Considera «inaceptable» que un joven deba esperar «una media de 80 días» para saber si recibirá la ayuda al alquiler
VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) – El PP ha denunciado la «evidente falta de agilidad y la deficiente gestión» del Gobierno Vasco en la tramitación de las ayudas al alquiler para jóvenes del programa ‘Gaztelagun’, ya que acumula a casi 1.600 jóvenes «atrapados en el embudo burocrático» para recibir estas subvenciones.
En un comunicado, su parlamentaria Ana Morales ha lamentado que la burocracia institucional se haya convertido en «el principal obstáculo para la emancipación de la juventud en el País Vasco».
Según ha revelado, el tiempo medio para resolver y notificar la concesión de una ayuda se eleva hasta los 79,73 días. «Es inadmisible que, en plena crisis de acceso a la vivienda, cuando los jóvenes necesitan respuestas urgentes para poder firmar un contrato o pagar sus mensualidades, el Gobierno Vasco tarde casi tres meses en dar luz verde a sus solicitudes», ha afeado. Al respecto, Morales ha ironizado que el Ejecutivo «sea notablemente más rápido para denegar la ayuda (69,88 días) que para concederla».
La parlamentaria ha señalado que un total de 1.588 expedientes permanecen retenidos en las oficinas de la administración pública, ya sea en fase de estudio o a la espera de que los solicitantes subsanen errores.
El PP ha considerado «una excusa de mal gestor que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, catalogue este atasco como algo normal, bajo el argumento de que el grueso de las peticiones se concentró en los meses de junio y julio».
«El incremento de solicitudes al finalizar el curso académico o al arrancar la temporada de verano es una variable absolutamente predecible año tras año. Lo que demuestran estos datos no es un exceso de trabajo coyuntural, sino una absoluta falta de planificación de personal y de refuerzo en los servicios de atención», ha criticado Morales.
«PARÁLISIS»
La popular ha puesto el foco sobre las «trabas del sistema», al explicar que actualmente hay 468 solicitudes paralizadas exclusivamente por «subsanación de errores», lo que, a su juicio, demuestra que los formularios y los canales de información «no son lo suficientemente claros para los usuarios».
Asimismo, ha criticado que el 11,2% de los retrasos estructurales se justifiquen por la presentación de recursos o por utilizar la vía no electrónica. «La Administración no puede penalizar ni condenar a la lentitud a aquellos ciudadanos que optan por la tramitación presencial tradicional», ha recriminado.
Según los datos aportados por Morales y por territorios históricos, Bizkaia lidera, «de forma alarmante», el colapso administrativo con 789 expedientes parados (el 50% del total de la comunidad); seguida por Gipuzkoa, con 487 solicitudes en «el limbo»; y Álava, con 312.
Ante esta situación, el PP ha anunciado que registrará una batería de iniciativas parlamentarias, para exigir al Gobierno Vasco la puesta en marcha de «un plan de choque inmediato que automatice procesos, simplifique la documentación requerida y reduzca el plazo máximo de resolución a menos de 30 días».
