BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) – El PP vasco cree que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, «están dando los beneficios penitenciarios como una amnistía encubierta» a los presos de ETA.
Los populares se han referido, de esta forma, al rechazo de la Fiscalía a la concesión del régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y al hecho de que apunte a la «conversión encubierta» de su actual situación penitenciaria a un tercer grado a través de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
A través de las redes sociales, el PP de Euskadi ha dicho que era «lógico» que el Ministerio público recurriera la autorización a Iparragirre por parte del Ejecutivo vasco para salir de prisión de lunes a viernes en aplicación del artículo 100.2, que permite la flexibilización de la situación penitenciaria de los reclusos.
PNV y PSOE están dando los beneficios penitenciarios como una amnistía encubierta a ETA», ha asegurado, a lo que la parlamentaria de los populares Laura Garrido Knörr ha añadido que «se está cumpliendo escrupulosamente el acuerdo que anunció» el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, con el PSOE de «presos por presupuestos».
El también representante del PP en la Cámara autonómica Santiago López ha señalado que «el Gobierno Vasco está aplicando de manera torticera el artículo 100.2 para otorgar terceros grados encubiertos», como «pone de manifiesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional». «A ver ahora cómo lo explican el PNV y el PSE-EE», ha retado.
Fiscalía rechaza la semilibertad de la exdirigente de ETA ‘Anboto‘
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un informe al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que manifiesta su oposición a la concesión del régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, y ha apuntado a la «conversión encubierta» de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.
El fiscal de Vigilancia Penitenciaria de la AN, Carlos García-Berro, apunta a un «uso indebido» del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que establece los parámetros de la flexibilización del cumplimiento de las condenas de cárcel, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.
El representante del Ministerio público argumenta que el mencionado artículo «no puede funcionar» para otorgar un «tercer grado anticipado por vía reglamentaria» y recuerda que tampoco puede habilitar «actividades ordinarias de reinserción social externas», sino que debe funcionar como «mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas e incompatibles» con el régimen penitenciario ordinario.
