Laura Garrido Knörr: “El Gobierno Vasco se podemiza al acordar con E-Podemos la Ley de la RGI y desincentiva el trabajo”

Considera que, con la rebaja de la edad a los 18 años, se da a los jóvenes un mensaje “contrario” respecto al acceso al mercado de trabajo

VITORIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Secretaria General del PP vasco, Laura Garrido Knörr, ha denunciado que con el acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU para apoyar la reforma de la Ley de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) “el Gobierno Vasco se ‘podemiza’, girando a las posiciones de Podemos” y ha denunciado que al bajar la edad de 23 a 18 años para acceder a la prestación, se introduce “un cambio sustancial del sistema de protección”, que va a ser “claramente desincentivador para el acceso al mercado de trabajo”.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Garrido ha criticado el acuerdo alcanzado entre Elkarrekin Podemos-IU y el Gobierno Vasco para apoyar la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión.

Para Garrido, “con este acuerdo, nuevamente el PNV, el PSE y Podemos se mimetizan tanto en Madrid como en Vitoria; en el Gobierno de España, como en el Gobierno vasco”.

La también portavoz en la Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco ha insistido en que “el mismo tripartito que está decidiendo las políticas en Madrid, las está decidiendo en Vitoria al acordar una ley fundamental, una ley que es clave, una ley que es de las más importantes que se van a aprobar en este Parlamento en esta legislatura”.

Tras señalar que este proyecto de ley “tenía que haberse aprobado hace ya algunas legislaturas”, ha acusado al Gobierno de Urkullu de “incumplir reiteradamente el compromiso de modificar el sistema de protección de Euskadi”.

La Secretaria General de los populares vascos ha añadido que “Este proyecto de ley llega tarde y, además, este acuerdo va en la dirección contraria a lo que nosotros entendemos que tiene que ser configurar un sistema de protección social justo, sostenible y dirigido a la empleabilidad y a dar oportunidades a las personas que están percibiendo una renta de garantía de ingresos”.

Laura Garrido también ha criticado que este acuerdo muestra “la opción del lehendakari cuando habla de ensanchar acuerdos fundamentales de país”. “Los mismos que están decidiendo las políticas en Madrid las están decidiendo en Vitoria y el Gobierno de Urkullu elige claramente a Podemos”, ha insistido.

En este sentido, ha denunciado que “el Gobierno Vasco se ‘podemiza’, girando a las posiciones de Podemos, que van en dirección absolutamente contraria a las políticas que el PP ha defendido en esta materia”. “Creemos en un sistema de protección en el que estén las personas que realmente lo necesitan y dirigido a que esas personas que están en el sistema puedan encontrar lo más pronto posible una oportunidad de futuro y un trabajo”, ha explicado.

Para Garrido, la rebaja de la edad de perceptores de 23 a 18 años es una medida que va “en dirección claramente contraria a la esencialidad del sistema de protección en Euskadi” y cree que estas políticas “no son beneficiosas para los ciudadanos vascos”.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MEDIDA

Asimismo, la Secretaria General del PP vasco ha criticado que “no se conoce el impacto económico de esta medida” y ha insistido en que se trata de “un cambio sustancial del sistema de protección”, que va a ser “claramente desincentivador para el acceso al mercado de trabajo”.

“A los jóvenes hay que darles un mensaje muy claro. Hay que decirles desde las administraciones públicas que tienen que formarse, que las administraciones van a implementar todos los medios y todas las medidas que sean necesarias para ello. Con la rebaja de la edad a los 18 años, se está dando claramente un mensaje en sentido contrario”, ha asegurado.

Por ello, ha anunciado que las enmiendas del PP estarán dirigidas a configurar “un sistema justo, para que estén en el mismo las personas que realmente tienen que estar, las personas que realmente necesitan una ayuda social”; que sea sostenible en el tiempo; y efectivo en la configuración del doble derecho: a la prestación “pero también el derecho a que las personas que reciben una ayuda económica se puedan incorporar a la mayor brevedad posible al mercado de trabajo”.

“Con este acuerdo se está dando el mensaje contrario y se está configurando un sistema que precisamente lo que hace es desnaturalizar ese doble derecho: el derecho a recibir una prestación, pero también el derecho a buscar y encontrar un trabajo”, ha concluido.

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