en buena medida evidencian las cargas de razón de cada parte. Los sindicatos reclaman mejoras en las condiciones laborales con la legítima pretensión de reducir la brecha que les separa de sus compañeros de la enseñanza pública. La patronal, por su parte, alega que tiene voluntad de acuerdo pero que no puede cumplir con las expectativas de los sindicatos por falta de financiación, financiación que depende directamente del Gobierno vasco de PNV y PSE, que se mantiene al margen de un problema que no tendría que afectar a nuestros hijos pero que les afecta porque el nacionalismo vasco ha decidido lavarse las manos.
No es el momento de censurar el nulo interés del Gobierno vasco en solucionar los problemas de la Educación concertada, algo evidente teniendo en cuenta que las únicas mejoras de la financiación de la red han llegado a través de enmiendas del PP vasco a los Presupuestos autonómicos que año a año el Ejecutivo autonómico elimina. Es momento de criticar el más que insuficiente compromiso del Gobierno de PNV y PSE con la libertad de elección de miles de familias vascas.
Esa libertad de elección es la que permite a los padres y a las madres matricular a su hijo o a su hija en un centro en virtud del modo en que quiere educarles, ya sea por cercanía geográfica o por que el proyecto educativo del centro se ajusta a lo que consideran bueno. Sin embargo, el Gobierno nacionalista de PNV y PSE justifica el fomento de la desigualdad a través de criterios alejados de lo pedagógico y demasiado próximos a lo ideológico. A pesar de que el propio sistema da cuenta de la importancia de la red concertada para el sostenimiento de la red pública. A pesar de que la mitad de los alumnos eligen concertada.
Independientemente de que los vascos elijamos un colegio u otro, en Euskadi la libertad de elección de los padres y de las madres no está garantizada. Y seguirá estándolo mientras no exijamos al Gobierno vasco, que tiene la llave de la financiación, una implicación que ni está asumiendo ni tienen intención de asumir. A día de hoy sigo preguntándome cómo es posible que la consejera de Educación, Cristina Uriarte, pueda seguir en su cargo tras cursos y cursos escolares con jornadas de huelga; tras una cascada de resultados negativos que muestra que la Educación vasca registra hoy los peores resultados de su historia.
Amaya Fernández
Secretaria general del PP vasco
