El Gobierno de España acaba de presentar los Presupuestos Generales del Estado en un ejercicio de responsabilidad y compromiso con los todos los españoles, que merecen beneficiarse de la herramienta política más importante en términos de estabilidad e impulso económico. Lo ha hecho pese a no contar con los apoyos necesarios, pero siendo consciente de que el interés general debe prevalecer por encima de coyunturas partidistas. Faltan cinco votos, los mismos que el PNV prestó en 2017 para sacar adelante las cuentas generales y que han permitido importantes acuerdos e inversiones para el País Vasco.
El PNV sabe de la importancia de contar con presupuestos. El Lehendakari Iñigo Urkullu tuvo que prorrogarlos el primer año de la pasada legislatura, lo que obligó a los nacionalistas a corregir su actitud con los grupos de la oposición y buscar su colaboración necesaria en años posteriores. Ha sido, precisamente, el partido que presido –dentro de un escenario global de diálogo y concertación con el Gobierno de España y el Partido Popular- el encargado de facilitar los presupuestos vascos exigiendo, como contrapartida, políticas centradas en la estabilidad, la moderación, la creación de empleo… En definitiva, en la necesidad de abordar las reformas necesarias que nos permitan afrontar los retos que tiene Euskadi.
Los nacionalistas se han descolgado ahora del apoyo que prestaron a los PGE el pasado ejercicio. Sus cinco votos se han convertido en rehenes del proceso soberanista catalán. El argumento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, al que el Gobierno de España se vio obligado a recurrir ante el desafío de ruptura unilateral más grave de nuestra democracia, es ya un mantra que el PNV repite sin cesar, olvidando que tan solo depende de los partidos independistas catalanes la formación de gobierno y, por tanto, la suspensión del citado artículo. Pero ahí está el PNV, enredado en los lazos soberanistas de Cataluña, dejando que sea Puigdemont quien fije su posición política, y abandonando los intereses de los vascos al albur de la misma cerrazón que llevan meses padeciendo los catalanes.
El PNV debe decidir qué quiere ser, un partido referente de estabilidad o un partido que se aprovecha de la radicalidad para buscar la debilidad de España. Nunca hemos ganado los vascos en ese juego de confrontación, de desafío de nuestros marcos de convivencia; si bien el PNV prefiere mantener su oportunista pulso con el Estado en esa partida por conquistar al electorado más soberanista.
Hace unas semanas, el PNV presentó en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco una propuesta basada en el derecho de autodeterminación que desborda la Constitución y el Estatuto de Gernika, plantea un nuevo sujeto jurídico-político que adjudican al “pueblo vasco” y quiebra el principio de soberanía nacional. Toda una declaración de intenciones que reabre un discurso peligroso para Euskadi, edulcorado en el lenguaje, pero que nos introduce en un camino ya recorrido aquí con el Plan Ibarretxe con nefastas consecuencias. Inestabilidad política, enfrentamiento social y empobrecimiento económico. Las mismas secuelas que vemos ahora en Cataluña a raiz de un proceso soberanista que ha dinamitado la convivencia, ha provocado la mayor crisis política de nuestra democracia y una ruina económica sin precedentes, con la fuga de miles de empresas. Me pregunto qué sentido tiene, entonces, amagar con un planteamiento que puede poner en jaque la estabilidad de la que goza el País Vasco. Porque ni Euskadi es Cataluña, ni quiere seguir sus pasos en ese viaje a ninguna parte.
Precisamente, son la Constitución y el Estatuto de Gernika los marcos jurídicos que nos han permitido desarrollar uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa, así como importantes cotas de progreso y bienestar. Los sucesivos gobiernos nacionalistas han vinculado sin embargo esas herramientas a la construcción de un proyecto nacionalista que nos ha empobrecido en materia económica, ha coartado nuestra iniciativa, ha mermado nuestras oportunidades por la pérdida de calidad de la educación y nos ha lastrado en términos demográficos hasta convertirnos en una de las sociedades europeas más envejecidas por la ausencia de una verdadera política de familia.
Desde el PP vasco hemos ofrecido estabilidad a cambio de reformas, pero planteamos también una alternativa política y social al proyecto nacionalista en Euskadi. Y lo estamos haciendo para darle la vuelta a un sistema educativo que hace aguas, como demuestra el último informe PISA, en el que Euskadi suspende de manera estrepitosa con los peores indicadores de su historia, proponiendo una política que incentive la natalidad y la conciliación familiar, revisando nuestro modelo de protección social con el objetivo de integrar a los perceptores en el mercado laboral y atajar las situaciones irregulares o de fraude o planteando una política más abierta, que fomente la iniciativa y el protagonismo de las personas. Y lo que es más importante, defendiendo un proyecto de moderación y estabilidad que garantiza que Euskadi no se va a dejar llevar por los cantos de sirena catalanes.
Urge reclamar al PNV que se aleje de un “procés” unilateral que no solo contraviene la legalidad y el sentido común, sino que elevado a la categoría de veto ante posibles pactos con el Gobierno de España limita las oportunidades de una Euskadi en crecimiento. Es momento de priorizar el acuerdo sobre el enfrentamiento, de romper ataduras partidistas y de colocar a los vascos en el centro de la acción política.
Alfonso Alonso Aranegui, presidente del PP vasco
