BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno español a reformular los requisitos técnicos y plazos de entrega de la licitación pública para adquirir 30 trenes de última generación para los servicios de alta velocidad de Renfe, por un importe total de 1.362 millones de euros, y favorecer la participación efectiva de fabricantes con capacidad industrial en España, Talgo, CAF, Alstom y Stadler.
Para dar cuenta de la iniciativa han comparecido en la sede del partido en Bilbao el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el portavoz popular en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, Héctor Palencia, quien ha explicado que la elección de Euskadi para dar a conocer la propuesta responde a que «el País Vasco es uno de los perjudicados en este concurso, por el peso de la industria ferroviaria en su economía».
Palencia ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de «cerrar las opciones de concurrir a todas las empresas, tanto españolas como con sede en nuestro país y de dejar en el andén a nuestra industria y a nuestros trabajadores».
Según ha criticado, el pliego de condiciones está dirigido a la contratación de una sola empresa, la japonesa Hitachi, «que no tiene su infraestructura instalada» en España pero es la única que puede cumplir con los requisitos fijados por el Ministerio en la licitación.
Para Palencia, Óscar Puente está obsesionado con correr más «cuando su problema es que los trenes no llegan a la hora, las guías no están preparadas, incumplen la ley y su capricho va a dejar en el andén a nuestras empresas», ha lamentado, para exigir «menos propaganda y más seguridad, puntualidad y más calidad».
Tal y como recoge la propuesta, el pliego de licitación eleva de 300 a 350 kilómetros por hora la velocidad comercial entre Madrid y Barcelona, y ese objetivo se trasladó a la licitación, con unos plazos especialmente exigentes.
Para el PP, «la combinación de velocidad, requisitos técnicos, homologación y plazos ha tenido una consecuencia significativa» y es que las vascas Talgo y CAF, «los dos grandes fabricantes españoles, no participan efectivamente en la fase final, y tampoco Alstom, pese a su capacidad industrial en España».
Desde su perspectiva, la contradicción es especialmente evidente en el caso de Talgo cuando el Estado entró en su capital después de que la SEPI la calificara como estratégica y destacara que sus capacidades industriales son claves para España.
«Resulta difícil explicar que el Gobierno emplee recursos públicos para preservarlas y, meses después, impulse una contratación de más de 4.000 millones en la que esa misma empresa participada por el Estado no puede competir», detallan desde el PP.
MÁS DE 13.000 EMPLEOS
Tras recordar que entre CAF, Talgo y Alstom «sostienen conjuntamente más de 13.000 empleos directos en España, además de miles de puestos indirectos», el partido subraya que «no se trata de reservar contratos por nacionalidad, sino de garantizar la máxima concurrencia y que la industria implantada en España pueda competir por inversiones capaces de generar empleo y capacidad tecnológica».
Héctor Palencia ha lamentado que, precisamente en su primera compra de trenes, se ha comprobado «qué modelo entiende el ministro Puente sobre las empresas y el sector ferroviario en España», y ha acusado al responsable de Transportes de «pretender tapar el mal estado de la infraestructura entre Madrid y Barcelona tras el colapso del sistema ferroviario y el accidente de Adamuz, donde apareció la situación real de todo el sistema ferroviario en España».
Tras afirmar que antes de abordar la compra de unos trenes a 350 kilómetros por hora, lo lógico es que se aborde que los trenes lleguen a la hora, pero se ha optado por esta obsesión cuando se es incapaz de asegurar que circulen a 300 por hora.
Para Palencia, con esta decisión, el Gobierno «está poniendo en riesgo la industria y desde el PP instan a que el concurso se abra a todas las empresas».
DEFECTOS Y CONSECUENCIAS
Por su parte, Javier de Andrés ha lamentado que este concurso a licitación, que se encuentra en fase de estudio de ofertas «tiene una serie de defectos y desde luego de consecuencias que podrían ser muy negativas para la industria vasca y tampoco serían positivas realmente ni para la red ferroviaria vasca ni para el conjunto del sistema ferroviario español».
Tras precisar que el PP presenta esta proposición con el ánimo de que se reconduzca la situación y se hagan bien las cosas, «y no lo que tenemos encima de la mesa, que es una iniciativa del ministerio de Puente verdaderamente deplorable».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta una Proposición no de Ley para que «el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a, en primer lugar, reformular los requisitos técnicos, de homologación y plazos de entrega para favorecer la participación efectiva de fabricantes con capacidad industrial en España, dentro del marco del Derecho nacional y europeo».
En segundo lugar, a «justificar la exigencia de trenes a 350 km/h, concretando cuándo estará preparada la infraestructura, en qué corredores podrá explotarse esa velocidad y cuántos de los trenes adquiridos prestarán efectivamente servicio en ellos», y, por último, así como a «revisar la continuidad del procedimiento y, si concurren las causas legalmente previstas, dejarlo sin efecto y convocar una nueva licitación que garantice una mayor concurrencia».
