El informe “sobre las torturas y los malos tratos” encargado por el Gobierno Vasco a un grupo académico de casa se ha convertido en una curiosa manera institucional de elaborar una sentencia extrajudicial con elementos de referencia ejecutivos –el Gobierno Vasco lo encarga, paga y hace suyo- y legislativos –se adjunta a los trabajos de la Ponencia de Memoria y Convivencia para mayor gloria de la teoría del conflicto. Una sentencia extrajudicial proyectada sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza en términos generales, pero con un claro efecto práctico. Se desacredita al Estado de Derecho con una mínima existencia de sentencias judiciales efectivas sobre torturas. ¿Debía de haber habido más? Probablemente, seguramente, pero lo que no puede suplantar a las sentencias e investigaciones judiciales son encargos de la Secretaria General del Gobierno Vasco.
Ocho son las claves en las que se puede fundamentar un rechazo a la validez institucional del documento. Y esas claves han de barajar factores de oportunidad, de equilibrio, de interés político y de proporción en la exposición de la información que desacredita a nuestra policía autónoma de una manera absolutamente injusta al venir la confección del expediente de la propia iniciativa gubernamental.
El informe, y su método de análisis, impone –primera clave- un patrón de práctica ordinaria de la tortura por parte de la Ertzaintza al fijar en 336 los casos de torturas y malos tratos de los agentes en el período de entre el año 1981 y la actualidad.
No existe ninguna sentencia judicial que condene a ertzaina alguno por malos tratos o torturas por lo que en esta segunda clave hemos de entender un carácter alternativo al jurisdiccional y condenatorio del informe al colectivo policial. Se han roto tanto los esfínteres en la crítica contra la Guardia Civil y la Policía Nacional que el recorrido hacia el descrédito institucional de la Ertzaintza a algunos no les ha costado gran esfuerzo.
La tercera clave tiene que ser necesariamente cualitativa en la consideración de que este informe es un regalo político a la izquierda abertzale y a su estrategia de fomento de la teoría del conflicto. Todos los partidos condenan la tortura, la rechazan, exigen su denuncia y el esclarecimiento de responsabilidades, pero EHBildu no ha condenado, ni rechazado, ni ha exigido denunciar ante los tribunales los crímenes de ETA, ni el régimen de tortura en el que sumió a la mayor parte de la sociedad vasca.
Se detecta un transfondo manipulador en la confección de este informe revestido de una formalidad con apariencia científica y argumental que viene a tratar de desvirtuar procesos tan transcendentales como los que conformaron la transición democrática, la Ley de Amnistía del 77 o los históricos acuerdos de coalición política entre el PNV Y PSE en que ningún planteamiento de este tipo, y menos con posibilidades de investigación y reacción, fueron puestos sobre la mesa. Una cuarta clave muy preocupante por la manía persecutoria hacia momento claves de nuestra historia democrática.
Este informe –quinta- realiza un iter incomprensible entre 1960 y 2014. Nadie sabe a qué responde esa estrategia. ¿A la existencia de ETA? ¿A querer confundir en un magma de desprecio político al franquismo con la transición y la democracia española? ¿A desvirtuar una situación política de evolución con un resultado de involución y fracaso por déficits judiciales o policiales al final de ese supuesto proceso temporal?
La sexta clave la podemos instalar en la falta de sentido que tiene demostrar con hechos inútiles que el Gobierno Vasco lo componen dos sensibilidades que incluso pueden ser contrapuestas. El lehendakari ha puesto sobre la mesa en poco más de un mes dos desencuentros con su socio gubernamental. Uno es el informe sobre las torturas el otro es su “singular y extemporánea” visión de la Europa rota.
Una pregunta se constituye en la séptima clave del referido informe: ¿Por qué se ha querido elaborar a bombo y platillo un informe alejado del marco de actividad interna que constituye Gogora? Recordemos que Gogora es el Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos, como organismo autónomo de carácter administrativo de la Administración institucional Vasca, dotado de personalidad jurídica, para la realización de la actuación administrativa correspondiente al desarrollo de la política pública consistente en la garantía, impulso y desarrollo de los derechos humanos, promoción de la memoria y en el progreso y desarrollo de la convivencia democrática. O sea Gogora se estira y se encoge en sus funciones a voluntad de Jonan Fernández.
La octava y última clave la debemos dirigir al espacio reservado en el informe para las conclusiones y recomendaciones. A la vista del informe llama la atención de que entre estas última no haya existido un hueco hacia la exigencia de responsabilidades políticas a quienes han dirigido la Ertzaintza durante estos “37 años de tortura”. Según el informe las autoridades vascas han negado “de forma sistemática” la existencia de tales prácticas. En ese caso ¿por qué no solicitan una comisión de investigación en el Parlamento Vasco sobre las responsabilidades políticas por la comisión de tan graves prácticas de consejeros como Lasa, Atutxa, Balza…? Lo cierto es que es inquietante el chorro de desconfianza que algunos son capaces de verter sobre las responsabilidades propias y pasadas que tienen la obligación de gestionar.
